Amnistía denuncia "violaciones de los DDHH" en centros de detención de migrantes, incluido 'Alligator Alcatraz'

El informe publicado por Amnistía Internacional documenta que, a partir de febrero de 2025 con la implementación de nuevas leyes migratorias en Florida, se produjo un incremento de riesgos para las comunidades inmigrantes, encuadrado en lo que la organización describe como una estrategia institucional que prioriza el castigo por encima del bienestar de las personas detenidas. Según consignó Amnistía Internacional y reportaron medios a partir de la difusión del informe, tanto el Centro de Detención de Inmigrantes ‘Alligator Alcatraz’ como el Centro de Internamiento de Krome North en Florida presentan condiciones y prácticas que, en palabras del organismo, configuran violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

El organismo sostiene que la situación en estos recintos carcelarios se agravó bajo la administración del gobernador Ron DeSantis, con un endurecimiento de medidas de criminalización y detenciones masivas de personas migrantes y solicitantes de asilo. Según publicó Amnistía Internacional, las detenciones arbitrarias y las condiciones insalubres son parte de un patrón dirigido a deshumanizar, castigar e invisibilizar el sufrimiento de quienes se encuentran en estos centros. Entre las condiciones reportadas destaca la presencia de baños obstruidos que generan acumulación de materia fecal en zonas de descanso, así como deficiencias graves en el acceso a atención sanitaria.

Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, declaró que los resultados documentados confirman la existencia de un sistema enfocado deliberadamente en infligir sufrimiento y silenciar a las personas detenidas. Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional en Estados Unidos, enfatizó que el informe recoge testimonios coincidentes de migrantes que describen las condiciones como “despreciables y nauseabundas”, expresando preocupación por la falta de supervisión y preguntando: “¿Dónde está la supervisión?”, según la cita recogida por Amnistía Internacional.

En el caso del denominado ‘Alcatraz de los Caimanes’, el organismo advirtió que la ausencia total de monitoreo federal elimina los mecanismos contemplados en otros centros operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que propicia, de acuerdo con la organización, un entorno donde la impunidad y el encubrimiento de abusos persisten. Amnistía Internacional detalló que esta ausencia de control externo facilita la permanencia de prácticas de tortura y malos tratos reportados por las personas recluidas.

En el Centro de Internamiento de Krome North, operado por una empresa privada bajo supervisión del ICE, la investigación señala que, aunque dispone de instalaciones para la atención médica, el acceso efectivo a dichos servicios resulta limitado. Las personas entrevistadas durante la elaboración del informe manifestaron que se les negó el suministro de tratamientos y de exámenes médicos, mientras enfrentaban hacinamiento, restricciones en el uso de duchas, fallas en los sistemas de aire acondicionado, baños inservibles, exposición constante a iluminación artificial y aislamiento prolongado, según documentó Amnistía Internacional.

El panorama descrito por Amnistía Internacional incluye, además, persistencia de prácticas de confinamiento arbitrario, humillación y privación de derechos, lo que ha intensificado el riesgo para la salud y la dignidad de las personas detenidas. Amy Fischer sostuvo que “todas las personas que están en un centro de detención están sufriendo”, de acuerdo con el informe difundido por la organización.

El documento elaborado por Amnistía Internacional también señala que la actuación de Florida en materia de políticas migratorias reproduce en parte las directrices impulsadas a nivel federal durante el gobierno de Donald Trump, consolidando al estado como un laboratorio de pruebas para tácticas de control migratorio. La organización sostiene que las leyes adoptadas en 2025, consideradas como “extremas y discriminatorias”, elevaron los riesgos de violaciones de derechos para comunidades enteras.

Amnistía Internacional indicó que estos hechos no responden a situaciones aisladas sino que forman parte de una política con carácter premeditado, cuyo objetivo sería disuadir la migración, castigar a quienes buscan establecerse en Estados Unidos y mantenerlos en condiciones de sufrimiento y desprotección. Fischer resaltó el requerimiento de poner fin a la detención sistemática de personas integrantes de la comunidad inmigrante y de quienes necesitan protección internacional, proponiendo la adopción de medidas migratorias respetuosas de los derechos fundamentales de las personas.

El informe “Tortura y desapariciones forzosas en el estado del sol: violaciones de Derechos Humanos en el Alcatraz de los Caimanes y Krome” resume que en ambos centros—bajo jurisdicción estatal y federal—la combinación de hacinamiento, trato degradante, falta de atención médica y carencia de mecanismos efectivos de supervisión han configurado un contexto donde persisten patrones sistémicos de abuso, según enfatizó el organismo. Frente a la continuidad de estos escenarios, la entidad exige la revisión de las prácticas existentes, la adopción de estándares internacionales de derechos humanos y la creación de mecanismos de control externo efectivos que permitan prevenir nuevas vulneraciones.

A lo largo de su informe, Amnistía Internacional insistió en que la falta de control sobre las condiciones y prácticas dentro de los centros mencionados, junto con la implementación de políticas centradas en el castigo y la disuasión de la migración, han perpetuado un ambiente donde el sufrimiento y la desprotección de las personas migrantes no encuentran respuesta eficaz por parte de las autoridades. El reporte pone en el centro del debate la responsabilidad institucional y la urgencia de transformar los mecanismos existentes bajo las políticas estatales y federales vigentes.