Una inmigrante de Haití, con permiso de residencia permanente en Estados Unidos desde hace veinte años, acudió recientemente a la ceremonia final de naturalización sin recibir notificación de su cancelación. En el lugar, funcionarios federales le informaron que no podía jurar lealtad a Estados Unidos debido a su país de origen. Este caso forma parte de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno federal que interrumpen procesos de ciudadanía para inmigrantes procedentes de países bajo restricciones migratorias. De acuerdo con lo reportado por EFE y el canal GBH de Boston, los agentes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) han comenzado a detener el proceso de naturalización de solicitantes identificados como nacionales de 19 países incluidos en una reciente suspensión de solicitudes migratorias implementada por la administración del presidente Donald Trump.
Tal como publicó EFE, los hechos ocurrieron en una ceremonia celebrada en el Faneuil Hall de Boston, un evento tradicional que representa el paso final hacia la naturalización y que incluye la jura de lealtad al país. Según detalló el medio GBH, agentes del USCIS se presentaron el pasado jueves y procedieron a preguntar a los asistentes por su país de origen. Aquellos que mencionaron provenientes de alguno de los países afectados fueron retirados de la fila y se les comunicó que sus ceremonias quedaban canceladas de manera inmediata.
El canal GBH especificó que esta situación no se limitó a Boston. Otros actos similares en distintas partes de Estados Unidos han experimentado la suspensión de ceremonias e interrupciones al procedimiento de juramento, siempre vinculadas a personas provenientes de los países sujetos a restricciones según las nuevas directrices federales.
Entre los países incluidos en la reciente prohibición de viaje y la suspensión de solicitudes migratorias destacan Cuba, Venezuela, Haití y Somalia. Estas restricciones han impactado no solo procesos de ciudadanía, sino también solicitudes de residencia permanente y otras gestiones bajo supervisión del USCIS. La directora ejecutiva de Project Citizenship, Gail Breslow, precisó a GBH que, contrariamente a otros casos, la haitiana mencionada nunca recibió una notificación formal sobre la cancelación de su proceso. Breslow relató: “Se presentó como tenía programado y cuando llegó, los funcionarios estaban preguntando a todo el mundo de qué países eran y si decían un determinado país, se les pedía salir de la fila y que sus ceremonias de juramento estaban canceladas”.
La decisión administrativa anunciada el 2 de diciembre implica la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de los 19 países señalados en la medida. Esta política gubernamental se originó tras episodios recientes de seguridad nacional, como un incidente en Washington donde un ciudadano afgano con asilo estuvo involucrado en el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional. Según informó EFE, el Gobierno estadounidense justificó la medida argumentando preocupaciones sobre amenazas a la seguridad nacional y fortaleció el control migratorio en respuesta a estos acontecimientos.
El alcance de la suspensión incluye una amplia gama de trámites supervisados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, abarcando desde entrevistas hasta ceremonias de naturalización. EFE reportó que las intervenciones de los agentes han producido inestabilidad entre aquellos aspirantes que, incluso con largos periodos de residencia y permisos vigentes, ven interrumpidos de forma abrupta sus planes de obtener la ciudadanía estadounidense.
La administración Trump, al establecer estas restricciones, incluyó a varios países catalogados como “de alto riesgo”. EFE resaltó que la medida se enmarca en un contexto más amplio de políticas orientadas a fortalecer los controles migratorios, incrementando la represión institucional hacia ciertos grupos de inmigrantes tras eventos que fueron percibidos como amenazas a la seguridad nacional.
El impacto de estas acciones sobre las comunidades inmigrantes ha sido doble: en el plano administrativo, generando cancelaciones de entrevistas y actos de juramento sin previo aviso claro para los afectados, y en el terreno social y emocional, dejando en incertidumbre a quienes llevan años intentando regularizar su estatus en el país. Organizaciones como Project Citizenship han denunciado la falta de transparencia en la notificación de las medidas y han destacado la situación particular de personas que, a pesar de cumplir con los requisitos legales, son excluidas del proceso debido a su nacionalidad.
Según detalló EFE, las recientes políticas han recibido críticas de diferentes sectores que observan un incremento en las barreras para la obtención de la ciudadanía y temen un endurecimiento permanente en la interpretación de los riesgos a la seguridad nacional. La cobertura de medios como GBH ha centrado el debate en la legalidad y equidad de cancelar ceremonias de ciudadanía en etapas finales del proceso, en particular cuando los inmigrantes ya habían cumplido con todas las etapas y requisitos previos.