El presidente de transición de Guinea Bissau elige nuevo Gobierno tras el golpe de Estado

La administración interina de Guinea Bissau incluye a seis mujeres en altos cargos y designa a mandos militares en áreas clave, mientras impone restricciones a exfuncionarios e impulsa reformas para garantizar la estabilidad durante el periodo de transición

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Seis mujeres han sido nombradas en cargos de alta responsabilidad dentro del gobierno provisional de Guinea Bissau, incluyendo cinco ministras y una secretaria de Estado, en una composición que representa un cambio sustancial respecto a las administraciones previas y responde a una demanda social de mayor equidad en la representación política. Tal como consignó O Democrata, este avance en materia de inclusión forma parte de la estrategia impulsada por las autoridades interinas encabezadas por Horta N'Tam y el primer ministro Ilidio Vieira Té tras la destitución de Umaro Sissoco Embaló a causa de un golpe de Estado.

De acuerdo con O Democrata, el nuevo gabinete está conformado por veintiocho integrantes, de los cuales veintitrés son ministros y cinco ocupan secretarías de Estado. Khady Florence Dabo Correia lidera el Ministerio de Mujer y Solidaridad Social y, según el medio, este nombramiento representa el esfuerzo del Ejecutivo transitorio por diversificar los perfiles en las áreas de gestión, sumar trayectorias múltiples y dar respuesta a reclamos vinculados a la participación equitativa en los espacios de poder.

La transición política en Guinea Bissau se produjo tras la irrupción de fuerzas militares que llevaron al desplazamiento de Embaló y la consiguiente disolución tanto de las estructuras estatales como de los resultados de las últimas elecciones nacionales. El medio O Democrata detalló que el proceso de reorganización institucional motivó la designación de cinco mandos militares en roles claves, entre ellos los ministerios de Interior, Defensa, Salud Pública y Orden Público, además de la Secretaría de Estado de Veteranos de la Liberación Nacional. Estas decisiones, según la misma fuente, buscan fortalecer el control sobre sectores sensibles a fin de asegurar la estabilidad del país durante la actual etapa provisional, caracterizada por altos niveles de incertidumbre en el funcionamiento de las instituciones.

La instauración de la administración interina ocurrió en un contexto marcado por tensiones políticas entre Embaló y su opositor Fernando Dias da Costa, situación que agudizó las divisiones internas y profundizó la sensación de desconfianza social, fenómeno que se ha reflejado en las sucesivas protestas y manifestaciones en espacios públicos. O Democrata explicó que la ceremonia de toma de posesión de Horta N'Tam incluyó declaraciones donde el presidente de transición denunció la existencia de un presunto complot relacionado con organizaciones de narcotráfico, el cual habría tenido como objetivo influir en los resultados de los comicios recientemente anulados. Tal señalamiento elevó la prioridad otorgada a las investigaciones sobre actividades ilícitas y justificó la aplicación de medidas restrictivas a los antiguos funcionarios del gabinete derrocado.

Según reportó O Democrata, estas restricciones han consistido principalmente en la prohibición de salida del país para exintegrantes del gobierno desplazado, bajo el argumento de que se encuentran bajo investigación por supuestos vínculos con el complot detectado tras la intervención militar. Voceros ligados a la administración anterior han expresado su desacuerdo con la medida de inmovilización, solicitando explicaciones públicas y garantías legales mientras avanzan las pesquisas promovidas por el Ejecutivo interino.

O Democrata informó que tanto organizaciones civiles como medios locales han solicitado a la administración de Horta N'Tam mayores garantías en materia de transparencia y la implementación de mecanismos de control y fiscalización sobre el manejo gubernamental, especialmente respecto a cómo se lleva adelante la investigación por los hechos del golpe y la gestión de las restricciones impuestas a los ex funcionarios.

La formación del gabinete ha intentado incorporar figuras ligadas al gobierno anterior junto a miembros con experiencia en administraciones previas o en la sociedad civil, según documentó O Democrata. Este equilibrio responde a la necesidad de encontrar consensos y facilitar acuerdos políticos que permitan sortear los obstáculos derivados de la crisis institucional y el quiebre de la continuidad estatal.

El medio señaló que entre las principales líneas de acción de las autoridades interinas se encuentra la revisión del sistema electoral nacional, con miras a evitar irregularidades y prevenir posibles tensiones similares a las que precedieron al golpe de Estado. Además, se prevé la reforma de organismos responsables por la seguridad pública y nacional, para minimizar episodios de violencia política o conflictos internos durante el periodo de transición.

Horta N'Tam anunció que la administración provisional tendrá una vigencia máxima de un año. Según relató O Democrata, dentro de ese plazo se planea restituir el marco democrático a través de la convocatoria a nuevas elecciones, buscando reestablecer la normalidad institucional y la legitimidad en la gestión pública.

La comunidad internacional ha mantenido la atención sobre la situación en Guinea Bissau, con diversas misiones de observación enfatizando la importancia de procesos claros, acceso oportuno a información pública y efectivos sistemas de rendición de cuentas sobre todo lo relacionado con las investigaciones en marcha a raíz del golpe y las restricciones impuestas a ex funcionarios, destaca O Democrata.

Embaló permanece en Brazzaville, la capital de la República del Congo, sin que las autoridades hayan anunciado oficialmente previsiones para su retorno. O Democrata consigna que el ambiente político sigue permeado por las tensiones producto de la reciente intervención armada y la crisis de legitimidad, mientras el gobierno provisional enfrenta el reto de recuperar la confianza institucional y avanzar en la pacificación del escenario sociopolítico. Las prioridades señaladas incluyen salvaguardar la estabilidad social y restablecer los canales regulares de gestión estatal.