Níger inicia acciones legales contra el gigante francés Orano por el almacenamiento de residuos nucleares

Las acciones legales impulsadas por el Estado de Níger contra la compañía francesa Orano se producen en medio de una serie de inspecciones que expusieron la presencia de más de 400 barriles con materiales radiactivos como bismuto 207 y cromo X en la mina de Madaouela, una zona situada en el norte del país donde se constató el almacenamiento inadecuado de residuos nucleares. Las autoridades nigerinas, junto a expertos y representantes comunitarios, identificaron estos residuos peligrosos cerca de viviendas y centros escolares, situación que elevó la preocupación de la población local por sus efectos inmediatos y prolongados en la salud pública y el medioambiente, según detalló la Agencia Nigerina de Prensa (ANP).

De acuerdo con la información difundida por la ANP, el deterioro de las condiciones de vida en las comunidades próximas a la mina se refleja especialmente en la rutina de quienes habitan cerca del sitio de acumulación de estos residuos. Tanto funcionarios estatales como organizaciones sociales comprobaron alteraciones en la vida cotidiana y en la salud del vecindario, afectando también a escolares debido a la proximidad de las fuentes de contaminación. Estos testimonios se incorporaron en el expediente formal presentado ante los tribunales nigerinos y foros internacionales, junto a la exigencia de reparaciones y la revisión de los métodos de supervisión estatal sobre la minería del uranio.

La demanda oficial del gobierno de Níger acusa a Orano de reiterados incumplimientos de las normativas ambientales nacionales y de desobedecer requerimientos judiciales previos que fijaban el retiro seguro de los desechos radioactivos. El medio ANP puntualizó que la empresa también habría obstaculizado la labor de los organismos de control, limitando su acceso a los sitios y dificultando así la fiscalización de la gestión de residuos, lo que incrementó la acumulación de irregularidades ecológicas en la zona de explotación.

La región de Arlit, donde se localizan numerosas operaciones de Orano —antes conocida como Areva—, ha sido escenario de décadas de actividad extractiva, con consecuencias que abarcan desde impactos en la salud pública y la escolaridad hasta la reducción de la productividad ganadera, según documentó la ANP. Las evaluaciones técnicas promovidas por el gobierno señalaron afectaciones concretas: daños al ganado, problemas en la asistencia escolar y condiciones cada vez más difíciles para quienes viven próximos a los depósitos radiactivos.

El ministro de Justicia, Alio Daouda, expresó en declaraciones recogidas por la ANP que la permanencia de residuos nucleares en áreas habitadas representa una amenaza no solo para la integridad ambiental, sino también para la estabilidad social y la viabilidad económica de toda la región de Arlit. Los fiscales estatales anexaron en el expediente judicial la presunta reincidencia de Orano en la vulneración de decisiones judiciales pasadas, lo que, según la acusación, agrava la responsabilidad de la firma francesa ante la ley.

Las solicitudes remitidas ante la justicia local e instancias internacionales reclaman la implementación de un plan de restauración ambiental, mecanismos de compensación para la población afectada y la restitución de parámetros estrictos de seguridad ecológica. El gobierno de Níger incluyó entre sus exigencias el reconocimiento y la recuperación de derechos colectivos para las comunidades radicadas junto a las instalaciones mineras, reportó la ANP, ampliando la disputa al debate mundial sobre control y soberanía sobre el uranio, un recurso esencial para la economía nacional.

La controversia judicial se enmarca en un contexto de nacionalización de la empresa minera SOMAÏR SA, una medida estatal destinada a fortalecer el control público sobre el sector del uranio, históricamente dominado por inversores extranjeros. Esta política profundizó las diferencias con Orano, que se negó a ceder el uranio almacenado aduciendo restricciones impuestas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial, el cual prohibió transferencias del mineral durante el litigio.

La negativa de Orano a transferir materiales intensificó los desafíos de Níger para administrar de manera autónoma sus recursos mineros y amplificó las dudas respecto a la titularidad de los minerales extraídos en Arlit y otras localizaciones concesionadas a la empresa francesa. En paralelo, según datos difundidos por la ANP, la administración nacional incrementó las investigaciones en los puntos contaminados, solicitando participación vecinal en la identificación de nuevos riesgos para mejorar el relevamiento de fuentes de contaminación, especialmente cerca de escuelas y viviendas.

Las evidencias recogidas por organismos técnicos y comunitarios sirvieron para actualizar los mapas de contaminación y añadir soporte al expediente legal en curso. El reclamo responsabiliza a Orano tanto por la generación y abandono de materiales radiactivos como por la falta de colaboración con sistemas estatales de control ambiental, acusando a la empresa de incumplir las normativas establecidas para la protección de la salud colectiva y el entorno natural.

El Estado de Níger argumentó que la situación requiere una ampliación significativa de la supervisión pública sobre toda la cadena productiva del uranio, así como la creación de políticas de manejo responsable de residuos nucleares para que los beneficios de la minería contribuyan efectivamente al bienestar de la sociedad, publicó la ANP. Las iniciativas legales y regulatorias impulsadas por el gobierno buscan revertir las desigualdades sociales y ambientales agravadas por la presencia de corporaciones multinacionales, definiendo nuevas reglas que prioricen la defensa del ambiente y la canalización de las utilidades hacia el desarrollo local.

En el despliegue de su estrategia, el Ejecutivo enfatizó, según consignó la ANP, la necesidad de establecer compensaciones sociales y ambientales en favor de los residentes de las zonas afectadas, y de promover un marco normativo que trasladaría más poder al Estado en la gestión de los recursos mineros claves. La Agencia Nigerina de Prensa subrayó que la controversia se insertó en un escenario de creciente discusión global respecto de la soberanía sobre minerales estratégicos y la defensa de los derechos colectivos tanto en la explotación como en la distribución de los frutos de la industria extractiva.