Un consejero del ente electoral de Honduras acusa a los partidos Liberal y Nacional de fraude

El sistema de transmisión de resultados electorales en Honduras ha sido objeto de cuestionamientos por parte de distintos actores sociales y políticos, quienes plantean inquietudes sobre la legitimidad y la estabilidad institucional del país. Según publicó Europa Press, la controversia cobró fuerza luego de que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) y representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marlon Ochoa, hiciera pública una carta en la que sostuvo que el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) se encuentra expuesto tanto a manipulaciones internas como a la posible complicidad de actores extranjeros, lo que podría, según su denuncia, alterar los datos recopilados y definir de manera ilegítima a los ganadores de los comicios. Este señalamiento —realizado a través de la red social X (antes Twitter)— desembocó en una serie de litigios e intensificó la crisis institucional en el proceso democrático hondureño.

De acuerdo con la información de Europa Press, Marlon Ochoa acusó al Partido Liberal y al Partido Nacional de ser responsables de una supuesta estrategia coordinada para manipular el resultado electoral. Sostuvo que, además de las vulnerabilidades tecnológicas del sistema TREP, se observó una retención selectiva de actas y el colapso del portal de transmisión como parte del mecanismo para facilitar la presunta manipulación. Según Ochoa, esta maniobra no habría sido posible sin la intervención y alianza con actores externos al país, quienes ayudarían a influir en la definición de los resultados. Tras la difusión de estas declaraciones, el resto de consejeros del CNE optó por iniciar acciones judiciales para responder a la gravedad de las acusaciones, profundizando las divisiones dentro del máximo órgano electoral.

Además, Europa Press reportó que Cossette López-Osorio, consejera del CNE, utilizó la misma red social X para responder a la misiva de Ochoa. Anunció la presentación de nuevas denuncias contra su colega y recordó previamente haber promovido una demanda por difamación, así como otra por once cargos de violencia contra la mujer. López-Osorio expresó: “Responderá por todos los delitos que comete contra mí, responderá y sin inventarle pruebas falsas”, según recogió Europa Press. Estas confrontaciones y la apertura de procesos legales exponen la magnitud de la fractura institucional dentro del CNE y el alto grado de judicialización de las disputas entre sus miembros.

A raíz de sus denuncias, Ochoa reiteró tanto en foros públicos como en entrevistas que los partidos tradicionales —Liberal y Nacional— estarían detrás de lo que calificó ante los medios como un "fraude electoral organizado". Señaló que las vulnerabilidades del sistema de cómputo permitían transferir votos entre candidatos y modificar resultados de manera directa, poniendo en tela de juicio la autenticidad de la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Según informó Europa Press, Ochoa argumentó que la colaboración entre partidos y actores extranjeros multiplicaba la capacidad de injerencia sobre los resultados oficiales, lo que elevó la inquietud nacional e internacional sobre la transparencia del proceso.

La situación alcanzó una dimensión internacional tras un pronunciamiento de Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, quien hizo un llamado público a las autoridades hondureñas y representantes políticos a resguardar la transparencia e independencia del CNE. El medio Europa Press recogió que Landau declaró: “El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz”, subrayando que la autonomía del ente electoral constituye una condición fundamental para legitimar el escrutinio. Landau también aludió al respaldo que el entonces presidente Donald Trump dio al excandidato Nasry Asfura y explicó que tanto Estados Unidos como entidades internacionales vigilan de cerca la situación en Honduras. Según sus declaraciones, “Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras”, mostrando que la atención sobre el proceso supera el ámbito nacional.

Europa Press detalló que el CNE se integra por tres consejeros designados por el Congreso Nacional, quienes cumplen periodos de cinco años y no pueden desempeñar funciones partidistas mientras ejercen su cargo. Desde su constitución en 2019, sustituyendo al Tribunal Supremo Electoral, el organismo posee la responsabilidad de dirigir y supervisar la integridad de los procesos democráticos en el país. La presidencia de la entidad rota de manera periódica entre sus integrantes.

El debate generado en torno al funcionamiento y transparencia del sistema TREP coincidió con reclamos crecientes por parte de la ciudadanía, organizaciones políticas y observadores internacionales, quienes demandan garantías para reducir cualquier posibilidad de manipulación o irregularidades. Las fallas tecnológicas y las denuncias de uso indebido del sistema han suscitado preocupación sobre la legitimidad de los resultados y el posible impacto en la estabilidad institucional hondureña.

En medio de un clima político tenso, la apertura de litigios y acusaciones entre los propios consejeros del CNE ha acentuado la polarización en Honduras. Conforme a lo consignado por Europa Press, las denuncias cruzadas, el incremento de demandas judiciales y la participación de actores internacionales reflejan la complejidad del entorno político-electoral y los múltiples factores que inciden en la confianza social sobre el sistema electoral. El ambiente antes y después de los comicios revela divisiones profundas en el órgano encargado de la supervisión de los procesos democráticos, incrementando la demanda social por una depuración y fortalecimiento de los mecanismos de escrutinio.

Ochoa ha insistido públicamente en la urgencia de proteger la auténtica “expresión de la voluntad popular”, advirtiendo sobre el riesgo de que cualquier tipo de manipulación erosione la confianza pública en el sistema electoral. El funcionario abogó a favor del refuerzo de los mecanismos de protección del sufragio y alertó sobre el daño a la representación institucional que acarrearía la alteración de los resultados. Frente a esto, tanto la presión nacional como la internacional, especialmente de organismos multilaterales y observadores extranjeros, han enfocado su atención en el funcionamiento del CNE y en la importancia de mantener la vigencia democrática en Honduras.

Las controversias y el nivel de confrontación dentro del CNE han alimentado la presión para que se introduzcan reformas y se actualicen los sistemas de registro y escrutinio electoral. Según Europa Press, el clamor social se ha intensificado ante una serie de episodios que han puesto a prueba la credibilidad de las instituciones electorales y la capacidad del país de garantizar procesos transparentes y auténticos. El desarrollo de estos acontecimientos se ha convertido en un tema central dentro de la agenda política hondureña y un referente para la observación internacional, que evalúa de cerca los avances, retrocesos y retos que presenta la democracia en el país centroamericano.