Argentina recibe ocho ofertas por 590 millones de euros para privatizar cuatro centrales hidroeléctricas

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, expresó en su perfil oficial en la red social X que el interés mostrado por el sector privado en el proceso de privatización de infraestructuras energéticas reafirma la confianza en el país bajo un marco de reglas transparentes. En este contexto, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Energía, el Gobierno argentino ha recibido ocho propuestas económicas que, en conjunto, suman un ingreso mínimo garantizado de 684 millones de dólares (590 millones de euros) para el traspaso al sector privado de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.

Según el comunicado difundido por la Secretaría de Energía y recogido por diferentes medios, la revisión técnica de las ofertas presentadas para la privatización ya concluyó. El medio reportó que sólo en la concesión correspondiente a la central hidroeléctrica de Cerros Colorados habrá una instancia adicional para que las empresas mejoren sus ofertas, conforme a los términos establecidos en el pliego licitatorio. Para las demás infraestructuras involucradas en el proceso—Alicurá, El Chocón y Piedra del Águila—el importe mínimo requerido por el Gobierno argentino quedó cubierto a partir de las ofertas económicas recibidas.

Tal como consignó la Secretaría de Energía, las compañías que resulten adjudicatarias de las concesiones tendrán la obligación de llevar a cabo el conjunto de inversiones, proyectos y modificaciones en infraestructura que sean requeridas para asegurar la operación segura y eficiente de los complejos hidroeléctricos. El compromiso también incluye medidas que, según las autoridades argentinas, permitan garantizar la sostenibilidad a largo plazo de estos activos energéticos estratégicos.

El total ofertado por las ocho compañías participantes supera la previsión inicial del Ejecutivo de Javier Milei, que estimaba recaudar cerca de 500 millones de dólares (431 millones de euros) por la privatización de las cuatro centrales. El medio señaló que este resultado refleja un incremento respecto a las expectativas oficiales, lo que fue destacado tanto en los comunicados oficiales como por las autoridades en sus declaraciones públicas.

Las instalaciones hidroeléctricas objeto del proceso de privatización fueron conformadas originalmente por Energía Argentina (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina (Nasa). Ambas entidades han gestionado de manera compartida los activos tras la primera concesión otorgada en 1993. Las concesiones vencieron en agosto de 2023, fecha desde la cual, según detalló la Secretaría de Energía, el Gobierno nacional mantuvo la administración de las plantas en carácter provisorio mientras avanzaba en la formulación del nuevo pliego licitatorio y buscaba establecer acuerdos con los gobiernos provinciales de Río Negro y Neuquén, territorios donde se encuentran localizadas las infraestructuras.

A lo largo del proceso, el Ejecutivo nacional trabajó en la actualización de las bases y condiciones para la licitación, incorporando requerimientos para la realización de obras y reformas dirigidas a modernizar los complejos hidroeléctricos y optimizar sus capacidades técnicas y operativas. Según publicó la Secretaría de Energía, la definición de estos criterios buscó asegurar que la transferencia a manos privadas no altere los estándares de seguridad y eficiencia, ni la integridad ambiental de las infraestructuras hidroeléctricas.

Durante los meses anteriores a la recepción de ofertas, el sector privado manifestó, a través de distintos canales y foros institucionales, el interés por participar en el proceso de privatización, condicionando su involucramiento al establecimiento de pautas que garanticen transparencia y competencia dentro de los procedimientos de adjudicación. Esta condición fue resaltada por el ministro Caputo, quien indicó que “se vuelve a confirmar el interés del sector privado en invertir en Argentina cuando las reglas están claras”.

La Secretaria de Energía informó además que, tras la evaluación técnica de las propuestas, la etapa siguiente involucra la selección definitiva de las empresas adjudicatarias, priorizando aquellas que garanticen el cumplimiento de los criterios económicos y las obligaciones de inversión previstos en el pliego. En el caso de la central de Cerros Colorados, la instancia de mejora de ofertas permitirá a los postulantes ajustar sus condiciones económicas con vistas a optimizar los beneficios proyectados para el Estado argentino.

Las provincias de Río Negro y Neuquén han participado en las conversaciones para la redefinición de las condiciones de los nuevos contratos de concesión. Según reportó la Secretaría de Energía, la integración de los gobiernos provinciales en este proceso representa la búsqueda de consensos para favorecer la gobernanza y la articulación territorial en la gestión de los recursos hidroeléctricos.

La privatización de estas centrales hidroeléctricas se inscribe en un contexto de redefinición de la política energética argentina, orientada, según lo indicado en las comunicaciones oficiales, a atraer inversiones y afianzar la seguridad y sustentabilidad del suministro eléctrico en el país. El monto mínimo de inversión exigido para la renovación y modernización de las instalaciones forma parte de los compromisos asumidos por los futuros concesionarios, quienes deberán ejecutar las obras y reformas requeridas durante el periodo de vigencia del nuevo contrato.

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Energía, las etapas subsiguientes del proceso incluirán la adjudicación formal de las concesiones y el inicio de transferencias técnicas y administrativas a los nuevos operadores privados, siempre bajo cumplimiento de los estándares regulatorios y contractuales que rigen el sector. Según los datos publicados, el Estado prevé mantener mecanismos de control y supervisión sobre la ejecución de los compromisos de inversión por parte de los nuevos titulares de las concesiones, con el objetivo de preservar la eficiencia y la confiabilidad de la operación hidroeléctrica en la región del Comahue.