Fiscalía pide prisión sin fianza para Ábalos y Koldo por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, insistió durante la vista en el Tribunal Supremo en que ningún poder del Estado debería ostentar privilegios para evitar la responsabilidad penal, subrayando que la imagen de la Justicia vendada significa precisamente la igualdad ante la ley. De acuerdo con lo que reportó Europa Press, su firme postura formó parte de la solicitud presentada al magistrado Leopoldo Puente para que decrete prisión provisional e incondicional para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, al estimar que en este punto procesal existe un riesgo real de fuga previo al comienzo del juicio por la presunta trama de corrupción vinculada a la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

Según informó Europa Press, Luzón y las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular requirieron la medida de encarcelamiento, descartando cualquier opción de fianza. Sostienen que Ábalos y García podrían afrontar condenas de hasta 30 años de prisión, a raíz de los supuestos amaños en contratos públicos destinados a la compra de mascarillas en el contexto sanitario del Covid-19. El medio detalló que la petición se fundamenta en la gravedad de las penas solicitadas y en la evolución de la causa, donde las pesquisas han puesto a ambos acusados a un paso de sentarse en el banquillo.

La situación judicial alcanzó este nuevo nivel después de que, el pasado 3 de noviembre, el magistrado Puente propusiera juzgar tanto a Ábalos, como a García y al empresario Víctor de Aldama, a quienes se atribuye el supuesto cobro de comisiones por conceder contratos de material sanitario a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama. Según publicó Europa Press, la Fiscalía ha solicitado para Ábalos 24 años de prisión y para Koldo García 19 años y medio, acusándolos de delitos como pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, además de una multa cercana a los 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares, aparte de coincidir en estos delitos, añaden otros dos, prevaricación y falsedad documental, con lo que la petición de pena se eleva hasta los 30 años para ambos procesados.

En este contexto, Europa Press indicó que si el magistrado accede a la petición tanto de la Fiscalía Anticorrupción como de las acusaciones populares, Ábalos se convertiría en el primer diputado nacional en ejercicio en ingresar en prisión provisional en el Estado español. La defensa del exministro ha argumentado en la vista que el ingreso en prisión antes de que haya sentencia menoscabaría su derecho a la representación política. Carlos Bautista, abogado y exfiscal al frente de la defensa de Ábalos, manifestó ante el magistrado que encerrar a su cliente en esta fase sería una estrategia de presión para conseguir su colaboración con la Justicia, citando el caso del empresario Víctor de Aldama, quien tras permanecer semanas encarcelado optó por hacer una declaración "colaborativa".

Ábalos se presentó en la sede del Tribunal Supremo a las 9:12 de la mañana, mochila al hombro, donde una numerosa presencia de periodistas lo aguardaba. Según consignó Europa Press, en la parte final de la vista dirigió unas palabras al juez, asegurando que no existe ninguna posibilidad de fuga y subrayando que carece tanto de medios económicos como de lugares a donde desplazarse. Mientras aguardaba la decisión del juez, fue visto en uno de los patios internos del tribunal fumando un cigarrillo, en lo que, según fuentes citadas por Europa Press, ha sido interpretado como una señal del estado de ánimo del exministro, que se encuentra "destrozado".

En cuanto a Koldo García, su defensa alegó que el Supremo carece de competencia para investigarle o juzgarle en esta causa. La comparecencia de García tuvo lugar a las 12:25, en el horario previsto. Llegó a la sede judicial vestido de forma informal, acompañado de su abogada, Leticia de la Hoz, y evitó hacer declaraciones a los medios. En sala, el argumento de su representación consistió en destacar el arraigo de García en el país por ser padre y tener que cuidar de su madre, minimizando el riesgo de fuga. El propio García tomó la palabra para asegurar que no planea eludir a la Justicia y declaró ante el magistrado: "Todos tenemos derecho a aprender poco a poco", según fuentes recogidas por Europa Press.

Las acusaciones populares expresaron en la vista su oposición al argumento de la defensa de García sobre la supuesta incompetencia del Supremo, sosteniendo que, en este punto del procedimiento, el juez instructor ya ha propuesto enjuiciar tanto a Ábalos como a García y Aldama por el caso de las mascarillas, por lo que, según su criterio, la competencia está definida. Europa Press relató que, además, pusieron de relieve que este jueves mismo Aldama volvió a prestar declaración, esta vez ante la Audiencia Nacional, acerca de las adjudicaciones del material sanitario en Canarias.

Las vistas de este jueves, según explicó Europa Press, se convocaron a propuesta de Fiscalía y de las acusaciones privadas para valorar la pertinencia de las medidas cautelares existentes respecto de Ábalos y García. Hasta entonces, las restricciones consistían en la prohibición de abandonar el territorio nacional, la retirada de pasaportes y la obligación de presentarse en sede judicial cada quince días. Aunque en ocasiones previas las acusaciones han solicitado la prisión preventiva de los dos investigados, el magistrado se alineó con la postura del Ministerio Público, que hasta esta comparecencia había evitado solicitar la cárcel. Ahora, con la petición expresa de Anticorrupción, el juez debe valorar una posible modificación del marco cautelar, en un escenario donde las acusaciones incrementan la presión procesal sobre ambos encausados.

Europa Press informó también sobre el papel de Aldama en el desarrollo del caso. Este empresario, señalado como presunto intermediario de la trama, facilitó por medio de su confesión el avance de la investigación judicial respecto a la presunta red de adjudicación ilegal que, siempre según la Fiscalía y las acusaciones, habría tenido como líder al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Tanto Fiscalía como las acusaciones solicitan siete años de cárcel para Aldama, tras considerar en el cálculo de la pena una circunstancia atenuante por su colaboración.

Según los autos y alegaciones reflejados por Europa Press, estos hechos surgen de las operaciones irregulares detectadas en la contratación de mascarillas durante la emergencia sanitaria derivada de la Covid-19, operación en la que la Fiscalía ve indicios de delitos graves como malversación, prevaricación y cohecho, además de tráfico de influencias y falsedad documental en el caso de las acusaciones populares. Actualmente, el instructor analiza si procede modificar la situación personal de los acusados ante el escenario descrito, marcado por la cercanía del juicio y la gravedad de las penas solicitadas.