La Justicia de Perú ha confirmado este jueves la sentencia a más de once años de cárcel contra el expresidente Pedro Castillo por un delito de conspiración, pero ha rechazado condenarlo por golpe de Estado y abuso de autoridad, como pretendía la Fiscalía, que pedía por estos cargos una pena de 34 años de prisión.
Así lo ha decidido el Poder Judicial de Perú, que ha determinado que el exmandatario cometió conspiración y no rebelión cuando, en diciembre de 2022, anunció la disolución del Congreso, declaró un gobierno de excepción y propuso varias reformas, entre ellas la redacción de una nueva Carta Magna.
El órgano judicial ha radicado su decisión en que Castillo realizó dicho anuncio, pero no llegó a consolidarse un golpe al no haber sido secundado por las Fuerzas Armadas, así como tampoco se llegó a producir una interrupción del régimen institucional: el entonces presidente fue destituido y arrestado el mismo día en que quiso disolver las cortes.
Su pena, por lo tanto, se queda en once años, cinco meses y 15 días de cárcel, además de dos años de inhabilitación de cargos públicos, según ha recogido de la lectura de la sentencia el diario peruano 'La República'.
Durante la audiencia, el exmandatario, que lleva en prisión desde diciembre de 2022, ha denunciado "una barbaridad jurídica", subrayando que los cargos de "rebelión (y) abuso de autoridad no se han podido confirmar". "Su veredicto es por otro caso", ha declarado, advirtiendo que "Perú sabe lo que está pasando".
La ratificación de su sentencia ha llegado el mismo día en el que el Congreso de Perú no ha reunido los votos a favor necesarios para inhabilitarlo durante diez años.
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