El comunicado difundido por la Asociación El Defensor del Paciente cita entre sus puntos clave el hecho de que varios trabajadores del Hospital de Torrejón negaron ante las autoridades del centro la legalidad de las órdenes que recibieron, respecto a la reesterilización y reutilización de catéteres clasificados como de un solo uso. Según la organización, esos empleados notificaron formalmente que las directrices contravenían las normativas vigentes y pusieron en conocimiento de los responsables hospitalarios los riesgos asociados, sumando elementos para considerar los hechos como potencialmente delictivos. A partir de estas declaraciones, la asociación presentó una solicitud a la Fiscalía para que investigue si la administración hospitalaria incurrió en conductas sancionables tanto en el ámbito administrativo como penal.
De acuerdo con la información suministrada por El Defensor del Paciente, la presidenta del colectivo, Carmen Flores, relacionó este tipo de actuaciones con infracciones graves recogidas en el Real Decreto 1591/2009, convirtiendo la denuncia en un asunto de salud pública y de derecho penal. El colectivo alega que instrucciones como las presuntamente ordenadas en el Hospital de Torrejón, que consisten en limpiar, reesterilizar y reutilizar dispositivos médicos de un solo uso, no solo violan la regulación sanitaria, sino que requieren procedimientos industriales específicos que solo pueden ejecutar empresas externas autorizadas, y no el personal sanitario del propio hospital.
Según destacó El Defensor del Paciente en su comunicado, la reutilización indebida de catéteres desechables incrementa el riesgo de transmisión de infecciones o enfermedades entre pacientes, elemento que, en opinión de la entidad, justifica tanto la alarma generada como la urgencia de una investigación judicial. En el comunicado, el colectivo puntualiza que este tipo de prácticas, de confirmarse, podrían encajar en conductas tipificadas en los artículos 142 y 152 del Código Penal español. Bajo estos preceptos, se establecen penas de prisión y sanciones económicas para los profesionales sanitarios cuya actuación imprudente conlleve lesiones o la muerte de pacientes, de acuerdo con la información difundida por la organización.
El medio El Defensor del Paciente subraya el uso de argumentos legales y penales en su exigencia de una intervención de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato. El colectivo sostiene que, conforme al artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, quienes ostenten funciones de responsabilidad y tengan conocimiento de posibles delitos públicos están obligados a comunicar estos hechos a las autoridades judiciales o al Ministerio Fiscal. La entidad destaca que la denuncia actual se integra en un expediente previo ya en curso en los órganos judiciales, y una eventual constatación de nuevas irregularidades agravaría el cuadro legal y administrativo alrededor del Hospital de Torrejón.
El comunicado difundido por la asociación hace hincapié en la gravedad potencial de que la reutilización de material desechable pueda haberse llevado a cabo de manera consciente y deliberada, a sabiendas de que no está permitida por la normativa tanto sanitaria como penal. La organización apunta que tales decisiones afectarían directamente la seguridad de los pacientes y erosionarían la confianza pública en el sistema hospitalario.
El Defensor del Paciente argumenta que la trascendencia de estas denuncias reside en el impacto que tendrían sobre la opinión pública y los propios usuarios del sistema sanitario español, alimentando una demanda de transparencia y vigilancia sobre las prácticas internas de los centros asistenciales. Según publicó el colectivo, la investigación solicitada debería profundizar en el origen y la extensión de las órdenes sospechosas, así como en la cadena de mando responsable de su eventual ejecución y encubrimiento.
La asociación señaló, siguiendo lo expresado en su comunicado, que los hechos susceptibles de reproche penal no solo producirían efectos individuales sobre los pacientes implicados, sino que constituirían una amenaza sistémica, considerando que el material afectado −los catéteres− está calificado como de uso único por los estándares médicos y legales aplicables. Flores, en nombre de la entidad, señaló que la “premeditación y mala fe” con la que se habrían tomado ciertas decisiones agrava la situación y justifica la intervención judicial, según difundió El Defensor del Paciente.
En suma, las reclamaciones realizadas ante la fiscal general se sustentan tanto en la normativa regulatoria de productos sanitarios como en la legislación penal sobre imprudencia o negligencia profesional. El Defensor del Paciente detalla que el marco legal pone foco en la protección del usuario de la sanidad pública, y que toda excepción o vulneración puede activar procedimientos disciplinarios, administrativos y eventualmente judiciales. La entidad considera que la acumulación de denuncias y la gravedad de las acusaciones exigen una respuesta institucional proporcionada y una investigación exhaustiva para esclarecer las responsabilidades correspondientes, según consta en su comunicado.
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