Voces opositoras han denunciado que siete personas identificadas como presos políticos han perdido la vida en custodia tras las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024 en Venezuela. Este dato fue expuesto por los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes afirmaron que el fallecimiento de Alfredo Díaz obedece a la continuidad de un patrón represivo ejercido por el Estado. La noticia cobra relevancia a raíz de las reacciones internacionales y el contexto político que rodea al país sudamericano.
Según informó la agencia EFE, el Gobierno de Estados Unidos criticó enérgicamente la muerte de Díaz, exgobernador de Nueva Esparta, calificándola como resultado de la "naturaleza vil del régimen criminal" encabezado por Nicolás Maduro. En un mensaje divulgado por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental a través de la red social X, Washington utilizó los términos "preso político venezolano" y "detenido arbitrariamente en el centro de tortura de Maduro en El Helicoide", refiriéndose así al lugar de reclusión gestionado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En el comunicado oficial citado por EFE, la administración estadounidense detalló que la muerte en prisión de Díaz constituye "otro recordatorio más" del proceder del actual gobierno venezolano. La declaración de Washington se emitió en medio de una coyuntura marcada por altas tensiones bilaterales, después de que Estados Unidos desplegara recursos militares en el mar Caribe, argumentando esfuerzos contra el narcotráfico, lo que desde Caracas se interpreta como una amenaza que podría buscar precipitar un relevo en la presidencia.
Por otro lado, el Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela anunció que Alfredo Díaz falleció a consecuencia de un infarto, coincidiendo en este punto con información reportada previamente tanto por organizaciones no gubernamentales como por partidos políticos. A pesar de esta versión, miembros destacados de la oposición señalaron que la integridad y la vida del exgobernador recaían bajo la "responsabilidad exclusiva" de quienes mantenían su privación de libertad en El Helicoide. Tanto Machado como González Urrutia rechazaron tajantemente considerar su muerte como resultado de causas naturales, reiterando el carácter irregular de su detención.
Alfredo Díaz, vinculado al partido Acción Democrática, desempeñó diversas funciones públicas antes de su arresto, incluyendo cargos como concejal, alcalde y gobernador. Su detención se produjo en noviembre de 2024, en medio de un ambiente de agitación política derivado de las denuncias de fraude electoral presentadas por la mayor coalición opositora tras la reelección de Nicolás Maduro.
Díaz se había mostrado crítico ante la falta de transparencia en la publicación de los resultados detallados de los comicios presidenciales. Días antes de ser aprehendido, también denunció deficiencias en el suministro eléctrico que afectaron al estado Nueva Esparta. El Gobierno venezolano atribuyó los problemas energéticos a acciones perpetradas por sectores opositores.
A lo largo de la cobertura, EFE documentó cómo estos acontecimientos alimentan las preocupaciones existentes acerca del trato que reciben los presos políticos en Venezuela. Las condiciones en el centro de reclusión conocido como El Helicoide, considerado un símbolo de la actuación del Sebin en Caracas, han sido motivo de repetidas denuncias desde diferentes sectores opositores y organismos internacionales.
El episodio se presenta en un escenario donde Caracas y Washington mantienen una relación caracterizada por la desconfianza y el intercambio de acusaciones. Mientras Estados Unidos plantea eventuales acciones en respuesta a la situación de derechos humanos, el ejecutivo venezolano percibe dichas posturas como intentos de desestabilización. Entretanto, organizaciones y actores políticos venezolanos vinculan la situación en los centros de detención con la continuidad de prácticas represivas, resaltando la muerte de Díaz como un reflejo de las dificultades que enfrentan personas calificadas por la oposición como presas políticas, según reportó EFE.