
En torno a 12 millones de familias en España tienen en su seno alguna persona con discapacidad, como ha recordado el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Jesús Martín Blanco, quien ha mostrado su deseo de que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad impulsada por Derechos Sociales "concite un amplio apoyo parlamentario".
"Nosotros queremos que concite el mismo acuerdo parlamentario de la reforma del artículo 49 de la Constitución", ha indicado Blanco en una entrevista con Europa Press, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra este miércoles 3 de diciembre.
A su juicio, es un proyecto de ley "muy transformador" que "responde al sentir de la ciudadanía con discapacidad y de las personas mayores"; que se ha redactado junto a las organizaciones que representan al colectivo y que servirá para traducir los mandatos que vienen de la Constitución en cuestiones "más pragmáticas".
"No se entendería que los grandes partidos, y todos los partidos que apoyaron la reforma constitucional en su momento, ahora le digan que no al despliegue de este artículo 49", ha insistido.
El siguiente paso, según ha recordado, será el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por Junts y PNV, previsto para el próximo 11 de diciembre. "Tendrán que explicar si el tema competencial es más importante que los intereses de las personas", ha apuntado Martín Blanco.
Entre las medidas que incluye la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, Martín Blanco ha destacado la creación de una pasarela para que todas las personas con dependencia sean declaradas automáticamente personas con discapacidad; la protección de las mujeres y niñas con discapacidad frente a las violencias; la visibilización de la heterogeneidad de las personas con discapacidad (migrantes, LGTBI, etcétera) o el obligado cumplimiento de la accesibilidad en el sistema nacional de salud.
Asimismo, ha puesto en valor que la ley "blindará" el derecho de las personas con discapacidad a fundar una familia; creará un fondo estatal de accesibilidad para sustentar las intervenciones necesarias para hacer accesibles las administraciones públicas, hospitales, colegios y museos; y modificará la ley de propiedad horizontal para obligar a las comunidades de propietarios a poner ascensores.
Según ha recordado Martín Blanco, actualmente, hay 100.000 personas con discapacidad, fundamentalmente mayores, encerradas en sus domicilios debido a esta falta de accesibilidad.
El director general de Derechos de las Personas con Discapacidad también se ha referido a los cambios en la ley de dependencia y ha enfatizado que "se acaba" con las incompatibilidades entre prestaciones y servicios, se elimina el periodo de espera de dos años para las prestaciones económicas, "se refuerza" el derecho de las personas a elegir; y se crea un procedimiento de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad, como son los casos de mujeres víctimas de violencia de género ya que "muchas veces una paliza te lleva a acabar en una dependencia".
También se incluye en el catálogo de servicios la asistencia personal, un servicio "muy empoderador", según Martín Blanco, pero que "muchas veces no se pide porque es una gestión compleja". A su vez, quieren "una atención libre de sujeciones" y que se reconozca a las personas cuidadoras.
MÁS DE 4 MILLONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 2020
Según la última encuesta del INE, un total de 4.380.000 personas en España tenía alguna discapacidad en 2020, una cifra que supone un aumento de 530.000 en relación a la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre este tema, realizada en 2008.
De ellos, 2,57 millones son mujeres y 1,81 hombres y, por edad, el 75,4% tiene más de 55 años, un grupo de edad en el que tres de cada cinco personas con discapacidad es mujer.
Así, según el INE, la tasa de discapacidad en los hombres es superior a la de la mujer hasta los 34 años, momento en el que cambian las tornas hasta alcanzar la máxima diferencia entre sexos a partir de los 70 años, cuando esta situación afecta a las mujeres en hasta un 40% más que a los hombres.
Por otro lado, la Base Estatal de datos de personas con valoración del grado de discapacidad, a 31 de diciembre de 2023, documento publicado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), contiene un total de 4.618.261 registros correspondientes a personas a las que se les ha valorado la discapacidad, 119.192 menos que en la misma fecha de 2022.
Además, según este documento, un total de 3.361.444 de personas tienen un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%. Según estos datos, recogidos por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, se trata de 30.511 personas menos que el año anterior cuando se contabilizaban 3.391.955 de personas.
Del total de estas personas, el 43% tiene reconocido entre el 33 y el 44% de discapacidad; el 18,3% entre el 45 y el 63 por ciento; el 23,5% entre el 64 y el 74% y un 15,2% ha sido reconocida con un grado del 75% o superior.
Además, de los datos se desprende que la mayoría, el 40,9%, de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad se sitúa en el grupo de edad de los 35 a los 64 años; un 28,2% tiene entre 65 y 79 años; un 17,8%, 80 años y más, y un 13%, menos de 34 años.
Por sexo, el 50,1% son hombres y el 49,9% son mujeres y, si se analiza por franjas de edad, se observa que hasta los 64 años los varones presentan una mayor presencia tanto en volumen como porcentualmente y es solo a partir de los 80 años donde las mujeres suponen el 63,3% del total de las personas en ese grupo de edad.
Asimismo, el informe muestra que las mujeres presentan grados de discapacidad más altos que los varones. Así, de las 509.341 personas reconocidas con un grado superior al 75%, el 54,3% son mujeres.
En cuanto al tipo de discapacidad, la que presenta mayor prevalencia es la neuromusculoesquelética o del movimiento (19,51 casos por 1.000 habitantes). Le siguen las relacionadas con el sistema nervioso o función mental (16,53 casos por 1.000 habitantes) y el grupo de deficiencias sensorial, visual, auditiva, sordoceguera o dolor (8,42 casos por 1.000 habitantes).
Por comunidades autónomas, en términos absolutos, aquellas donde vive un mayor número de personas con discapacidad administrativamente reconocida son Cataluña (644.138 personas), Andalucía (571.715 personas) y la Comunidad de Madrid (388.930 personas). En términos relativos, se encuentra Melilla con 135 casos por 1.000 habitantes; le sigue Cantabria con 115,1 casos y el Principado de Asturias con 114,64 casos por 1.000 habitantes aunque el Imserso apunta que, debido a problemas técnicos, los datos de Ceuta, Melilla y el Principado de Asturias están referidos al 31 de diciembre de 2022.
357.894 PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN RESIDENCIAS
Además, según la 'Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia' del Instituto Nacional de Estadística (INE), un total de 357.894 personas con discapacidad residen en centros residenciales.
Según el estudio, del total de 357.894 personas residentes en centros el 65,1% eran mujeres y el 34,9% hombres; y el 65% tenía 80 o más años, el 20% tenía entre 65 y 79 años y el 15% tenía entre 6 y 64 años.
Respecto a las discapacidades más frecuentes, la investigación del INE revela que estaban relacionadas con actividades básicas de la vida diaria, es decir, el 88,6% de las personas con discapacidad tenía problemas de cuidado personal, el 86,9% con la vida doméstica y el 86,2% dificultades importantes de movilidad.
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