Detenido el destacado opositor beninés Candide Azzanai tras el fallido golpe de Estado de la semana pasada

Las investigaciones judiciales sobre Kémi Seba y Sabi Sira Korogoné, acusados de intentar modificar el orden estatal en Benín, alteraron en profundidad el ambiente institucional del país y propiciaron el refuerzo de controles estatales y restricciones hacia la oposición, generando un clima de alerta y seguimiento internacional respecto al estado de derechos y garantías democráticas. Según consignó La Nation y reprodujo Radio France Internationale (RFI), en este entorno se produjo la detención del dirigente opositor Candide Azzanai, lo que acrecentó la vigilancia sobre movimientos y figuras consideradas críticas respecto al gobierno.

La Nation y RFI detallaron que Azzanai, líder del partido Restaurar la Esperanza y exviceministro de Defensa, quedó privado de libertad en el contexto de una reunión de su partido, celebrada tras el golpe de Estado fallido cerca de Cotonú. El arresto se enmarca en un despliegue estatal focalizado en restringir la actividad de agrupaciones opositoras. El propio partido fue calificado por La Nation como núcleo de la disidencia, y desde los sucesos recientes experimentó inspecciones recurrentes y presencia policial reforzada.

Restaurar la Esperanza, así como otros partidos y actores políticos contrarios al oficialismo, atravesaron un incremento visible de la vigilancia, las patrullas y los controles, en correspondencia directa con la intentona golpista del pasado domingo. Según reportó La Nation, ese día un grupo armado ocupó temporalmente el cuartel de Togbin, en la periferia de la capital. Tras proclamar por la televisión estatal la destitución del presidente Patrice Talon, las fuerzas de seguridad intervinieron de inmediato, con apoyo aéreo de Nigeria y asistencia de inteligencia francesa, logrando recuperar el recinto militar y contener la propagación del levantamiento.

Después de estos hechos, el gobierno anunció nuevas medidas de seguridad enfocadas tanto en el espacio urbano como en las actividades de la oposición. En ese sentido, los procedimientos judiciales se extendieron a diversas figuras opositoras, y en el caso de Azzanai, el tribunal especial CRIET instruyó cargos por conspiración contra la autoridad e incitación a la rebelión. Junto a este caso, avanzaron procesos judiciales contra Korogoné y Seba, con acusaciones que incluyen iniciativas para modificar el orden constitucional y, particularmente para Seba, presuntos lazos con redes extranjeras de inestabilidad en África occidental.

El medio La Nation informó que la apertura sistemática de causas judiciales contra opositores se consolidó como respuesta prioritaria del Estado para preservar lo que las autoridades definieron como “estabilidad institucional”. Argumentaron que la intensificación policial y las detenciones resultaban imprescindibles para evitar la repetición de incidentes similares. De acuerdo con La Nation y RFI, las restricciones abarcaron tanto las reuniones políticas opositoras como la circulación en el espacio público, limitando la capacidad de organización de sectores no alineados.

Las operaciones posteriores al golpe frustrado incluyeron arrestos y pesquisas sobre diversas personas identificadas como posibles responsables de promover alteraciones del orden interno. La supervisión estatal sobre partidos opositores se incrementó, limitando su margen de acción política y la posibilidad de expresar públicamente posiciones divergentes respecto a las del gobierno.

Sobre este proceso, informes nacionales e internacionales indicaron que el cierre progresivo del espacio político para opositores se hizo más evidente durante las últimas semanas. La vigilancia sobre los procedimientos judiciales y las condiciones de detención, según lo recogido por La Nation y RFI, permaneció bajo el escrutinio de entidades de la sociedad civil, que manifestaron preocupación ante eventuales impactos negativos sobre la libertad de actividad política y los derechos fundamentales en Benín.

Representantes del ámbito político y social indicaron a RFI que la situación actual repercute en la organización de la oposición y reduce la competencia en el terreno electoral. La atención de organismos internacionales se ha vuelto más persistente en el seguimiento de los procesos judiciales, así como en la evaluación de la sostenibilidad del esquema estatal para el control de la disidencia.

Tanto La Nation como RFI pusieron en primer plano que la explicación oficial para todas estas medidas es la defensa de la continuidad del orden constitucional y de la gobernabilidad. Esta argumentación gubernamental emerge dentro de una coyuntura de tensión política, que suscita debate acerca del devenir del sistema democrático en Benín y sobre la vigencia de las libertades y derechos en el país.