El PE pide garantías de que el control sobre el 'lobby' extranjero no estigmatiza la participación cívica

El pleno del Parlamento Europeo defenderá en las negociaciones con los 27 que la nueva ley para estrechar el control sobre las actividades de 'lobby' de potencias extranjeras como Rusia en la Unión Europea no se convierta en un instrumento para "señalar o penalizar" a otras entidades de la sociedad civil que buscan participar dentro de las reglas el debate público.

Así queda recogido en el mandato de negociación adoptado este jueves por los eurodiputados en Estrasburgo (Francia) y que establece las líneas rojas de la institución cuando el Consejo (gobierno) fije su propia posición y puedan empezar las conversaciones entre los colegisladores.

La normativa parte de una propuesta presentada por la Comisión Europea en diciembre de 2023 para responder ante los intentos de grupos de presión de terceros países que, como Rusia, China o Qatar, han intentado influir o desestabilizar la toma de decisiones en la UE.

La iniciativa de Bruselas propone, entre otros, crear un registro de transparencia para grupos de interés extranjeros y la obligación de informar si hay financiación exterior en actividades de representación dentro de la UE.

"La transparencia no es una cuestión ideológica, sino una condición básica para la confianza democrática. Bajo esta directiva, cualquier persona que busque influir en las decisiones en la UE en nombre de un gobierno extranjero deberá registrarse y ser visible. Se establecen normas claras y uniformes en toda Europa, sin etiquetar ni sobrecargar a las organizaciones legítimas", ha dicho en un comunicado la ponente del mandato de la Eurocámara, la eurodiputada y excomisaria europea Adina Valean.

A partir de la propuesta del Ejecutivo comunitario, los eurodiputados plantean modificaciones como introducir garantías de que, a diferencia de lo que ha ocurrido en algunos países con este tipo de leyes definidas como para frenar a "agentes extranjeros", se convierta en una herramienta de estigmatización que dificulte la participación cívica.

Por ello, los eurodiputados insisten en que la directiva no deberá ser utilizada para "penalizar o señalar" a entidades como las organizaciones de la sociedad civil, ni deberá buscar el veto o requerimiento de declaración de financiación de terceros a entidades que no estén vinculadas con las actividades de 'lobby'.

Para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas, las autoridades nacionales deberán tener un registro obligatorio interconectado con el resto de Estados miembros a través de un portal centralizado, según ha indicado la Eurocámara en un comunicado.

Después del registro, las entidades contarán con un número europeo único de representación de intereses (EIRN, en inglés) válido para toda la UE y en el que los datos deberán presentarse de manera objetiva y neutral.