Bolivia celebrará elecciones municipales y regionales el 22 de marzo de 2026

Organizaciones sin registro legal previo al 20 de agosto de 2023 quedan fuera de la contienda, medida que excluye nuevas alianzas y figuras relevantes del escenario, según ratificó el Tribunal Supremo Electoral tras la promulgación de la ley especial

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La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia de exigir personalidad jurídica registrada antes del 20 de agosto de 2023 como requisito para competir en las próximas elecciones subnacionales representa un cambio fundamental en el proceso político del país, según consignó El Deber. Esta disposición, establecida tras la aprobación de la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales Regionales y Municipales, deja fuera de la contienda a nuevas agrupaciones, plataformas y alianzas que no hayan completado los trámites legales previos a la fecha límite, incluyendo a figuras de perfil alto como el expresidente Evo Morales, impulsor de la plataforma Evo Pueblo, y Jorge Tuto Quiroga, quien promovía Alianza Libre. De acuerdo con El Deber, esta normativa modifica las reglas existentes en procesos previos, donde nuevas corrientes políticas podían ingresar a la contienda a escasos meses del proceso electoral.

La fecha fijada para las elecciones municipales y regionales es el 22 de marzo de 2026, y el calendario oficial prevé que las nuevas autoridades subnacionales asuman funciones el 3 de mayo del mismo año. El cronograma electoral, detallado por El Deber, contempla la elección simultánea de gobernadores, alcaldes, concejales y legisladores departamentales en los nueve departamentos de Bolivia, con más de 5.000 autoridades en juego y la participación de millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

La promulgación de la ley especial respondió a los plazos exigidos por el parlamento para activar el proceso electoral subnacional, obligando a las autoridades a definir rápidamente los criterios y la estructura organizativa de los comicios, informó El Deber. El Tribunal Supremo Electoral formalizó la convocatoria a la ciudadanía apenas horas después de la aprobación de la norma, y anunció que el proceso se regirá íntegramente por lo estipulado en la nueva ley y las disposiciones previas de la institución.

El alcance de la restricción sobre la personalidad jurídica afecta directamente a la configuración del escenario político nacional y regional, restringiendo la competencia a partidos y alianzas que hayan obtenido reconocimiento legal antes de la fecha límite. Según publicó El Deber, esto implica que cualquier iniciativa ciudadana, movimiento o agrupación originada después del 20 de agosto de 2023 queda excluida automáticamente, sin margen para excepciones ni para el ingreso de nuevas figuras, no obstante su relevancia pública o electoral.

La norma establece que la verificación y habilitación de alianzas y candidaturas estará sujeta a un control legal estricto. Cada partido o alianza deberá demostrar la autenticidad y vigencia de su reconocimiento jurídico ante el TSE, que llevará a cabo una revisión minuciosa hasta definir el listado final de postulantes autorizados para competir. El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, declaró que la personalidad jurídica no constituye únicamente un trámite administrativo, sino que representa la garantía básica de transparencia y legitimidad para el proceso electoral, consignó El Deber. El funcionario argumentó que limitar la competencia a organizaciones con trayectoria y validez reconocida aporta claridad y certeza a la ciudadanía respecto a los actores que pueden ser elegidos.

El procedimiento para la integración de los candidatos seguirá los lineamientos y reglamentos surgidos de la entrada en vigor de la nueva ley. Este marco normativo regula cada etapa del proceso desde la inscripción de aspirantes hasta el desenvolvimiento de la jornada electoral, incluyendo la posibilidad de una segunda vuelta en caso de que no se alcance la mayoría absoluta requerida en los cargos ejecutivos departamentales, informaron fuentes del tribunal y reportó El Deber.

A diferencia de elecciones anteriores, la actual regulación impide el acceso de plataformas políticas que surjan en respuesta a coyunturas inmediatas, aun cuando cuenten con proyección nacional, regional o respaldo de liderazgos de peso. El Deber subrayó que esta barrera refuerza la composición del sistema político boliviano en torno a fuerzas preexistentes y consolidadas desde el punto de vista legal. De este modo, la renovación de autoridades subnacionales para el periodo 2026-2030 queda reservada únicamente a partidos y alianzas que hayan cumplido con los requisitos de inscripción y registro antes de la fecha señalada por la ley.

La organización y logística de la elección despliega un esfuerzo coordinado a nivel nacional entre el TSE y las autoridades regionales y locales. Participarán millones de votantes, que elegirán a representantes en nueve gobernaciones, 342 alcaldías, concejos municipales y organismos legislativos departamentales, según constató El Deber. La magnitud del padrón y el diseño simultáneo de los comicios refuerzan el carácter centralizado y normado del ejercicio electoral.

Esta exclusividad en la habilitación de participantes responde, según fuentes judiciales del tribunal citadas por El Deber, a la intención de fortalecer el control legal y la previsibilidad política de todo el proceso, brindando certidumbre no solo a los partidos y alianzas en competencia sino también al electorado. Las autoridades insisten en que las condiciones serán iguales para todas las agrupaciones habilitadas y que no habrá espacio para excepciones, reiterando que la finalidad de la normativa se sitúa en blindar la transparencia y la certidumbre ciudadana respecto a los comicios.

La aplicación de la cláusula de personalidad jurídica emerge así como el factor determinante de la configuración del mapa electoral boliviano para 2026. Su impacto delimita el acceso a la contienda y excluye movimientos recientes o plataformas impulsadas por líderes reconocidos, lo que marca una diferencia notoria respecto a reglas y prácticas anteriores, concluyentes en la consolidación del listado definitivo de partidos capaces de presentar candidatos en las urnas del 22 de marzo de 2026, según detalló El Deber.