Un exmilitar británico acusa a las fuerzas desplegadas en Afganistán de cometer "crímenes de guerra"

El relato aportado por un antiguo responsable de las fuerzas especiales británicas, identificado como N1466, incluye la aseveración de que comunicó en 2011 directamente al director de las fuerzas especiales sobre comportamientos presumiblemente criminales perpetrados por militares desplegados en Afganistán, y que este alto cargo tenía conocimiento del asunto sin tomar acciones. Según informó la investigación independiente citada por Europa Press, este testimonio de N1466 fue recogido por la comisión que indaga las supuestas irregularidades a raíz de un reportaje de la BBC sobre la guerra de Afganistán.

El medio Europa Press detalló que el testigo, cuya identidad completa permanece bajo reserva, se presentó ante la comisión investigadora creada a petición del Ministerio de Defensa del Reino Unido, tras las revelaciones periodísticas que sugerían la muerte de al menos 54 personas en situaciones catalogadas como sospechosas en Afganistán, hace aproximadamente una década. En este contexto, N1466 sostuvo que existen “indicios suficientes” que apuntan a que personal militar británico ejecutó “actos criminales”, y remarcó que sus advertencias no tuvieron consecuencia efectiva por parte de los mandos superiores.

Durante su comparecencia, el exmilitar remarcó: “Seré claro. Estamos hablando de crímenes de guerra, de ejecutar a detenidos con el pretexto de que había actuado con violencia contra los militares. Estoy siendo muy franco llegados a este punto, pero así me sentí en aquel momento”, según recogió el informe de la propia comisión del caso. Europa Press consignó que, en su declaración, el testigo precisó que se trata de la primera vez que un alto mando de las fuerzas especiales británicas reconoce la existencia de pruebas sobre los presuntos crímenes de guerra, los cuales habrían sido silenciados por el propio Servicio Aéreo Especial (SAS).

Según publicó Europa Press, N1466 acusó a dos antiguos oficiales de alto nivel de manipular o suprimir pruebas vinculadas con estas acciones, incluyendo la supuesta eliminación de evidencias relacionadas con las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos por parte de miembros del SAS. El mismo documento oficial indicó que las acusaciones se centran en el ocultamiento sistemático de información, así como en la ausencia de notificación a la Real Policía Militar del Reino Unido, a pesar de existir una obligación legal en el país de reportar cualquier potencial delito que implique a militares de menor graduación.

La aparición pública de estos señalamientos ocurre en el marco de una investigación formal impulsada tras la emisión de un reportaje de la BBC. El reportaje había puesto el foco sobre la conducta de unidades militares del Reino Unido durante la campaña internacional en Afganistán, con Estados Unidos al frente de la coalición. A raíz de estas informaciones, el Ministerio de Defensa británico dispuso la apertura de pesquisas para determinar la veracidad de los sucesos descritos y las responsabilidades correspondientes, informó Europa Press.

Entre los elementos destacados en los documentos de la comisión investigadora figura la alegación de que los mandos militares optaron por no remitir los casos a las autoridades encargadas de delitos graves en el ámbito castrense. La legislación británica establece esa obligación para los oficiales con responsabilidades de mando, puntualizó el medio. N1466 subrayó también que el contexto en el que ocurrieron los hechos se caracterizaba por la presión operativa y la expectativa de resultados, lo que, según su declaración, no justifica la comisión ni el encubrimiento de actuaciones ilícitas.

Europa Press puntualizó que la declaración del testigo incluye referencias directas a ejecuciones extrajudiciales y destrucción deliberada de material probatorio, subrayando la gravedad de las imputaciones y el nivel de compromiso que implica para la estructura de mando de las fuerzas especiales británicas. La investigación permanece en curso, con el objetivo de identificar posibles responsabilidades penales y administrativas entre quienes ocuparon altos cargos en ese periodo.