EEUU reduce de 5 años a 18 meses el período máximo de validez de los permisos de trabajo para migrantes

El recorte en la duración de los permisos de trabajo en Estados Unidos exigirá a los migrantes con protección especial la digitalización de sus documentos, la creación de sistemas personalizados de seguimiento y la reorganización de sus rutinas administrativas, según difundió Europa Press. A partir del 5 de diciembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzará a aplicar una reducción sustancial del período máximo de validez de las Autorizaciones de Empleo (EAD), que pasarán de extenderse por hasta cinco años a otorgarse, en la mayoría de los casos, únicamente por dieciocho meses o menos. Esta medida impacta de manera directa a personas amparadas bajo figuras migratorias como el asilo, el refugio, el Estatus de Protección Temporal (TPS), la suspensión provisional de expulsión y a los cónyuges de empresarios extranjeros residentes permanentes. El objetivo oficial, de acuerdo con el USCIS citado por Europa Press, es reforzar la seguridad nacional y prevenir que personas consideradas riesgosas o incompatibles con la residencia legal accedan al mercado de trabajo.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la reducción del período máximo también representa una desvinculación operativa entre la vigencia del permiso de trabajo y la del estatus migratorio principal. Hasta el momento, la mayoría de los beneficiarios gestionaban sus renovaciones bajo plazos coordinados, pero desde la entrada en vigor del cambio, deberán mantener controles separados sobre la caducidad tanto de su autorización laboral como de la categoría migratoria que les permite residir en el país. Un descuido o retraso en cualquiera de los trámites podrá derivar en la pérdida inmediata del derecho a trabajar, aun si el estatus migratorio principal sigue vigente.

La decisión de restringir la extensión de las EAD responde, según las declaraciones recogidas por Europa Press, a la presión política para que el Gobierno federal ejerza un control más estricto sobre los flujos migratorios irregulares. El director del USCIS, Joseph Edlow, sostuvo que la actualización normativa tiene como finalidad “garantizar que quienes deseen trabajar en Estados Unidos no supongan una amenaza para la seguridad pública ni promuevan ideologías antiamericanas perjudiciales.” Las autoridades agregaron que esta reforma permitirá reaccionar con mayor celeridad ante cualquier incidente o modificación relevante en el historial o comportamiento de quienes permanecen en el país bajo protección especial.

La medida afectará tanto a nuevas solicitudes como a renovaciones presentadas a partir del 5 de diciembre, y abarcará incluso trámites que ya hayan iniciado su proceso pero no hayan recibido resolución final. Europa Press puntualizó que los migrantes amparados bajo estos regímenes especiales deberán implementar alertas y sistemas de monitoreo propios para no incurrir en lapsos sin autorización de empleo. El entorno regulatorio resultante demandará a los migrantes renovaciones constantes y un seguimiento minucioso de fechas de vencimiento, lo que incrementa el riesgo de errores administrativos con consecuencias directas en el acceso al trabajo formal.

Europa Press subrayó que esta situación tendrá repercusiones no solamente para los migrantes, sino también para los empleadores estadounidenses que optan por incorporar a personas con estos permisos. Las empresas deberán crear métodos de vigilancia interna más rigurosos para verificar la validez de las EAD de sus empleados de manera casi permanente, lo que supone retos adicionales para la estabilidad de sus plantillas y para el cumplimiento de las normativas laborales. Los departamentos de recursos humanos verán multiplicada la complejidad y los costos administrativos ligados a la gestión de documentos, aumentando la carga sobre las organizaciones públicas y privadas encargadas de la validación y procesamiento de estos expedientes.

El ajuste normativo se origina en parte por incidentes recientes vinculados a beneficiarios de protección migratoria, como citó Europa Press, incluyendo el caso de un ataque letal perpetrado por un ciudadano afgano bajo uno de estos regímenes especiales, lo que llevó a un refuerzo generalizado de los procedimientos de revisión y la adopción de controles más estrictos. La nueva regulación faculta al USCIS a suspender permisos laborales o iniciar revisiones de inmediato si se presentan antecedentes o conductas incompatibles con la residencia temporal, lo que agrega un elemento de imprevisibilidad para los migrantes afectados.

La desvinculación entre la duración de la autorización de empleo y el estatus migratorio significa, detalló Europa Press, que extender el permiso laboral no implica un beneficio automático para la situación migratoria general, por lo que quienes buscan una regularización definitiva deben duplicar esfuerzos y coordinar múltiples trámites alternos. El aumento previsto en la frecuencia de renovaciones elevará la presión sobre los sistemas estatales y federales, con un mayor volumen de solicitudes a procesar y la necesidad de una revisión expedita de cada caso.

Entre los grupos más afectados, Europa Press identificó a solicitantes de asilo y refugiados, que anteriormente gozaban de plazos más amplios para gestionar sus permisos laborales mientras aguardaban una resolución, proceso que puede prolongarse durante años. La obligación de reducir los márgenes temporales empuja a este segmento poblacional a digitalizar registros, organizar historiales y redoblar el seguimiento personalizado de documentos, ya que la continuidad de su vida profesional dentro del país depende ahora del cumplimiento administrativo casi constante.

Las autoridades federales estadounidenses, según consigna Europa Press, argumentan que la periodicidad en las revisiones representa un elemento indispensable para detectar comportamientos incompatibles con la permanencia regular, prevenir fraude documental y asegurar la transparencia en los procesos. La disminución en la extensión de los permisos responde a una estrategia integral de fortalecimiento de la política migratoria, en un contexto en el que sectores políticos reclaman respuestas más severas y ágiles ante desafíos de seguridad interna y flujos migratorios complejos.

El entorno resultante obligará tanto a individuos afectados como a entidades empleadoras a cambiar sus protocolos y sistemas internos, adecuándolos para adaptarse al ritmo más acelerado de vencimiento y renovación de autorizaciones. De acuerdo con Europa Press, la carga de trabajo incrementada en las oficinas administrativas dedicadas a la supervisión y renovación de estos documentos será un reto adicional, y se anticipa que las experiencias de los migrantes en el país seguirán marcadas por la incertidumbre y la temporalidad de los permisos concedidos, lo que influye de manera decisiva en sus decisiones laborales y familiares.