"Los terroristas son Putin y sus secuaces", dice la fundación creada por Navalni tras ser designada "terrorista"

La directiva de la Fundación Anticorrupción (FBK) ha instado a sus simpatizantes a consultar asesoría legal antes de comprometerse en actividades de apoyo, subrayando que la nueva clasificación como "organización terrorista" por parte del Tribunal Supremo de Rusia introduce riesgos jurídicos inéditos para quienes respalden iniciativas ciudadanas o independientes. Según detalló Europa Press, la recomendación responde al endurecimiento del marco legal y al aumento de la penalización contra voces críticas al Estado, afectando no solo a la FBK sino también a otras agrupaciones y personas relacionadas con la disidencia rusa.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la FBK comunicó que el reciente fallo judicial no solo condujo a la prohibición inmediata de sus actividades dentro de Rusia, sino que representa un cambio de paradigma que amenaza la viabilidad de cualquier colectivo dedicado al activismo o la defensa de los derechos humanos. El mensaje de la entidad alerta respecto a la reinterpretación de la ley, lo que facilita la ampliación de categorías penales en un contexto en el que la disidencia política cada vez enfrenta mayores obstáculos legales e institucionales.

"La política estatal actual busca crear un clima que desincentive el respaldo y la solidaridad con proyectos independientes", afirma el comunicado oficial de la organización, divulgado tras la clasificación judicial. En este contexto, la fundación considera que la decisión del Tribunal Supremo busca amedrentar a simpatizantes y colaboradores, extendiendo la amenaza jurídica a quienes puedan expresar un apoyo material o simbólico a proyectos alternativos, según recogió Europa Press.

El alcance de la resolución se detalla en la enumeración de sectores afectados: desde integrantes activos de la fundación hasta quienes aporten recursos, difundan información o simplemente manifiesten solidaridad en el espacio público ruso, añade Europa Press. Para los responsables de la FBK, estos cambios suponen el establecimiento de un marco punitivo que trasciende los límites de la organización, abarcando también a otras entidades y a ciudadanos que participen en actividades de denuncia social o investigación independiente.

La declaración pública institucionalizada por la FBK sostiene que la nueva ofensiva judicial forma parte de un patrón de represión sistemática que se ha incrementado desde 2019. Entonces, el Ministerio de Justicia ruso declaró a la fundación "agente extranjero" en función de presuntas actividades opuestas al interés nacional y supuesta financiación externa. Posteriormente, en 2021, la justicia formalizó una orden de disolución al considerar extremista a la organización, obligando al traslado de parte de su funcionamiento al extranjero y a su registro en Estados Unidos, de acuerdo con las crónicas de Europa Press.

A pesar de la migración operativa y la reorientación de sus actividades a plataformas digitales y contextos internacionales, la acción legal interna en Rusia no ha cesado. Las autoridades han asignado nuevas categorías penales al trabajo de la fundación, que ahora se encuentra alineada con delitos interpretados bajo un prisma de terrorismo. Según el análisis efectuado por el medio Europa Press, la inclusión en esta lista incrementa la autocensura y la percepción de vulnerabilidad entre quienes persisten en el activismo cívico o el seguimiento de información alternativa al discurso oficial.

“Los terroristas son Putin y sus secuaces”, declaró la FBK en su mensaje público recogido por Europa Press, rechazando la atribución estatal y cuestionando los fundamentos que derivaron en la reciente catalogación judicial. Esta declaración se incorpora a una estrategia de confrontación discursiva, que busca no solo resistir la presión sino también continuar denunciando lo que la fundación describe como prácticas represivas consistentes.

En la misma línea, Europa Press reportó que la FBK denuncia una tendencia acelerada a reducir el margen de pluralismo político y social en Rusia. La fundación interpreta el avance de la represión jurídica como parte de una política que pretende “aislar” a quienes denuncian casos de corrupción o disienten de la gestión estatal, particularmente en cuestiones relacionadas con la política de seguridad y la guerra. El comunicado alerta que el empleo de la acusación de terrorismo resulta arbitrario y permite ampliar el alcance legal sobre sectores o individuos que, bajo términos objetivos, no pueden ser asociados a conductas terroristas.

La organización destacó que la decisión judicial sitúa a la sociedad civil frente a un “nuevo punto de inflexión”, ya que sanciona la colaboración y la libre expresión de opiniones contrarias al Kremlin bajo pretextos de seguridad nacional. Según las declaraciones recogidas por Europa Press, la FBK sostiene que este marco refuerza la tendencia institucional a silenciar la crítica y desalentar la participación ciudadana, lo que obstaculiza el acceso a información y la discusión abierta sobre temas de interés público.

Frente al actual escenario, el comunicado de la fundación incluye un mensaje de perseverancia. A pesar de las medidas restrictivas, la FBK planea continuar con la elaboración de informes sobre irregularidades gubernamentales, el acompañamiento a víctimas de persecución política y la documentación de presuntas violaciones de derechos humanos. Europa Press señala que la entidad insiste en la necesidad de mantener la colaboración activa dentro y fuera de Rusia, protegida con asesoramiento legal y cautela sobre los riesgos existentes.

La historia de la FBK, según recordó Europa Press, comenzó con el proyecto RosPil en 2011, dedicado a la fiscalización del uso de fondos públicos e investigaciones sobre corrupción. Con el tiempo, la fundación se consolidó como una referencia en la transparencia institucional y la denuncia de abusos estatales. Las respuestas gubernamentales llevaron a una escalada de medidas restrictivas, culminando con la clasificación como organización terrorista.

El análisis difundido por la organización examina las consecuencias de este nuevo esquema, advirtiendo que la criminalización del apoyo público desincentivará el compromiso social y dificultará el funcionamiento de otros grupos que defienden derechos y libertades. Para la FBK, la aplicación de la etiqueta de terrorismo se traduce en una herramienta de control estatal extendido, diseñada para restringir la visibilidad y la actividad de espacios independientes.

Finalmente, la entidad ha llamado a la ciudadanía a prestar atención a la dinámica estatal, denunciar eventuales abusos y proteger los márgenes que aún existen para el ejercicio autónomo de derechos y libertades, reafirmando su compromiso de mantener la vigilancia sobre las decisiones legales y políticas emanadas de las autoridades rusas, según destacó Europa Press.