Bayer ha reservado 7.600 millones de dólares (6.545 millones de euros) para afrontar litigios vinculados al herbicida Roundup, mientras enfrenta unas 67.000 demandas en Estados Unidos relacionadas con supuestos efectos adversos de este producto. Así lo informó el medio El País, que detalló el repunte de hasta un 14,9% en las acciones de la compañía alemana en la Bolsa de Fráncfort, tras conocerse el respaldo del gobierno estadounidense a la postura legal de la empresa ante el Tribunal Supremo.
El aumento bursátil se produjo después de que el procurador general de Estados Unidos, John Sauer, expresó ante el Tribunal Supremo una posición alineada con los argumentos de Bayer. Según la información de El País, Sauer defendió la prevalencia de la ley federal estadounidense sobre los herbicidas como Roundup, por encima de regulaciones estatales, lo que coincide con la línea de defensa de la compañía química y farmacéutica alemana. Bayer, que asumió estos desafíos judiciales tras la adquisición de Monsanto en 2018 por 63.000 millones de dólares (54.239 millones de euros), considera que el pronunciamiento del gobierno de Estados Unidos podría desempeñar un papel crucial a la hora de que el Tribunal Supremo acepte revisar su petición sobre el caso Durnell.
El caso Durnell en particular llevó a un jurado, en 2023, a ordenar a Bayer el pago de 1,25 millones de dólares (1,07 millones de euros) a un demandante, argumentando que la empresa no advirtió de manera adecuada sobre los posibles riesgos del herbicida. De acuerdo con lo publicado por El País, Bayer sostiene que la postura del Ejecutivo estadounidense resulta determinante para lograr que la Corte Suprema acepte analizar el recurso presentado y se pronuncie sobre el fondo del asunto, es decir, la primacía de la legislación federal en relación con las advertencias sobre productos regulados.
Bill Anderson, consejero delegado de Bayer, declaró según El País que "el apoyo del Gobierno de EE.UU. es un paso importante y una buena noticia para los agricultores estadounidenses, quienes necesitan claridad regulatoria". Anderson manifestó que existe bastante en juego, ya que una aplicación deficiente de la ley federal podría comprometer tanto la disponibilidad de herramientas innovadoras para el sector agrícola como las inversiones económicas en el país.
Bayer también enfatizó, según información referida por El País, que la prevalencia de la ley federal, tal como establece la Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas (FIFRA), se refleja igualmente en otras normativas estadounidenses, como aquellas que regulan dispositivos médicos, productos cárnicos y avícolas, así como vehículos motorizados. La compañía subrayó su posición de que es necesario que el sistema judicial estadounidense sentencie que las empresas no pueden ser sancionadas bajo leyes estatales por cumplir con requisitos federales de etiquetado.
El medio El País reportó que, desde la compra de Monsanto, Bayer ha afrontado numerosos litigios derivados de acusaciones sobre la potencial relación entre el uso del glifosato y consecuencias adversas para la salud. Entre las acciones tomadas, la empresa ha abonado cerca de 10.000 millones de dólares (8.609 millones de euros) en indemnizaciones desde 2020, mientras que el volumen de causas abiertas aún resulta significativo.
La compañía asegura, además, según consignó El País, que todas las agencias reguladoras que han evaluado la seguridad del glifosato de manera independiente —con especial mención a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA)— han considerado que el uso de ese ingrediente activo es seguro. Bayer recuerda que el debate judicial gira principalmente en torno a las advertencias en la etiqueta y que la gran mayoría de los casos pendientes se centran en posibles omisiones de advertencia a consumidores y usuarios.
Bayer manifestó, de acuerdo con lo difundido por El País, que un fallo positivo en materia de prelación podría contribuir decisivamente a la finalización de decenas de miles de procesos relacionados con Roundup. La empresa estima que la clarificación sobre este punto transversal del litigio influiría no solo en su situación, sino en el marco legal aplicable a otras industrias sujetas a reglamentaciones federales en Estados Unidos.
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