India decidió no dar curso, por el momento, a la solicitud de extradición presentada por las autoridades de Bangladesh para la ex primera ministra Sheij Hasina, cuya situación judicial ha adquirido notoriedad internacional tras sucesivas condenas dictadas en su contra. Según informó el medio bangladés 'The Daily Star', el país asiático reiteró su posición tras la más reciente sentencia contra Hasina, quien permanece en territorio indio desde que abandonó Bangladesh.
Un tribunal de Daca condenó a la ex mandataria de 78 años a una pena de 21 años de prisión por cargos de corrupción relacionados con irregularidades en la obtención de terrenos en la capital. Tal como publicó 'The Daily Star', este fallo llega apenas una semana después de que la ex jefa de gobierno fuese sentenciada a muerte en rebeldía por crímenes contra la humanidad, resultantes de la represión de las protestas que se desataron en el verano de 2024.
La condena por corrupción abarca tres causas distintas y no solo afecta a Sheij Hasina. Sus dos hijos, Sayib Uazed Joy y Saima Uazed Putul, también enfrentan medidas penales: cada uno recibió una pena de cinco años de prisión por cada uno de los casos, según consignó el medio bangladeshí. En total, el proceso judicial involucra a 22 personas. Otras 19 personas recibieron penas de cárcel de diversa magnitud, mientras que solo un extrabajador del Ministerio de Vivienda y Obras Públicas fue absuelto, quedando como el único exonerado en el proceso que promovió la Comisión Anticorrupción.
Bangladesh renovó la solicitud de extradición hacia India tras la condena por la represión, cuyas consecuencias incluyeron la muerte de 1.400 personas durante movilizaciones que ocurrieron entre los meses de julio y agosto de 2024. Según detalló 'The Daily Star', las manifestaciones se originaron por el rechazo social a un controvertido sistema de cuotas que reservaba más del 50% de los empleos públicos a familiares de antiguos combatientes de la guerra de independencia.
La salida de Hasina hacia la India se produjo después de que la justicia bangladeshí la declarara responsable de ordenar la represión. A raíz de estos hechos, también a principios de julio, Sheij Hasina recibió una condena adicional de seis meses por desacato, según informó el medio bangladeshí. Dicho fallo se inscribió en el contexto de las acusaciones por crímenes de lesa humanidad que se le atribuyen por la vez que ordenó el uso de la fuerza durante las protestas masivas.
La ex primera ministra rechazó todos los cargos que enfrenta y denunció la falta de imparcialidad en los tribunales que llevaron adelante los procesos, según consignó 'The Daily Star'. Mientras tanto, la Comisión Anticorrupción, responsable de impulsar las causas judiciales, sigue interviniendo en el esclarecimiento de diversas denuncias de corrupción, especialmente vinculadas a manejos irregulares de bienes inmuebles y procedimientos administrativos en el sector público.
Los gobiernos de la región, incluido el de India, han manifestado posiciones firmes en relación al contexto judicial de Hasina, rechazando hasta el momento la posibilidad de autorizar su traslado forzoso para enfrentar a la justicia en su país de origen, de acuerdo con la información publicada por 'The Daily Star'. La situación de Sheij Hasina se mantiene como uno de los principales focos de atención política y judicial en el sur de Asia ante la confluencia de decisiones legales, reclamaciones diplomáticas y el impacto social derivado de los hechos recientes.
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