Trump insinúa que EEUU comenzará pronto a realizar ataques por tierra en Venezuela

El Gobierno estadounidense aseguró que, pese al cambio de estrategia militar a operaciones terrestres en Sudamérica, la protección de civiles ajenos al narcotráfico será una prioridad y que todas las intervenciones se ajustarán a los marcos legales internacionales. Este compromiso, reportado por Europa Press, surge como respuesta a las críticas de entidades de derechos humanos tras el anuncio de la administración del presidente de Estados Unidos sobre la inminencia de nuevos operativos armados contra redes del crimen organizado asociadas al tráfico de drogas en la región. La noticia principal es la decisión del mandatario estadounidense, comunicada en días recientes, de preparar el despliegue de fuerzas militares en territorio sudamericano para combatir estructuras criminales, aunque permanece sin revelarse el alcance, los países que podrían involucrarse ni los detalles tácticos del operativo.

De acuerdo con Europa Press, el anuncio de este nuevo enfoque operativo corresponde a un contexto donde las autoridades estadounidenses han interceptado embarques de petróleo procedentes de Venezuela en aguas sudamericanas, una dinámica que refleja una intensificación en la vigilancia federal y la concreción de incautaciones durante operaciones contra embarcaciones sospechosas en el mar Caribe. Europa Press reportó que estos eventos han motivado un reajuste de estrategias y una revisión de los principios que históricamente guiaron las operaciones navales estadounidenses en el continente. Según los datos oficiales citados por el presidente de Estados Unidos y publicados por Europa Press, la actual crisis de drogas provoca hasta 300.000 muertes anuales en ese país, una cifra empleada por el mandatario para justificar la urgencia y severidad de las medidas propuestas en esta nueva “guerra” antidrogas.

El medio Europa Press detalló que, hasta el momento, la vigilancia marítima permitió que Estados Unidos interceptara el 96% de los intentos de tráfico por mar, mientras que el 4% restante logró evadir a las autoridades. Estos resultados han llevado al presidente estadounidense a considerar insuficientes los métodos anteriores, argumentando que solo una acción firme en tierra garantizaría la desestabilización efectiva de las bases logísticas de los grupos delictivos. La nueva fase contempla un enfoque militar terrestres centrado exclusivamente en personas o bandas con vínculos comprobados con el crimen organizado. Autoridades de la administración citadas por Europa Press evitaron proporcionar detalles sobre la cantidad de efectivos o el despliegue específico, indicando que las fases actuales del plan se circunscriben a la organización y definición táctica.

El medio Europa Press expuso que las acciones estadounidenses han producido inquietud significativa entre gobiernos y organismos multilaterales, quienes expresan temores por las potenciales consecuencias humanitarias y el crecimiento de la militarización en la política antidrogas. Representantes de asociaciones de derechos humanos, mencionados por Europa Press, recordaron denuncias previas de “asesinatos extrajudiciales” en el marco de operaciones navales contra narcotraficantes, instando al Ejecutivo estadounidense a garantizar el respeto a las garantías fundamentales y la transparencia.

En relación con la presión diplomática, el presidente estadounidense manifestó insatisfacción hacia la falta de avances en la reducción del tráfico de drogas provenientes de Colombia, subrayando la existencia de al menos tres grandes centros de producción de cocaína en ese país, según divulgó Europa Press. El fortalecimiento de la cooperación internacional ha sido delineado como objetivo clave de esta nueva etapa, y el propio mandatario ha insistido en la importancia de consolidar alianzas con “socios estratégicos” para enfrentar el crimen trasnacional.

De acuerdo con Europa Press, el operativo de incautación de petróleo venezolano fue presentado por la Casa Blanca como muestra del compromiso estadounidense con la lucha contra el crimen organizado regional y de la intensificación en la colaboración con diversos gobiernos latinoamericanos. El Gobierno de Estados Unidos señaló que esta nueva etapa implica dejar atrás décadas de enfoque eminentemente naval, a favor de acciones directas que apunten a limitar la operatividad de estructuras criminales en tierra firme.

El anuncio no especificó qué países podrían verse afectados por los eventuales operativos terrestres, ni tampoco los procedimientos, el número de soldados o el calendario que se manejará para dichas intervenciones, indicó Europa Press. Funcionarios estadounidenses rehusaron confirmar si Venezuela, naciones del Caribe u otras regiones sudamericanas figuran entre los posibles territorios destino de las acciones armadas. El plan gubernamental sigue en una fase de diseño y planificación, y la falta de detalles ha propiciado un clima de incertidumbre, según Europa Press.

En el plano interno, la administración vincula la efectividad de sus políticas antidrogas al endurecimiento de los controles fronterizos y migratorios. Según afirmó el presidente, la relación entre incremento de la seguridad en la frontera sur y las nuevas restricciones migratorias ha redundado en una disminución tanto en el flujo irregular de personas como en la introducción de estupefacientes. La dirección gubernamental afirma que los logros recientes en materia de seguridad superan los registros observados durante el año y medio previo.

Europa Press consignó que la Casa Blanca enfatiza en sus comunicados la legalidad de su ofensiva y el impacto nocivo que el tráfico de drogas produce en las comunidades estadounidenses, tanto en términos sociales como económicos. El Gobierno estadounidense declaró que la principal prioridad es la desarticulación sistemática de las redes de tráfico, al tiempo que mantiene el compromiso de informar a aliados regionales y organismos internacionales sobre el avance de este reposicionamiento estratégico.

En el momento actual, la escala y la extensión de las operaciones planeadas continúan sujetas a definición, pero ya han generado reacción tanto en el ámbito diplomático como en el de la sociedad civil de la región. Gremios, agencias multilaterales y actores regionales permanecen atentos a las siguientes comunicaciones oficiales y al impacto que un aumento de la acción militar estadounidense pueda tener sobre la estabilidad en Sudamérica y la dinámica global del tráfico de drogas, reportó Europa Press.