El Gobierno apoya la multa de Bruselas a X y tacha de "intolerables" los comentarios de J.D. Vance

El Gobierno español ha reafirmado recientemente su apoyo a la Comisión Europea luego de que se conociera la imposición de una sanción de 120 millones de euros contra la red social X, propiedad de Elon Musk, motivada por diversas infracciones a la normativa europea que busca proteger la transparencia y la autonomía digital. El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, aprovechó su intervención en la reunión del Consejo de Ministros de Telecomunicaciones de la Unión Europea celebrada en Bruselas para brindar respaldo a las acciones del Ejecutivo comunitario y calificar como "intolerables" las declaraciones emitidas por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance sobre este asunto, según informó el medio El Gobierno apoya la multa de Bruselas a X y tacha de "intolerables" los comentarios de J.D. Vance.

Durante esta reunión, López expresó explícitamente la posición española en torno a la prioridad que representa la soberanía digital europea y destacó la importancia de apoyar plenamente las medidas impulsadas por la Comisión Europea frente a las prácticas detectadas en X. Según detalló El Gobierno apoya la multa de Bruselas a X y tacha de "intolerables" los comentarios de J.D. Vance, el ministro resaltó que los mensajes difundidos por el vicepresidente estadounidense J.D. Vance en la red social X, efectuados horas antes de que se revelara la sanción, resultan inaceptables en el contexto del expediente abierto a la plataforma. Esos mensajes apuntaban contra la Unión Europea sugiriendo que debería defender la libertad de expresión en vez de realizar estos castigos, postura que López rechazó al considerar que las autoridades comunitarias están defendiendo derechos fundamentales de sus ciudadanos.

La sanción dada a conocer el viernes por parte de la Comisión Europea asciende a 120 millones de euros y responde a múltiples irregularidades en la gestión por parte de la red social X. Según consignó El Gobierno apoya la multa de Bruselas a X y tacha de "intolerables" los comentarios de J.D. Vance, una de las prácticas cuestionadas se relaciona con el diseño considerado engañoso de la marca azul de verificación de cuentas, que para muchos usuarios simboliza autenticidad pese a que su acceso depende de criterios poco claros y no de una real comprobación de identidad. Dicha conducta, evaluada como un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA), resultó central para la investigación que la Comisión Europea abrió en julio de 2024 con el objetivo de determinar si estas prácticas restringían la capacidad de los usuarios de adoptar decisiones "libres e informadas".

El medio citado también precisa que la multa impuesta comprende varios aspectos. De los 120 millones de euros, 45 millones corresponden al uso indebido del distintivo azul, 35 millones se asocian a la falta de transparencia en el repositorio de anuncios de la plataforma y otros 40 millones derivan de las dificultades impuestas a los investigadores en su acceso a datos. La vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, dejó claro en un comunicado difundido tras el anuncio de la multa que no hay espacio en el entorno digital europeo para prácticas que engañan a los usuarios con señales de verificación falsas, dificultan la identificación de estafas en los anuncios o restringen la labor de los investigadores. Por su parte, Thomas Regnier, portavoz de Virkkunen, defendió en Bruselas la proporcionalidad de la sanción y la solidez de la investigación llevada a cabo, desestimando las críticas de Estados Unidos que acusan a la UE de regular en exceso y de forma discriminatoria hacia empresas tecnológicas norteamericanas.

La investigación de la Comisión puso el foco en que, pese a no exigir la ley europea la verificación compulsiva de todos los usuarios en plataformas digitales, sí prohíbe rotundamente que estas empresas anuncien o sugieran que las cuentas han sido verificadas sin haber realizado los procesos de autentificación necesarios. La DSA también obliga a las compañías a mantener la transparencia en el funcionamiento de sistemas de anuncios, un requisito que, según la evaluación de Bruselas, X no cumple al levantar obstáculos para que los usuarios y especialistas accedan libremente a información relevante para detectar fraudes o campañas de desinformación.

Otro elemento que ha motivado la sanción, según lo indicado por El Gobierno apoya la multa de Bruselas a X y tacha de "intolerables" los comentarios de J.D. Vance, consiste en las restricciones puestas por X a los investigadores que buscan analizar de manera independiente los datos públicos de la red, incluso con técnicas como el scraping o rastreo automatizado. Estas prácticas contravienen la transparencia impuesta por la legislación comunitaria y limitan la rendición de cuentas de la plataforma.

La posición del Gobierno español se inscribe en una estrategia más amplia de defensa de la autonomía digital europea y de la aplicación estricta de la legislación comunitaria. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó hace semanas llevar al Congreso a directivos de otra gigante tecnológica estadounidense, Meta, responsable de Facebook, WhatsApp e Instagram, quienes deberán responder acerca de un presunto espionaje "sistemático y masivo" a sus usuarios. Dentro de ese contexto, el pasado 20 de noviembre se conoció una resolución judicial en Madrid que condenó a Meta al pago de 479 millones de euros a 87 editoras de prensa digital y agencias integradas en la Asociación de Medios de Información (AMI), tras acreditarse que la compañía obtuvo una ventaja competitiva relevante a través de sus plataformas al infringir el Reglamento Europeo de Protección de Datos.

El propio López, según recordó El Gobierno apoya la multa de Bruselas a X y tacha de "intolerables" los comentarios de J.D. Vance, ha subrayado en actos públicos que el Ejecutivo promueve la responsabilidad de las plataformas y aboga por combatir el anonimato desde el que se amparan delitos y situaciones de acoso en internet.

La controversia en torno a la regulación europea de los servicios digitales genera fricciones con la administración estadounidense. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, advirtió en marzo durante el Mobile World Congress que su país defenderá los intereses de sus grandes tecnológicas ante lo que calificó de "proteccionismo regulatorio" en Europa, en referencia a la DSA y la Ley de Mercados Digitales. La administración de Donald Trump también ha manifestado su desacuerdo con las medidas comunitarias, amenazando con imponer aranceles adicionales y restricciones a las exportaciones tecnológicas estadounidenses en represalia a lo que perciben como regulaciones discriminatorias.

Las tensiones en el ámbito de la regulación digital reflejan las discrepancias entre la estrategia europea basada en la protección de la soberanía y los derechos digitales de sus ciudadanos y la postura estadounidense alineada con la defensa de la libertad de empresa de las grandes tecnológicas. La reciente sanción a X y las reacciones de los distintos gobiernos y organismos internacionales evidencian el peso creciente que la legislación europea adquiere en el control de la actividad de las plataformas digitales y la constante necesidad de equilibrar la innovación tecnológica con el respeto a los derechos fundamentales en el entorno digital.