Arrestado por conspiración el opositor tunecino Ayachi Hammami, que se declara en huelga de hambre

Ayachi Hammami difundió un video tras su detención en el que manifestó su decisión de declararse en huelga de hambre, denunciando que el proceso judicial en su contra responde a motivaciones políticas y cuestionando la imparcialidad de las instituciones. El dirigente expresó que la condena de cinco años de prisión se inscribe en una estrategia dirigida por el presidente Kaïs Saied y sus colaboradores para debilitar a la disidencia. Según informó Kapitalis, la detención de Hammami ocurrió en su vivienda ubicada en Ben Arus, luego de que el Tribunal de Apelaciones confirmara la sentencia por cargos de conspiración y pertenencia a una organización considerada ilícita.

La reacción de organizaciones civiles y partidos políticos en Túnez no se hizo esperar tras el arresto de Hammami. De acuerdo con Kapitalis, la decisión judicial contra él y otros críticos del Gobierno ha activado una amplia movilización que incluye la convocatoria de asambleas, protestas en la vía pública y la coordinación de nuevas acciones conjuntas. El medio destacó que estos esfuerzos buscan articular una respuesta ante el incremento de la presión estatal sobre opositores y defensores de los Derechos Humanos, en un contexto marcado por denuncias de prácticas restrictivas y una tendencia a fortalecer el control ejecutivo sobre la vida pública.

En palabras citadas por Mosaique FM, Hammami sostuvo: “Si ven este video, significa que yo, Ayachi Hammami, he sido arrestado por las autoridades de Kaïs Saied y encarcelado en una prisión de Túnez para ser condenado a cinco años de prisión por el delito de pertenencia a una organización terrorista”. El opositor atribuyó su situación a una política sostenida de represión estatal, señalando que la administración actual ha gobernado durante cuatro años de manera exclusiva y ha judicializado la disidencia ante la ausencia de soluciones a desafíos en los sectores de salud, transporte y educación. Sostuvo que “el Gobierno solo reacciona contra quienes piensan diferente o advierten sobre la situación del país, sustituyendo así la resolución de problemas por la persecución política”.

La respuesta política ha incluido la organización de una asamblea liderada por el Partido Republicano, cuyo referente Ahmed Najib Chebbi fue objeto también de un operativo policial que cercó su domicilio. Según detalló Kapitalis, el cerco policial a Chebbi y la vigilancia a otros opositores se vinculan con la misma causa judicial en la que se juzga a Hammami, incrementando el nivel de alerta entre los sectores críticos del oficialismo. El Partido Republicano, encabezado por Issam Chebbi, hermano de Ahmed Najib Chebbi, ha convocado a partidos, colectivos de la sociedad civil y agrupaciones defensoras de Derechos Humanos para buscar una postura común frente a lo que consideran una crisis de las libertades democráticas en el país.

Kapitalis reportó que el objetivo principal de esta reacción conjunta es delinear estrategias y medidas para enfrentar la ofensiva judicial que, según denuncian los involucrados, afecta principalmente a voces críticas del Gobierno. Estos encuentros han dado espacio a llamados para defender los Derechos Humanos y el principio democrático como garantías frente a la concentración de poder en el Ejecutivo y la utilización de la vía penal en la gestión de la oposición política.

Mosaique FM ha documentado que, a través de redes sociales y declaraciones públicas, Hammami apeló a la unidad social y política. Dirigiéndose a la población, manifestó: “Los invito a la unidad por Túnez, libre y democrática, por la justicia social”. Este mensaje busca consolidar la movilización frente a un contexto donde las detenciones de opositores han ganado visibilidad y han detonado diversas expresiones de solidaridad y protesta en el espacio público.

Tanto Mosaique FM como Kapitalis han contextualizado que la serie de arrestos y procesos judiciales recientes afecta a varias decenas de personas, bajo cargos de terrorismo o conspiración. Estos procedimientos se producen en paralelo al aumento de protestas y movilizaciones, que reflejan la polarización interna y el malestar social por la gestión gubernamental de demandas económicas y sociales. Las informaciones recogidas por ambos medios han resaltado la percepción entre los movimientos civiles de que la centralización de las decisiones en la figura del presidente Saied contribuye al aumento del autoritarismo y obstaculiza el debate democrático.

Las jornadas de protesta y las muestras de apoyo a los arrestados han sido impulsadas desde diferentes colectivos, empleando la denuncia pública como medio para visibilizar lo que consideran una deriva restrictiva de las libertades individuales y colectivas. En este sentido, los partidos opositores y las agrupaciones de la sociedad civil mantienen abierta la convocatoria a nuevas reuniones y asambleas, buscando mantener la presión y definir nuevas acciones ante la evolución de la situación judicial, según lo reportado por Kapitalis.

La cobertura de Mosaique FM y Kapitalis coincide en el señalamiento de que la dinámica actual evidencia el impacto de las políticas estatales sobre la independencia del poder judicial y el ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Las detenciones y procesos penales representan, según los sectores críticos, una herramienta para restringir la participación política adversa y desalentar la pluralidad en el debate público. Las tensiones entre el Ejecutivo y la oposición se reflejan tanto en el aumento de operativos de vigilancia y arrestos como en la multiplicidad de protestas, asambleas y voces que, desde el ámbito civil y político, exigen el respeto de garantías fundamentales y un retorno a marcos democráticos más inclusivos.

En este clima de conflicto político y social, tanto las manifestaciones como las iniciativas para buscar consensos entre los distintos actores opositores persisten a la espera de cómo evolucionarán los juicios y los procedimientos de las autoridades. Las instancias internacionales y locales de defensa de los Derechos Humanos siguen de cerca el desarrollo de estos acontecimientos, atentos a eventuales vulneraciones de las libertades básicas, en un escenario caracterizado por el endurecimiento de la respuesta del Estado frente al crecimiento del disenso social y la participación política crítica.