Desde el Congreso, representantes de Sumar han advertido que el gobierno podría enfrentar una ruptura en el bloque progresista si decide priorizar acuerdos con Junts a costa de medidas en materia de vivienda. Según consignó la agencia Europa Press, Verónica Barbero, portavoz parlamentaria de Sumar, junto a Gerardo Pisarello de los Comunes y Nahuel González, diputado de Izquierda Unida, expresaron su preocupación ante la posibilidad de que el Ejecutivo utilice el acercamiento a Junts como pretexto para asumir políticas que calificaron como “antisociales”, especialmente aquellas relacionadas con la intervención del mercado inmobiliario.
De acuerdo con Europa Press, el grupo plurinacional considera positivo el intento del presidente Pedro Sánchez por recuperar el entendimiento con Junts, tras la ruptura de este último con el Gobierno y el bloqueo a la agenda legislativa. Sin embargo, Sumar remarcó que esta aproximación no debe alejar el foco de la necesidad de aprobar políticas efectivas ante la actual crisis habitacional. Los portavoces señalaron que, si el Gobierno opta por concesiones a Junts y desatiende la agenda de intervención en vivienda defendida por la izquierda, podría consolidar el distanciamiento de sus aliados progresistas del bloque de investidura.
En ese contexto, Sumar urgió al Partido Socialista a actuar sobre contratos de alquiler próximos a vencer, medida que viene reclamando desde el mes anterior. Verónica Barbero y Gerardo Pisarello insistieron en la necesidad de prorrogar por decreto 300.000 contratos de arrendamiento que vencen este año, con el objetivo de evitar incrementos abusivos de los precios de alquiler. El colectivo enfatizó que la intervención directa en el mercado es prioritaria para contener la especulación inmobiliaria, un problema que consideran agravado por la insuficiencia de políticas estructurales en los últimos años.
Respecto al anuncio hecho por Pedro Sánchez sobre ayudas a propietarios para paliar los impagos, Sumar manifestó su predisposición a examinar en detalle esta propuesta, aunque aclaró que la raíz del problema es la escalada de precios, no los impagos. Barbero afirmó al medio Europa Press: “Por eso hay que congelar los precios de esos 300.000 contratos que están a punto de vencer ahora mismo. Y en eso tenemos que estar todas centradas, sin perjuicio de otras medidas, que algunas pueden ser positivas, y otras, básicamente, no tener ningún resultado positivo en el mercado de la vivienda y en la crisis habitacional”.
En opinión de Nahuel González, la posición de Sumar es “pública y notoria” en lo relativo a la intervención del mercado inmobiliario. El diputado de IU explicó a Europa Press que el enfoque debe estar en regular los precios y sancionar a los grandes propietarios con extensas carteras de viviendas vacías. A su juicio, la vivienda ha dejado de ser un “bien constitucional” para transformarse en un objeto de especulación, lo que justifica la demanda de una intervención decidida del Estado.
Por su parte, Gerardo Pisarello respaldó la estrategia de recuperar la “mayoría de investidura”, pero advirtió que este proceso no debe estar guiado por intereses tácticos vinculados al acercamiento a Junts. Pisarello indicó que tanto la promoción del catalán, la reforma de la financiación autonómica como el despliegue de la amnistía, forman parte de una agenda compartida por Sumar, al considerarlas medidas beneficiosas tanto para Cataluña como para el resto de España. Sin embargo, recalcó que aceptar demandas “antisociales” de sectores empresariales catalanes, en referencia a Foment del Treball y su posición sobre la vivienda, podría provocar un rechazo frontal por parte de Sumar. El diputado afirmó: “Si fuera una excusa para eso, estaríamos claramente en desacuerdo y le plantaríamos cara a esa opción”.
En definitiva, según ha venido informando Europa Press, los representantes de Sumar insisten en que el Gobierno debe tomar decisiones firmes respecto a la vivienda, colocando en primer plano acciones contra la especulación y una regulación más estricta del alquiler. En sus intervenciones en el Congreso, reiteraron su disposición a analizar nuevas medidas, aunque recalcaron que cualquier retroceso en la agenda social, motivado por pactos con Junts u otros actores, podría poner en riesgo las alianzas que permitieron la investidura de Sánchez y condicionar la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo.
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