El Real Madrid muestra su "satisfacción" por la resolución del TS respecto a los derechos audiovisuales

La sentencia del Tribunal Supremo afectó directamente a diversos clubes de Segunda División, que en conjunto percibieron casi 88 millones de euros menos a raíz de la fórmula transitoria utilizada por LaLiga para distribuir los ingresos de derechos televisivos durante la temporada 2015-2016. Así lo detalló Europa Press al informar que el máximo tribunal español anuló dicha fórmula y ordenó la indemnización de aproximadamente 8,8 millones de euros a favor del Real Madrid, entidad presidida por Florentino Pérez, argumentando que la repartición aplicada carecía de respaldo legal y perjudicó tanto al club blanco como a varios de Segunda División.

Según reportó Europa Press, el origen del conflicto se sitúa en el recurso presentado por el Real Madrid, que impugnó los cambios introducidos por LaLiga a través de una disposición adicional en sus estatutos. El club defendió que estos cambios alteraban el esquema legal de distribución de los ingresos audiovisuales, ya que la normativa estatal establecía una división del 60% para equipos de Primera División y el 40% para los de Segunda, debiendo repartirse de modo equitativo entre los clubes de cada categoría. La disposición anulada se aplicó de manera unilateral e independiente a la regulación estatal vigente, lo que motivó la denuncia del Real Madrid.

La resolución del Tribunal Supremo ratificó el criterio del club madrileño, desestimó el recurso de LaLiga e invalidó la Disposición Adicional Segunda de sus estatutos, replicando el enfoque que previamente había adoptado la Audiencia Nacional, según consignó Europa Press. En el fallo, el Supremo reiteró la necesidad de respetar escrupulosamente la legalidad vigente en todas las decisiones de naturaleza económica que adopten los clubes de fútbol profesional en España, y remarcó la obligación de transparencia en la distribución de los ingresos derivados de los derechos televisivos.

En su comunicado oficial, el Real Madrid manifestó satisfacción ante el veredicto y valoró la sentencia como precedente relevante en la defensa de la legalidad y la transparencia en la gestión de los recursos audiovisuales. La entidad reiteró que tanto el club como varios equipos de Segunda División sufrieron perjuicios económicos directos tras la implantación de la fórmula anulada. Entre los equipos aludidos, Europa Press listó, entre otros, a Alavés, Albacete, Córdoba, Elche, Girona, Huesca, Leganés, Mallorca, Osasuna, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza, todos impactados negativamente por la reducción de fondos televisivos.

Por su parte, LaLiga explicó, según divulgó Europa Press, que la medida anulada tenía carácter exclusivamente temporal y sólo pretendía dar respuesta a un vacío legal existente antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2015. Según la organización, el fallo del Supremo no obliga a revisar el reparto económico ni a devolver las cantidades asignadas durante la temporada afectada, ya que la sentencia únicamente declara nula una disposición estatutaria puntual, sin incidir en el modelo general de distribución. LaLiga sostuvo en su comunicado que el sistema actual, vigente a partir del mencionado Real Decreto-ley, destina el 90% de los ingresos televisivos a los clubes de Primera División y el 10% a los de Segunda, repartiendo las cuotas en función del desempeño deportivo de cada entidad. Este sistema constituye la base para el reparto en las temporadas posteriores, según remarcó la institución.

Asimismo, Europa Press recogió que la organización del fútbol español defendió los acuerdos y modificaciones introducidos durante la campaña estudiada, alegando que estos contaron con el respaldo de la asamblea de clubes de ambas divisiones. LaLiga subrayó que ningún otro club de Primera o Segunda División recurrió a la vía judicial contra los acuerdos, por lo que consideró que el proceso litigioso se limitó únicamente al Real Madrid. A través de su comunicado, la organización manifestó que actuó siempre en base a criterios de transparencia y conforme a la normativa, apostando por la continuidad operativa y el equilibrio de la competición en un contexto de inseguridad jurídica.

Europa Press amplió que, pese al fallo judicial, la sentencia no obliga a modificar a posteriori los acuerdos económicos establecidos ni exige la restitución de fondos a los clubes afectados. La principal prioridad institucional de LaLiga sigue siendo garantizar la igualdad de oportunidades y la estabilidad de la competición, preservando la previsibilidad y el equilibrio en la distribución de recursos entre los diferentes clubes.

El pronunciamiento emitido por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo estableció, según informó Europa Press, la obligatoriedad de ajustarse fielmente a los procedimientos y limitaciones legales al adoptar decisiones económicas relevantes dentro del marco del fútbol profesional en España. El tribunal subrayó el deber de transparencia y el cumplimiento normativo, especialmente en actuaciones que afectan la explotación y el reparto de los derechos televisivos.

El conflicto, contextualizado por Europa Press como parte de una larga controversia entre Real Madrid y el bloque que representa LaLiga sobre la regulación económica del sector, evidencia la persistencia de tensiones acerca de los criterios de legalidad y equidad en la asignación de los fondos derivados de la explotación audiovisual en el fútbol español. Según el medio, la posición de LaLiga se centra en justificar las soluciones transitorias aplicadas a la temporada discutida para mantener la operatividad y el equilibrio de la competición, considerando que ninguna otra entidad recurrió judicialmente contra los acuerdos firmados.

De acuerdo al reporte de Europa Press, la sentencia del Tribunal Supremo cierra este episodio de disputa judicial, con el énfasis en la necesidad de ajustarse a la legislación y exigir transparencia en cualquier aspecto relacionado con la administración y el reparto de los recursos generados por los derechos televisivos, consolidando así una referencia legal para futuras actuaciones en la industria del fútbol profesional en España.