La ONG Human Right Watch (HRW) ha denunciado este jueves que el desplazamiento forzado de palestinos durante las operaciones militares llevadas a cabo por el Ejército israelí en tres campamentos de refugiados de Cisjordania desde el pasado mes de enero "constituye crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad", motivo por el que ha reclamado que los responsables rindan cuentas.
"Las autoridades israelíes desalojaron a principios de 2025 a 32.000 palestinos de sus casas en los campos de refugiados de Cisjordania sin tener en cuenta las protecciones legales internacionales y no les han permitido regresar", ha afirmado la investigadora senior de los derechos de los migrantes y refugiados de HRW, Nadia Hardman.
"Con la atención global centrada en Gaza, las fuerzas israelíes han perpetrado crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y una limpieza étnica en Cisjordania, lo que debe ser investigado y por lo que se deben abrir procesos judiciales", ha sostenido.
En este sentido, ha afirmado que "la escalada de abusos" cometida por Israel en Cisjordania "pone de manifiesto por qué los gobiernos, a pesar del frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, deben actuar con urgencia para impedir que las autoridades israelíes intensifiquen la represión contra los palestinos".
La ONG ha instado a la comunidad internacional a presionar a Israel para que ponga fin a sus políticas represivas y a imponer un embargo de armas, así como suspender acuerdos comerciales con Israel, prohibir el comercio con los asentamientos ilegales y hacer cumplir las órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI), dictadas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
El informe, de 105 páginas, ofrece detalles sobre la llamada operación 'Muro de Hierro' del Ejército israelí, una serie de operaciones militares llevadas a cabo en los campamentos de refugiados de Yenín, Tulkarem y Nur Shams que comenzaron el pasado 21 de enero, días después de que se anunciara un alto el fuego temporal en el enclave palestino.
La ONG ha entrevistado a 31 palestinos desplazados de tres campamentos distintos, mientras que también ha analizado imágenes satelitales y órdenes de demolición del Ejército que certifican la "destrucción generalizada" en la zona. Los investigadores también han revisado imágenes y vídeos de las operaciones.
El informe detalla que las fuerzas israelíes irrumpieron en el campamento de refugiados de Yenín el 21 de enero con un importante despliegue de helicópteros Apache, drones, excavadoras y vehículos blindados, y que llevaron a cabo numerosas demoliciones de viviendas, un escenario que se repitió el 27 de enero en Tulkarem y el 9 de febrero en Nur Shams.
La ONG ha alegado que el Ejército no proporcionó refugio o asistencia humanitaria a los residentes desplazados, muchos de los cuales tuvieron que quedarse temporalmente en casas de conocidos y amigos, así como en mezquitas, escuelas y organizaciones benéficas.
"Era como el escenario de una película. Algunos llevaban máscaras y portaban todo tipo de armas. Uno de los soldados dijo: 'Aquí ya no tienes casa. Tienes que marcharte'", relata a HRW una mujer de 54 años testigo de las operaciones del Ejército.
Según las imágenes satelitales analizadas por HRW, más de 850 viviendas han sido destruidas o dañadas en los tres campos seis meses después de empezar las operaciones. Otra evaluación del Centro de Satélites de Naciones Unidas realizada en octubre de 2025 determinó que un total de 1.460 edificios resultaron daños en Yenín, Tulkarem y Nur Shams, incluyendo 652 con daños moderados.
Los militares israelíes han demolido y despejado espacios para, aparentemente, facilitar rutas de acceso más amplias dentro de los propios campamentos, a la par que han bloqueado todas las entradas y han impedido a los residentes regresar.
INVESTIGACIÓN CONTRA ALTOS FUNCIONARIOS
La ONG ha pedido una investigación contra altos funcionarios israelíes, incluido Netanyahu, por las operaciones llevadas a cabo por el Ejército en los campamentos de refugiados, y ha instado a los gobiernos a "imponer sanciones" contra los responsables implicados en "graves abusos" cometidos en los territorios palestinos ocupados.
La ONG ha señalado como principales responsables de estas operaciones al actual jefe del Comando Central, Avi Bluth, así como al ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa Herzi Halevi y a su sucesor, Eyal Zamir. Human Right Watch también ha pedido una investigación contra el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, y el actual titular de Defensa, Israel Katz.
La organización no gubernamental ha recordado que el artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, aplicable en los territorios palestinos ocupados, prohíbe el desplazamiento de civiles, salvo temporalmente por razones militares imperativas o para la seguridad de la población.
En virtud de dicha legislación internacional, los desplazados tienen derecho a protección y a un alojamiento adecuado. Asimismo, la "potencia ocupante" debe garantizar el retorno de las personas desplazadas tan pronto como cesen las hostilidades en la zona.
HRW ha determinado en su extenso informe que las autoridades israelíes no han hecho "ningún intento evidente por demostrar que su única opción viable era la expulsión total de la población para lograr sus objetivos ni por qué ha prohibido el regreso de los residentes".
Las redadas, ha reiterado la ONG, se llevaron a cabo mientras el foco estaba puesto en la Franja de Gaza, donde las autoridades israelíes han cometido "crímenes de guerra", "limpieza étnica" y "crímenes contra la humanidad", incluyendo "desplazamiento forzado y "exterminio y actos de genocidio".
Además, desde el inicio de la ofensiva en el enclave palestino, las autoridades israelíes han intensificado el uso de la detención administrativa sin cargos ni juicio y la construcción de asentamientos ilegales, mientras que se ha intensificado la violencia por parte de los colonos.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) estableció los tres campamentos a principios de la década de 1950 para albergar a los palestinos que fueron expulsados e sus hogares o se vieron obligados a huir tras la creación del Estado de Israel en 1948.
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