El Tratado de Alta Mar, en vigor en enero para vigilar más allá de las jurisdicciones nacionales

Lourdes Uquillas

Redacción Medioambiente, 13 dic (EFE).- El Tratado de Alta Mar entrará en vigor el próximo 17 de enero, tras lograr la ratificación de 60 países el pasado mes de septiembre, un documento de gran importancia para vigilar actividades fuera de las jurisdicciones nacionales, en un momento en el que varios actores escudriñan la posibilidad de iniciar la minería en los fondos marinos.

Oficialmente conocido como Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las Jurisdicciones Nacionales (BBNJ, por sus siglas en inglés), fue aprobado el 19 de junio de 2023, tras recorrer un largo camino de negociaciones entre los países miembros de Naciones Unidas y que se remontan a 2015.

En ese año, un Comité Preparatorio recomendó la elaboración de un texto que sirviera como instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derechos del Mar (UNCLOS, por sus siglas en inglés), para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas fuera de las jurisdicciones nacionales del océano (200 millas).

En 2017, la Asamblea General de Naciones Unidas convocó una Conferencia Intergubernamental para analizar el documento, a la que siguieron periodos de reuniones anuales que se interrumpieron con la pandemia, entre 2019 y 2022. Finalmente, en el quinto periodo de conversaciones, la Conferencia aprobó por consenso el Acuerdo BBNJ en junio de 2023.

El acuerdo contempla los principios para la conservación y utilización de forma sostenible de toda la biodiversidad marina más allá de los límites nacionales, es decir, una superficie de aproximadamente unos 190 millones de kilómetros cuadrados (km2), la mitad de la superficie del océano en todo el planeta que alcanza más de 361 millones de kilómetros cuadrados.

La entrada en vigor marcará "el inicio de la puesta en marcha y un cambio significativo en cómo la comunidad internacional debe proteger y gestionar el océano global", aseguran desde la organización High Seas Alliance.

Cuatro son las cuestiones más importantes que recoge el Tratado de Alta Mar: velar por la conservación de los recursos genéticos marinos, que contemple una distribución "justa y equitativa" de los beneficios; la creación o incremento de las áreas marinas protegidas (AMP), evaluaciones de impacto ambiental y la creación de capacidades y transferencia de tecnología marina.

Esto significa que con esta herramienta se regularán las actividades humanas en alta mar, mediante el desarrollo de normas ambientales contempladas en el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, equivalente a una "constitución para los océanos".

Además, el tratado contempla la creación de una Conferencia de las Partes (COP) y varios organismos dependientes, un mecanismo de intercambio de información y una secretaría, así como un mecanismo de financiación.

Chile fue el primer país en ratificar el BBNJ y ha solicitado ser la sede de la Secretaría del mismo, que estaría en la ciudad portuaria de Valparaíso, según explicó a EFE en Atenas el director de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos del Ministerio chileno de Relaciones Exteriores, Julio Cordano.

España firmó el BBNJ en septiembre de 2023, durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea, y fue el primer país europeo en depositar el 4 de febrero de 2025 el acuerdo de ratificación en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, iniciativa seguida un día después por Francia.

Además, entre los primeros países en ratificar el Tratado estuvieron Bangladesh, Barbados, Belice, Cuba, Maldivas, Mauricio, Micronesia, Mónaco, Palau, Panamá, Seychelles, Singapur, St. Lucia, Timor Oriental y otros Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), cuyas economías, comunidades y resiliencia climática dependen de los ecosistemas marinos.

Por su parte, Estados Unidos firmó el BBNJ, pero no ha ratificado el documento en la sede de Naciones Unidas.

Una vez en vigor, la Comisión Preparatoria, que se ha reunido a lo largo de este año y mantendrá otro encuentro a inicios de 2026, continuará trabajando para sentar las bases de las instituciones del tratado, incluida la Secretaría, el Órgano Científico y Técnico y el Comité de Acceso y Distribución de Beneficios, entre otros órganos subsidiarios.

Asimismo, con la entrada en vigor del BBNJ se espera la creación de una amplia red global de áreas marinas protegidas en alta mar, que fomenten el compromiso de protección del 30 por ciento del océano para 2030, más conocido como 30x30.