Migrantes españoles en Países Bajos: promesas falsas, condiciones abusivas y casa precaria

Utrecht (Países Bajos), 24 nov (EFE).- Cientos de jóvenes españoles que emigran a Países Bajos para trabajos de baja cualificación describen un sistema que los atrapó entre falsas promesas, deducciones salariales, vivienda precaria y miedo constante a perder empleo y techo a la vez. Sus testimonios apuntan a un patrón que sindicatos y abogados califican de explotación encubierta.

Luis Pereira, 26 años, llegó por su cuenta desde su A Coruña natal. Tras seis meses en un primer empleo, cambió a otra agencia atraído por “dos euros más la hora” en un trabajo de movimiento de carga en el aeropuerto, y ahí descubrió el resto: “Me bloqueaban el registro municipal, retrasaban los trámites, escondían información”, relató a EFE al término de su jornada.

Vivía en una residencia con habitaciones de apenas 5 metros cuadrados y ducha compartida entre diez personas. El empadronamiento lo convierte en un ciudadano más de Países Bajos, con obligaciones para la empresa, y derechos para el trabajador, incluidas ayudas al seguro médico para salarios bajos como el suyo, cursos de neerlandés para integrarse en la sociedad, y protección social.

Pero, cuando intentó empadronarse, la agencia paralizó su petición y cerró su contrato justo antes de finalizar cuatro meses, el límite que permite a un trabajador no constar en el padrón municipal como residente y periodo en el que está totalmente desprotegido.

Su problema es el de tantos migrantes que acuden a Países Bajos atraídos con promesas de sueldos dignos y derechos laborales: firmó el contrato de trabajo y de alquiler en un único documento, lo que lo dejaba automáticamente en manos de la agencia. “Pueden manejarte mucho mejor, porque al final ellos contratan horas, no personas”, dice Luis, apuntando a que “si pierdes las horas, pierdes la casa”.

Valentín Fuentes del Burgo (34 años, Ciudad Real) llega a la entrevista acompañado de compañeros españoles en su misma situación, para hablar con EFE antes de empezar su turno nocturno de trabajo.

Cuenta un patrón similar al de Luis: reclutado con porcentajes falsos de salario y promesas de trabajos “sin esfuerzo físico”, dejó un empleo estable en España, pero al llegar a Países Bajos se encontró cargando cajas pesadas ocho horas diarias y cobrando “dos veces menos de lo prometido”. Intentó pedir explicaciones, pero “siempre excusas, nunca claridad”, lamenta este padre de una niña que llegó buscando un sueldo digno.

Describe que su alojamiento era parecido a un “hostal destartalado”: basura en las habitaciones, ventanas bloqueadas, hacinamiento y un coordinador que funcionaba “como un matón”. Explica que la agencia controlaba horarios, seguro médico y hasta el acceso a un médico: “Tienes seguro, pero no sabes cuál. Si te pasa algo, dependes de que te contesten un email”, dice.

Cuando fue a pasar unos días en un hotel con su madre, que le vino a visitar, la agencia le bloqueó la puerta y lo dejó sin casa y sin empleo.

La federación de sindicatos neerlandeses FNV confirma esta cadena “caótica” de unos 800.000 trabajadores migrantes, principalmente europeos, explotados en horticultura, logística, construcción o mataderos, la mayoría contratados a través de una de las 20.000 agencias temporales.

El presidente del FNV, Dick Koerselman, sostiene que la dependencia es deliberada: salarios bajos, deducciones altas, viviendas precarias y contratos breves que impiden acumular derechos. “Si se quejan, los sacan del trabajo, pierden la casa, y acaban en la calle”.

Imágenes recopiladas por el FNV muestran piernas de un trabajador cubiertas de picaduras de chinches, colchones sucios tirados en el suelo, habitaciones que parecen garajes o naves industriales, humedades, cámaras de videovigilancia dentro del alojamiento y, en general, condiciones claramente insalubres.

Eva González Pérez, abogada hispano-neerlandesa, documenta desde 2022 los mismos patrones: horas no pagadas, deducciones ilegales, viviendas inadecuadas, habitaciones compartidas por varias personas, agencias que impiden el registro y trabajadores sin derechos mínimos.

Muchos no denuncian por miedo a perder empleo, vivienda y seguro médico a la vez, dice. Otros ni siquiera tienen número de identificación, y no pueden acceder a servicios básicos ni asistencia jurídica: permanecen invisibles en el sistema.

Esta abogada fue la primera en dar la voz de alarma sobre el caso que costó a Mark Rutte su tercera legislatura en 2021 por discriminación de la agencia tributaria contra decenas de miles de padres acusados sin fundamento de fraude fiscal.

González Pérez ve similitudes entre ambos casos: la dejadez del gobierno ante un secreto a voces. Describe traslados diarios de más de 200 kilómetros entre vivienda y empleo para impedir que los trabajadores se integren en su entorno o conozcan sus derechos, y relata instrucción directa a trabajadores para mentir al ayuntamiento: “Les dicen que no digan que llevan más de cuatro meses”.

La Inspección de Trabajo reconoce desde hace años que no logra controlar el sistema, que casi ningún caso acaba en sanción y las víctimas no reciben protección. Mientras, el número de trabajadores migrantes sin hogar crece: ya son unos 10.000, el 60 % del total de personas que viven en la calle, según el Ejército de Salvación.

