El fiscal general de Honduras anuncia "acciones" para evitar la "impunidad" si Trump indulta a Hernández

La advertencia de que el Ministerio Público en Honduras podría reabrir investigaciones pendientes contra Juan Orlando Hernández si regresa a su país tras recibir un indulto desde Estados Unidos se perfiló como un factor de tensión institucional, según publicó el medio. La reacción llegó luego de que Donald Trump, expresidente estadounidense, manifestara su disposición para perdonar al exmandatario hondureño, quien cumple una condena de 45 años en la prisión federal Hazelton, ubicada en Virginia Occidental, por delitos vinculados al narcotráfico.

De acuerdo con el medio, Johel Antonio Zelaya Álvarez, fiscal general de Honduras, utilizó la red social X para comunicar que la Fiscalía no descartaba el reinicio de procesos legales en el caso de que Hernández obtenga la libertad en Estados Unidos y retorne al país. El funcionario sostuvo que el Ministerio Público enfrenta una obligación de carácter constitucional, y reiteró que la institución tiene el deber de activar todos los mecanismos previstos en la ley para asegurar que ningún acto quede en la impunidad. El anuncio se hizo público poco después de que Trump celebrara la posible liberación de Hernández en un mensaje dirigido a sus seguidores en Honduras, y expresara también su apoyo al candidato Nasry 'Tito' Asfura, destacado por su vinculación política con sectores conservadores.

El medio detalló que durante los años en que Hernández dirigió el Ejecutivo hondureño, entre 2014 y 2022, varias investigaciones vinculadas a corrupción y redes ilícitas no avanzaron ni concluyeron en instancias judiciales. Esos procesos, según el reporte, permanecen abiertos y quedarían sujetos a posible reactivación si el exgobernante regresa al país. Aunque el fiscal general no precisó de forma específica qué expedientes serían retomados, recalcó la existencia de causas no resueltas y la voluntad institucional de proseguir con los procedimientos legales acordes al marco jurídico nacional.

En el mensaje difundido en la red social X, el fiscal general remarcó que la actuación del órgano investigador se mantendría dentro del marco constitucional y legal. El funcionario declaró: “El Ministerio Público de Honduras está obligado a ejercer las acciones dentro del marco de la Constitución y las leyes para que prevalezca la justicia y poner fin a la impunidad”, cita consignada por el medio.

Según publicó el medio, las declaraciones de Trump sobre el posible indulto a Hernández tuvieron lugar en el contexto del respaldo político hacia Asfura, candidato alineado con el Partido Nacional, mientras el país enfrenta una coyuntura electoral y una agenda diplomática marcada por las expectativas de diversos sectores acerca del futuro del exmandatario. Trump conectó abiertamente la decisión de indultarlo con el clima político hondureño, afirmando: “¡Hagamos que Honduras vuelva a ser grande! (...). Felicidades a Juan Orlando Hernández por su próximo indulto”.

El medio resaltó que la discusión pública sobre la eventual liberación repercute más allá de las fronteras hondureñas, generando impactos en las relaciones bilaterales y en la percepción institucional acerca del combate a la corrupción. Mientras Hernández permanece encarcelado en Estados Unidos, sectores de la sociedad civil y actores políticos hondureños impulsan demandas para que también enfrente procesos judiciales por casos pendientes en su país de origen, señalaron fuentes consultadas por el medio.

La presencia de causas que involucran corrupción y crimen organizado durante el mandato de Hernández es mencionada de forma persistente en el ámbito interno hondureño, según consignó el medio. Estos expedientes resultaron afectados por la falta de avances y por la percepción de posibles interferencias desde el poder ejecutivo, lo cual refuerza la relevancia de una posible reapertura en el contexto de un eventual regreso del exmandatario.

El medio explicó que, aunque el fiscal general no detalló los cargos específicos que podrían reactivarse, la existencia de investigaciones abiertas genera expectativas entre diversos sectores sobre la posibilidad de que Hernández finalmente sea sometido a la justicia nacional. La presión por parte del Ministerio Público y el debate público reflejan la importancia del tema en el escenario político y judicial de Honduras.

De acuerdo al medio, las declaraciones del fiscal y los mensajes del expresidente estadounidense contribuyeron a intensificar la atención sobre el futuro judicial de Hernández, quien desde su detención y condena en territorio estadounidense permanece como un factor de interés tanto para el ámbito interno como para la comunidad internacional.

Ante la posibilidad de que las autoridades estadounidenses concedan el perdón presidencial, funcionarios y actores del sistema de justicia hondureño observan la situación y evalúan posibles rutas de acción conforme a la legislación nacional. El fiscal general ha mantenido la reserva respecto a los detalles operacionales de una reapertura de causas, mientras las instituciones y la opinión pública en Honduras monitorean el desarrollo de los acontecimientos, reportó el medio.