EEUU retira de su lista de sanciones al juez instructor del caso contra Bolsonaro, De Moraes

Alexandre de Moraes, magistrado responsable de la instrucción del caso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fue retirado de la lista estadounidense de sancionados, junto a su esposa Viviane Barci de Moraes y a una empresa familiar. De acuerdo con Europa Press, esta decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos se adoptó tras una serie de gestiones diplomáticas entre los gobiernos de Brasil y Estados Unidos, y diversas figuras oficiales brasileñas la han interpretado como un refuerzo a la soberanía nacional y la independencia judicial.

Según publicó Europa Press, las restricciones contra De Moraes y su familia se habían aplicado en julio bajo la Ley Magnitsky, mecanismo legislativo de Estados Unidos que habilita sanciones a extranjeros ante sospechas de corrupción o de violaciones a los derechos humanos. En el caso del magistrado, la medida respondía a dudas expresadas por la administración estadounidense de entonces sobre la imparcialidad del procedimiento vinculado al juicio contra Bolsonaro, a quien el sistema judicial brasileño sentenció a 27 años de prisión en Brasilia por el intento de golpe de Estado. Washington alegó, como motivo para esas sanciones, una presunta persecución judicial.

La eliminación de las sanciones a De Moraes y su entorno tuvo lugar tras diversos contactos de alto nivel entre las autoridades de ambos países. Tal como detalló Europa Press, el gobierno estadounidense no divulgó los fundamentos precisos para la exclusión del magistrado y sus allegados del listado. Esta medida coincidió con otros desarrollos diplomáticos, incluidos encuentros entre el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump, así como el retiro de aranceles estadounidenses a ciertos productos de Brasil, impuestos durante la administración del expresidente Trump.

La reacción entre figuras y sectores políticos brasileños fue diversa. Según reportó Europa Press, Eduardo Bolsonaro manifestó, mediante la red social X, su desacuerdo con la decisión, aunque evitó dirigir reproches a Donald Trump. Eduardo Bolsonaro remarcó el respaldo previo que Trump ofreció a su padre y expresó su deseo de que la nueva orientación en Washington sirva a los intereses estratégicos de su familia.

Desde el Ejecutivo brasileño, Lula da Silva reconoció el gesto de Estados Unidos como positivo para las instituciones democráticas locales, y recalcó el carácter institucional del avance logrado. El mandatario, citado por Europa Press, subrayó: “No es bueno para mí, es bueno para Brasil y es bueno para la democracia brasileña”. Lula atribuyó el desenlace a los diálogos mantenidos con la Casa Blanca, mencionando consultas expresas acerca del efecto que tendría revertir las sanciones sobre el juez y su familia. El presidente agregó, según Europa Press, que aún subsisten nombres en la lista de sancionados y objetó el criterio unilateral que permite a determinados estados penalizar a funcionarios de otros países. Defendió la independencia de la Corte Suprema y remarcó la importancia de que sus magistrados trabajen sin presiones externas.

Por su parte, Alexandre de Moraes consideró la retirada de las sanciones como un éxito para el Poder Judicial brasileño. En declaraciones difundidas por el portal G1 y reproducidas por Europa Press, el juez expresó: “La verdad, gracias al compromiso del presidente Lula y de todo su equipo, prevaleció. Y podemos decir, con satisfacción, con humildad, pero con satisfacción, que fue una triple victoria”. De Moraes especificó que la triple victoria corresponde al fortalecimiento de la independencia judicial, la consolidación de la soberanía nacional y los beneficios que esto conlleva para la democracia de Brasil. El magistrado indicó que el desenlace se alcanzó sin hacer concesiones ante presiones o amenazas, y subrayó la coordinación entre altos cargos del gobierno y la justicia.

El medio Europa Press subrayó que la exclusión de De Moraes y su círculo cercano del régimen sancionador norteamericano se inscribe en una fase de reajuste diplomático entre Brasilia y Washington, luego de un periodo caracterizado por disputas judiciales y sanciones internacionales. Las autoridades brasileñas resaltan el acontecimiento como una señal de fortalecimiento en la cooperación diplomática y judicial, en momentos en que el país buscaba corregir su imagen exterior tras acusaciones de parcialidad y ante las presiones ejercidas por actores externos.

Europa Press consignó que este proceso refleja una revisión recíproca en las políticas de ambos gobiernos, y constituye un contexto de acercamiento institucional y diplomático. La decisión también avivó los debates dentro de Brasil, donde distintas voces elogiaron el levantamiento de las sanciones como un paso para garantizar la autonomía judicial y el respeto a la soberanía, mientras que otros sectores, especialmente los ligados a Jair Bolsonaro, interpretaron la decisión como adversa a sus expectativas en materia de política exterior y defensa de intereses familiares.

El episodio representó para distintos sectores oficialistas la ocasión de reafirmar la prioridad concedida a la autonomía judicial frente a injerencias externas, y propició declaraciones enfáticas acerca de la necesidad de preservar las atribuciones de la Corte Suprema ante presiones provenientes de otros estados. Europa Press informó que figuras relevantes del ámbito político y social alineadas con el Ejecutivo coincidieron en valorar la protección institucional obtenida tras la resolución de Washington.

Por último, Europa Press destacó que el desarrollo de estos acontecimientos invita a observar un escenario de transformación en las percepciones mutuas y en las dinámicas bilaterales, ampliando las expectativas sobre la cooperación internacional no solo en el ámbito económico, sino también en los mecanismos de administración y justicia y sus repercusiones en la agenda política interna y externa de Brasil. Las respuestas generadas en los distintos sectores políticos confirman la persistencia de profundos debates sobre la soberanía del país y las relaciones con otras potencias, con la gestión judicial y la diplomacia como ejes centrales de la discusión pública reciente.