El Congreso tumba la senda de déficit del Gobierno con una mayoría absoluta en contra

El rechazo de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el periodo 2026-2028 en el Congreso provoca la aplicación de una senda alternativa, que implica una reducción en la capacidad de gasto de las comunidades autónomas. De acuerdo con la información publicada por el medio, la votación se saldó con una mayoría absoluta en contra de la propuesta del Gobierno, al contar con los votos negativos del Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN), dejando así en entredicho la aprobación de futuros presupuestos generales y restringiendo el margen de maniobra financiera de los gobiernos autonómicos.

Según detalló el medio, el Pleno del Congreso votó en contra de los objetivos de déficit y deuda planteados por el Ejecutivo para el conjunto de las administraciones durante el trienio 2026-2028. Se trataba de un trámite necesario para la posterior presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. La propuesta del Gobierno, respaldada por PSOE, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Coalición Canaria y Bloque Nacionalista Galego (BNG), no logró reunir suficientes apoyos. Mientras tanto, Podemos y la diputada de Compromís vinculada al Grupo Mixto, Águeda Micó, optaron por la abstención en la votación.

El medio informó que este revés constituye el quinto intento fallido del Ejecutivo para aprobar la senda de déficit a lo largo de la presente legislatura. El Gobierno se ha enfrentado en anteriores ocasiones a la negativa, ya sea porque el PP ha bloqueado la medida en el Senado, o porque Junts se ha desvinculado del bloque de investidura y ha rechazado la propuesta en la Cámara Baja.

El Ministerio de Hacienda anunció, según consignó el medio, que volverá a presentar la misma senda de estabilidad en sesiones próximas. Si se produce un nuevo rechazo, el Ejecutivo seguirá adelante haciendo uso de la senda de déficit que envió a la Comisión Europea en 2023, en el marco del programa de estabilidad. Este procedimiento cuenta con el respaldo de la Abogacía del Estado, que ya lo avaló cuando el Senado denegó los objetivos de estabilidad en dos ocasiones durante 2024 y los devolvió al Consejo de Ministros. A pesar de estar habilitada jurídicamente, esta vía secundaria impone límites más estrictos al gasto de las comunidades autónomas, según subrayó el medio.

En cuanto a los detalles del plan rechazado, los objetivos de estabilidad estipulaban un descenso paulatino del déficit público global, partiendo de un 2,1% en 2026, hasta alcanzar el 1,8% en 2027 y el 1,6% en 2028. Los objetivos por subsectores especificaban que las comunidades autónomas contarían con un déficit del 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) para los años 2026, 2027 y 2028; los ayuntamientos debían mantener las cuentas en equilibrio durante ese mismo periodo. Para la Administración General del Estado, los topes previstos eran un déficit del 1,8% en 2026, del 1,5% en 2027 y del 1,4% en 2028. El sector de la Seguridad Social tenía como meta un déficit del 0,2% para 2026 y 2027, reduciéndose al 0,1% en 2028. Además, el Gobierno proponía como 'techo de gasto' la cifra de 216.177 millones de euros para 2026, la más alta hasta la fecha, según reportó la fuente.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prevé presentar el proyecto de Presupuestos Generales de 2026 en el Congreso durante los primeros meses del próximo año. Según las declaraciones recogidas por el medio, la intención es que las cuentas públicas puedan someterse a votación y aprobarse en abril o mayo del año siguiente, con el propósito de mantener la continuidad institucional y financiera.

El medio apuntó que, si la nueva senda tampoco encuentra respaldo en la Cámara Baja, el Ejecutivo dispondrá del mecanismo extraordinario ya empleado con anterioridad para sortear la falta de apoyos y ajustarse a los compromisos de estabilidad presupuestaria adoptados ante las instituciones europeas. En los antecedentes citados, la Abogacía del Estado avaló este procedimiento, permitiendo así la presentación de presupuestos apoyados en la senda transmitida a Bruselas en 2023.

El rechazo pone de manifiesto las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus propuestas en materia de control del déficit y gestión de la deuda pública en un contexto de fragmentación política y negociación constante con distintas fuerzas parlamentarias. Según el medio, la falta de consenso también genera incertidumbre sobre la financiación de las comunidades autónomas, que afrontan la perspectiva de un margen de gasto más reducido mientras se mantenga el bloqueo a los objetivos de estabilidad presupuestaria promovidos por el Ejecutivo.