Bruselas se aferra a los activos rusos para financiar a Kiev y defiende su legalidad frente Bélgica

El Gobierno belga, representado por el primer ministro Bart de Wever y el ministro de Exteriores Maxime Prévot, ha mostrado su desaprobación hacia el plan para utilizar la liquidez de los activos soberanos rusos, mayoritariamente depositados en la entidad financiera Euroclear de Bélgica. Ambos funcionarios han advertido que dicha iniciativa expone al país a graves riesgos legales, posibles represalias rusas y un desequilibrio en las finanzas nacionales, llegando incluso a calificar la propuesta de "inaceptable" y de "confiscación", según consignó la Comisión Europea.

La Comisión Europea presentó este miércoles una nueva base legal como soporte para su propuesta de financiar un préstamo destinado a reparaciones para Ucrania, utilizando la liquidez proveniente de los activos rusos congelados en la Unión Europea, con énfasis en los activos presentes en Bélgica. De acuerdo con lo informado por el propio comisario económico, Valdis Dombrovskis, en rueda de prensa junto a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, las propuestas están diseñadas para ajustarse plenamente al Derecho internacional y mantener la inmunidad soberana de los activos rusos. Según publicó la Comisión Europea, la iniciativa responde al objetivo de maximizar la presión sobre Rusia y de apoyar la capacidad defensiva y negociadora de Ucrania, en un contexto de guerra prolongada.

Ursula von der Leyen detalló que la propuesta de utilizar la liquidez de los activos congelados se puede activar por mayoría cualificada, en lugar de requerir unanimidad entre los Veintisiete. La Comisión Europea, tal como reportó el medio, destacó que el plan incluirá "fuertes salvaguardas" para proteger a los Estados miembros y minimizar la exposición de cada país a riesgos financieros o legales en caso de disputas o reclamaciones internacionales.

Según consignó la Comisión, la medida se centra en un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania. Esta financiación tiene como respaldo el presupuesto común europeo y representa la única opción finalmente propuesta, descartando anteriores alternativas que consideraban la emisión de deuda conjunta en los mercados u otras fórmulas más complejas. La presidenta del Ejecutivo comunitario explicó que la propuesta debe pasar ahora al análisis de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre prevista para el 18 y 19 de diciembre, donde se espera obtener un compromiso claro sobre la dirección a seguir. Si la iniciativa recibe luz verde en esa cita, su implementación se prolongará hasta el segundo trimestre de 2026 debido a los procedimientos nacionales e institucionales requeridos.

Von der Leyen aseguró que la Comisión ha tenido en cuenta la mayor parte de las preocupaciones planteadas por el Gobierno belga. La propuesta integra garantías adicionales con el objetivo de proteger a los Estados miembro y reducir al mínimo los riesgos financieros derivados del proyecto, según anunció en la referida rueda de prensa. Además, la jefa del Ejecutivo de la UE detalló que Kiev solo tendría que devolver el préstamo si, al término del conflicto, Rusia asume su responsabilidad y compensa económicamente a Ucrania por los daños infligidos desde la invasión.

El Gobierno de Bélgica, en declaraciones de Bart de Wever recogidas por la Comisión Europea, manifestó que la propuesta podría ser "fundamentalmente errónea" y amenazar las actuales vías diplomáticas para una paz en Ucrania. Maxime Prévot, ministro de Exteriores, profundizó que la iniciativa representa una especie de "espada de Damocles" sobre las finanzas nacionales y podría empujar a Bélgica hacia la "bancarrota".

La Comisión Europea estimó que el Gobierno de Volodímir Zelenski necesitará unos 135.000 millones de euros para cubrir tanto los gastos administrativos de Ucrania como sus necesidades defensivas en el periodo 2026-2027. Estas cifras resaltan la urgencia de encontrar mecanismos sólidos de financiación para sostener la estructura estatal y los esfuerzos militares del país.

Líderes del Ejecutivo comunitario, según informó la Comisión, apelaron también a la "solidaridad" y a la responsabilidad colectiva de los Estados miembro, buscando que todos los países respalden la garantía del préstamo bajo condiciones que distribuyan de forma equitativa las cargas y minimicen el riesgo de absorción unilateral de responsabilidades derivadas. Dombrovskis subrayó que una vez que entre en vigor el nuevo marco presupuestario plurianual, será el presupuesto común de la UE el que asuma por completo la garantía del préstamo.

La propuesta jurídica presentada por Bruselas incluye cláusulas para evitar que cualquier reclamación rusa pueda ejecutarse judicialmente en territorio de la Unión Europea, mediante una disposición de "no reclamación". Se han contemplado mecanismos específicos para evitar que actores externos faciliten la ejecución de posibles peticiones rusas sobre los activos en cuestión, tanto dentro como fuera de la Unión, reportó la Comisión.

En relación a la extensión de las sanciones, el alto representante de Política Exterior de la UE propuso prolongar las medidas vigentes para garantizar que los activos rusos permanezcan congelados en el bloque, reforzando así la arquitectura legal que sostiene toda la estrategia. El plan legislativo y financiero impulsado desde Bruselas busca enviar una señal inequívoca de que la agresión rusa, según la Comisión, tendrá repercusiones económicas y legales, sin que prevalezcan sus objetivos en el conflicto.

El comisario Dombrovskis, según citó la Comisión Europea, remarcó que el "riesgo de que la Unión tenga que reembolsar el préstamo es bajo", ya que la acción sería colectiva y enmarcada dentro de la legalidad internacional y comunitaria, no decisión de un Estado miembro actuando en solitario. Aun así, los dispositivos de salvaguarda se han incluido para proteger incluso en caso de escenarios extremos, como el pago de eventuales compensaciones a Rusia que pudieran surgir por disputas legales u otros factores no previstos.

La propuesta, que depende ahora del visto bueno de los jefes de Estado y de Gobierno en la próxima cumbre europea, pone a prueba tanto la solidez legal de la arquitectura financiera y jurídica de la Unión Europea, como la cohesión política de sus Estados miembro ante los efectos del conflicto en Ucrania y los desafíos derivados del uso de activos soberanos extranjeros como instrumento de política exterior y solidaridad.