La preparación para emprender acciones legales se encuentra en marcha por parte de Hungría, que ha diseñado, junto con Eslovaquia, una estrategia para presentar una demanda en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en contra del plan comunitario que prevé eliminar todas las importaciones de gas ruso antes de la conclusión de 2027. Según publicó el medio Europa Press, el asesor presidencial húngaro, Zoltan Kovacs, detalló que una vez se promulgue el reglamento, Hungría y Eslovaquia presentarán la demanda al considerar que el plan “viola los tratados de la UE, se adoptó mediante fraude legal y contradice incluso la propia evaluación de impacto de Bruselas”. Kovacs agregó que ambos países unirán fuerzas argumentando que comparten los mismos riesgos y afrontan idénticas amenazas en materia de suministro energético.
La medida impulsada por la Comisión Europea, conocida como Repower EU, busca terminar de manera escalonada con la dependencia del gas ruso en todos los Estados miembros. De acuerdo con Europa Press, el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, anunció a través de sus redes sociales que “los procedimientos legales comenzarán sin demora” y añadió que ya se ha iniciado el trabajo preparatorio de la impugnación. Szijjarto manifestó la postura oficial magiar, enfatizando que el gobierno “hará todo lo necesario para defender la seguridad energética de Hungría”.
El plan europeo trata de desligar gradualmente a la Unión Europea de las importaciones energéticas procedentes de Rusia. Según informó Europa Press, la desconexión se implementará en dos fases: una eliminación progresiva de las compras de gas natural licuado, con plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, y una segunda etapa para eliminar por completo el gas suministrado por gasoducto, prevista para el otoño de 2027. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, describió la jornada del miércoles como “un día histórico”, al acompañar el anuncio junto al comisario de Energía, Dan Joergensen, y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, en una comparecencia oficial sin atender preguntas.
El acuerdo alcanzado este miércoles entre los negociadores del Parlamento Europeo y los Estados miembros requiere todavía la ratificación formal tanto por parte del plenario de la Eurocámara como del resto de los Veintisiete gobiernos nacionales. Sólo tras ese proceso reglamentario la normativa pasará a ser legalmente vinculante y entrará en vigor en toda la Unión Europea.
El argumento principal expuesto por las autoridades húngaras, reportó Europa Press, gira alrededor del impacto económico y de seguridad. Según el asesor Zoltan Kovacs, la normativa constituye un “dictado político e ideológico” al que Hungría se opone con la intención de resguardar tanto su economía como el bienestar de las familias del país. Kovacs, habitual portavoz de las posiciones del primer ministro Viktor Orbán en asuntos internacionales, insistió en la voluntad de resistir el plan que, bajo su perspectiva, contradice incluso los análisis internos de Bruselas sobre sus potenciales consecuencias.
Simultáneamente, Eslovaquia ha manifestado su respaldo a la postura húngara. Según informó Europa Press, la coordinación entre ambos países refleja preocupaciones compartidas sobre la estabilidad económica y los riesgos para el acceso a la energía, en un contexto donde ambos dependen en gran medida del gas ruso dentro de sus respectivas matrices energéticas.
Las autoridades europeas presentan el acuerdo como una pieza clave de la estrategia para reducir la influencia del gas ruso en el continente, en respuesta a las tensiones geopolíticas y la crisis energética desencadenada tras la invasión de Ucrania. Aun así, la determinación de Hungría y Eslovaquia de recurrir al Tribunal de Justicia refleja la existencia de fisuras entre los Estados miembros respecto a cómo gestionar el desenlace de la dependencia energética con Moscú y los mecanismos legales para implementar dichas decisiones.
La implementación completa del plan permanece sujeta a la formalización del acuerdo por parte de las instituciones de la Unión Europea, una etapa pendiente que definirá el próximo escenario en el litigio anunciado por Budapest y Bratislava.
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