
La ministra de Sanidad, Mónica García, expresó la intención del Gobierno de que el nuevo Estatuto Marco del personal sanitario entre en vigor en 2026, con el objetivo de responder a la estabilidad y las condiciones laborales solicitadas por el sector durante las últimas dos décadas. Según publicó Europa Press, García descartó la posibilidad de que los médicos cuenten con una normativa propia y específica, señalando que la mayoría de las demandas históricas de este colectivo y del resto del personal estatutario ya han quedado recogidas en el borrador, que actualmente cuenta con el respaldo de los principales sindicatos.
De acuerdo con las declaraciones difundidas por Europa Press, el texto está en la fase final del proceso de negociación entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales. García destacó que el Estatuto Marco vigente data de hace veintidós años y, a su juicio, ha contribuido a la precariedad, temporalidad e inestabilidad laboral sufridas por los profesionales sanitarios en el Sistema Nacional de Salud. “Una vez sacado del cajón, no es poco complejo, pero sí que es verdad que el nuevo texto reúne la disminución de las guardias, las horas de guardia, la disminución de la jornada laboral, la disminución de los límites de trabajo semanales y anuales, reduce al mínimo, a dos años, la temporalidad, como marca, por cierto, una sentencia europea. Pone en el centro los derechos a la conciliación, los derechos a poder investigar y formarse durante la jornada laboral. En definitiva, pone todas aquellas reivindicaciones que llevamos demandando los profesionales desde hace muchas décadas”, afirmó la ministra en el programa 'La hora de La 1' de TVE, recogido por Europa Press.
La ministra matizó que el nuevo texto incorpora cuestiones demandadas durante años, como la limitación de guardias y la reducción de la jornada laboral, así como el establecimiento de un tope a la temporalidad a dos años, en línea con lo exigido por la legislación europea. Detalló que el Estatuto Marco también contempla derechos en materia de conciliación familiar y profesional, junto con la posibilidad de destinar tiempo de la jornada laboral a investigación y formación, aspectos solicitados por el colectivo sanitario y que, según explicó, no estaban suficientemente regulados en el marco actual.
García defendió la creación de un capítulo específico para la profesión médica dentro del Estatuto, pero rechazó la propuesta de crear un texto normativo independiente para dicho colectivo. Argumentó que otorgar un marco diferenciado solo para los médicos resultaría “inasumible” y calificó como un “gravísimo error” cualquier tentativa de priorizar al sector médico sobre el resto de profesionales sanitarios integrados en el Estatuto Marco. “Ellos lo saben (...), e insisto, no hay ni una sola comunidad que lo apoye, no hay ni un solo partido político que apoye esa demanda, por eso yo creo que es inasumible”, añadió durante la entrevista.
En relación con la diversidad de criterios y competencias que existen entre el Estado y las comunidades autónomas, García recordó que muchas de las demandas formuladas por los profesionales pueden entrar en conflicto con las competencias autonómicas en materia de sanidad. Según informó Europa Press, la ministra apeló a distinguir claramente el ámbito de aplicación del Estatuto Marco respecto a lo que compete a cada región. Con un símil futbolístico, explicó: “El Estatuto Marco, si nos ponemos en términos futbolísticos, es el que marca las normas, el que marca el área, lo que es gol, lo que es penalti, pero luego cómo se disponen los jugadores, cómo se les paga a los jugadores o al árbitro, eso lo ponen las comunidades autónomas”.
La ministra de Sanidad puntualizó que existen diferencias notables entre regiones respecto a los salarios y retribuciones del personal sanitario, tanto por las horas de guardia como por otros complementos. Según precisó, son las comunidades autónomas quienes determinan estos pagos, pero el Estatuto Marco establecerá unos mínimos obligatorios para garantizar condiciones homogéneas, como límites en la jornada laboral y horas de guardia, además de períodos mínimos de descanso para todos los profesionales del sector. De este modo, el documento busca que los derechos laborales de los sanitarios sean respetados y que existan estándares básicos en todo el territorio.
Durante la entrevista recuperada por Europa Press, García también abordó la problemática de la privatización y externalización de servicios en el ámbito de los cribados de cáncer. Al ser consultada sobre los datos concretos que deben remitir las comunidades autónomas relativos a estos programas, la ministra señaló que la recopilación de información resulta esencial para que los ciudadanos recuperen la confianza en los sistemas sanitarios regionales, sobre todo en aquellas comunidades bajo gobiernos del Partido Popular. Insistió en que los programas de cribado de cáncer de mama, cérvix y colon constituyen la “piedra angular” del sistema de prevención y detección temprana, lo que permite abordajes menos invasivos y mayor eficacia en los tratamientos.
García se refirió también a la resistencia inicial de ciertas comunidades autónomas a facilitar los datos requeridos sobre los cribados, atribuyendo esta reticencia a lo que calificó como un nuevo ataque a la sanidad pública por parte de algunas administraciones. Según observó Europa Press, la ministra sostuvo que los problemas de notificación se relacionan directamente con los procesos de externalización y privatización que han fragmentado la gestión de los cribados. Argumentó que la atomización del proceso, a través de su reparto entre la atención primaria, empresas privadas y otros actores, dificulta el control directo sobre las distintas fases, lo que lleva a errores y pérdida de supervisión global.
A lo largo de la entrevista, la titular de Sanidad reiteró que el propósito del nuevo Estatuto Marco consiste en establecer bases sólidas que garanticen condiciones laborales dignas para el personal sanitario y refuercen el funcionamiento del sistema público, con la expectativa de dejar atrás las situaciones de incertidumbre e inestabilidad vividas en los últimos veinte años. La ministra manifestó su confianza en que este paso permitirá una mejora estructural para el conjunto de trabajadores del sector, siempre atendiendo a las especificidades propias de cada colectivo pero dentro de un marco común aplicable en todo el país.
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