Luis y Valentín insisten en lo mismo: “Quien venga tiene que saber a qué se enfrenta”, un sistema donde su vida laboral y sus derechos más básicos dependen del mismo intermediario, y donde una queja puede traducirse en perderlo todo en un día.

Imane Rachidi

La Haya, 24 nov (EFE).- El presidente de la federación sindical neerlandesa FNV, Dick Koerselman, denuncia una “situación de completo caos” en el trato a los trabajadores migrantes en Países Bajos, incluidos cientos de españoles, y alerta de un sistema que combina dependencia del empleado de las agencias temporales, viviendas precarias y riesgos de seguridad laboral.

"La situación en Países Bajos es un completo caos cuando se trata de trabajadores migrantes. Pasa de todo”, afirma, en una entrevista con EFE. Calcula “unas 800.000 personas migrantes” trabajando en el país, aunque reconoce que “sigue siendo una incógnita cuántos hay exactamente”, mayormente concentrados en “sectores donde los salarios son bajos: horticultura, centros de distribución, mataderos, la construcción, la hostelería”.

Proceden de países como Polonia, Bulgaria, Rumanía, y también España, Portugal y Grecia, y, subraya Koerselman, “la gran mayoría ni siquiera está contratada directamente por la empresa, son cedidos por una agencia de empleo temporal”, generando “una situación de dependencia”.

Los empleados, reclutados con promesas falsas de sueldos y condiciones dignas, están siempre “de invitados en la empresa” y “a menudo se los trata con desprecio”, convirtiéndolos “en trabajadores de segunda categoría”.

El dirigente sindical describe un proceso que empieza ya en el país de origen: “Se les prometen maravillas, trabajos fantásticos y luego acaban colocadas en los niveles más bajos del mercado laboral y siempre a través de una agencia”.

La vivienda es un eslabón central de esa dependencia. “Suele estar vinculada al contrato de trabajo”, señala, y ese alojamiento puede limitarse a “solo una habitación, compartir baño con mucha gente o incluso una cama. Es impensable, pero ocurre”.

En un país que afronta una grave crisis de vivienda, muchas agencias recurren incluso a parques vacacionales y campings para alojar en camas, ni siquiera habitaciones, a los trabajadores. Las agencias compran edificios en comunidades locales a precios mayores que los que ofrecen los residentes locales, para alojar masivamente a trabajadores migrantes, agravando esa crisis.

El Gobierno interino retiró en octubre una propuesta anterior para prohibir la posibilidad de deducir un 25 % del salario mínimo de los trabajadores migrantes por la vivienda.

Koerselman añade que “unas 20.000 agencias temporales operan en un país tan pequeño” y montar una es sencillo porque no hay ninguna licencia, un requisito abolido en 1998, aunque se recuperará en 2027. El sindicalista insiste en que esta estructura no es accidental: “Se ha creado una industria alrededor del trabajo, la vivienda y el transporte. Los empleadores ganan dinero con las tres cosas. Con un trabajador neerlandés solo ganan una vez, y eso les basta”.

La consecuencia es que “muchas personas nunca obtienen un contrato fijo, se quedan siempre en los grupos salariales más bajos y tienen que pagar gran parte de lo que ganan por una vivienda que, además, suele ser muy mala. No pueden construir una vida aquí”.

“Los trabajadores migrantes parten con desventaja porque no hablan el idioma, ni entienden bien cómo funciona el país”, dice, y alerta de que, si protestan, “corren el riesgo de que dejen de subcontratarlos o los despidan”, lo que implica un riesgo inmediato: “Si alquilas la vivienda a través de la agencia, perder el trabajo implica perder también la casa. Acabas en la calle y caes en la pobreza”.

El número de trabajadores migrantes sin techo va en aumento: ya son unos 10.000, el 60 % del total de personas que viven en la calle, según el Ejército de Salvación.

Koerselman sostiene que las agencias que actúan mal "tienen un único objetivo: ganar mucho dinero a costa de otros. Buscan todos los resquicios para saltarse incluso las pocas reglas que existen, así dejan a los trabajadores migrantes desamparados”.

También avisa sobre los riesgos laborales: “Cada 28 de abril celebramos el Día en Recuerdo de los Trabajadores para recordar a los que han muerto en el trabajo y las cifras muestran que los trabajadores migrantes son, proporcionalmente, víctimas frecuentes de accidentes laborales”.

Parte de esos incidentes quedan ocultos: “A muchos migrantes se les presiona para decir que el accidente ocurrió en su tiempo libre e incluso, a veces, los retiran de la obra cuando están heridos. Es inaceptable, terrible, pero real”. Según afirma, muchos accidentes se producen porque “los migrantes realizan tareas muy peligrosas, como en la construcción”.

La oficina de estadística confirma que la mayoría llega joven, solos y con empleos inestables, lo que aumenta la rotación y dificulta la protección laboral, en un momento en que Países Bajos depende masivamente de mano de obra extranjera.

Mientras crecen las alertas de inspectores laborales y organismos contra la trata de seres humanos, Koerselman advierte de que, sin cambios profundos, el actual modelo “deja a los trabajadores migrantes en una situación de dependencia permanente y sin derechos”.