República Dominicana permite a EEUU usar sus aeropuertos para su despliegue militar en el Caribe

El gobierno caribeño otorgó a autoridades estadounidenses acceso temporal y supervisado a instalaciones aéreas, medida orientada a reforzar la seguridad regional y respaldar operaciones contra el narcotráfico en colaboración con altos mandos de defensa

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Durante el encuentro sostenido en el Palacio Nacional entre el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, y el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, se oficializó un acuerdo que permitirá a autoridades estadounidenses acceder, de manera temporal y bajo vigilancia, a zonas restringidas de instalaciones aéreas dominicanas, según informó Europa Press. Esta medida, que involucra a la base aérea de San Isidro y al Aeropuerto Internacional de Las Américas, tiene como propósito reforzar la seguridad regional y respaldar operaciones conjuntas enfocadas en la lucha contra el narcotráfico, en el contexto del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el presidente Abinader detalló que el acceso otorgado a Estados Unidos forma parte de un “permiso especial” y estará limitado en el tiempo, así como sujeto a supervisión directa de autoridades dominicanas. Específicamente, el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Control de Drogas acompañarán cada una de las operaciones autorizadas. El mandatario aclaró que la concesión responde a protocolos de cooperación bilateral previamente establecidos por ambos países, los cuales buscan fortalecer la protección aérea y marítima de la nación caribeña y dificultar el ingreso de narcóticos a través de sus fronteras.

Esta disposición se inscribe en el marco de la operación denominada ‘Lanza del Sur’, una iniciativa que, según Europa Press, ha sido esgrimida por Washington como justificación para realizar ataques a embarcaciones en aguas del mar Caribe. Las recientes acciones estadounidenses en la región han dejado cerca de 80 fallecidos en bombardeos efectuados tanto en el mar Caribe como en el Pacífico. Diversas organizaciones internacionales han expresado críticas a estos hechos, alertando sobre posibles violaciones al Derecho Internacional.

Durante la rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo dominicano subrayó que cada autorización estará sujeta a un control estricto y que el alcance del permiso es técnico, limitado y temporal. Reiteró que el objetivo central reside en incrementar la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas dominicanas frente al tráfico ilícito de drogas y avanzar en el cierre de vías de acceso para grupos dedicados a estas actividades.

Europa Press consignó que Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, manifestó su gratitud hacia las autoridades dominicanas y elogió la cooperación bilateral en materia de seguridad. Hegseth calificó al país como “líder regional en la lucha contra las drogas” y argumentó que “las acciones estadounidenses son el único idioma que entienden los narcotraficantes y las organizaciones terroristas”. Sus declaraciones apuntan a resaltar tanto el papel de República Dominicana como socio estratégico como la postura de Washington frente a la amenaza del narcotráfico.

La medida contempla la utilización de las instalaciones aéreas solo con aprobación previa y acompañamiento de personal dominicano en todos los procedimientos, tanto en el traslado de equipos como de personal técnico. Según Europa Press, el acuerdo no prevé la apertura permanente ni el desplazamiento masivo de tropas, sino intervenciones puntuales destinadas a atender situaciones específicas en la región.

Los detalles sobre la duración exacta de este permiso y la cantidad de operaciones que podrán realizarse bajo el mismo aún no han sido revelados. No obstante, las autoridades dominicanas recalcaron que toda acción en el contexto del acuerdo quedará bajo la supervisión y regulación del Estado dominicano.

Organizaciones internacionales que siguen de cerca la situación en el Caribe han manifestado inquietudes en torno a los procedimientos utilizados durante los ataques estadounidenses, según reportó Europa Press. Estas preocupaciones pivotan sobre la legalidad de los bombardeos efectuados y el respeto a las normas internacionales que gobiernan los conflictos armados y el uso de la fuerza.

El convenio actual entre República Dominicana y Estados Unidos forma parte de una tendencia más amplia de cooperación regional en materia de seguridad, particularmente frente a la amenaza representada por las rutas de tráfico de estupefacientes que atraviesan el Caribe. Según ha informado Europa Press, la lucha contra el narcotráfico continúa ocupando un lugar destacado en las agendas de ambos gobiernos, quienes buscan nuevas modalidades para compartir recursos, información y capacidad operativa.

Tanto Luis Abinader como Pete Hegseth coincidieron en señalar que el combate al narcotráfico requiere respuestas conjuntas y el fortalecimiento de las alianzas regionales. La decisión del gobierno dominicano, según evaluó Europa Press, introduce un nuevo elemento en la estrategia de contención de las redes de tráfico de drogas, al involucrar directamente a actores externos bajo parámetros definidos de cooperación y supervisión.

Si bien desde el Ejecutivo dominicano se destacó que no se prevé ninguna cesión de soberanía ni la instalación de bases permanentes de fuerzas extranjeras, el tema genera atención, en particular entre organizaciones internacionales que monitorean la situación de seguridad y los estándares legales que rigen la cooperación multilateral. Hasta el momento, no se han divulgado cifras concretas respecto al impacto directo de la operación ‘Lanza del Sur’, aunque los reportes consignados por Europa Press señalan que las operaciones militares estadounidenses han producido víctimas en la región y alimentado el debate sobre los límites en el combate al tráfico ilícito.

La evolución de la cooperación en materia de seguridad entre República Dominicana y Estados Unidos se irá desarrollando a medida que avancen las operaciones previstas bajo este acuerdo temporal, siempre en el marco de la legislación nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.