
La Defensoría del Pueblo de Colombia precisó que seis menores murieron a causa de la reciente operación militar contra disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco' en el departamento de Guaviare. En un comunicado recogido por el medio que originalmente difundió la noticia, la entidad subrayó que las víctimas formaban parte de un grupo de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, a la vez que se recuperaron otros cuatro cuerpos no identificados durante el operativo, ocurrido esta semana y que cobró 19 vidas en total.
Según publicó la fuente informativa, las acciones militares han provocado intensos debates sobre la legitimidad del operativo y la protección de los derechos fundamentales de los menores involucrados en el conflicto. Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, enfatizó que el ataque representa un resultado doloroso de un fenómeno prolongado, en el que cientos de niños y adolescentes terminan reclutados por grupos armados por la falta de protección, quedando expuestos a ser considerados objetivos militares. El organismo insistió en que, aunque los menores pierden su estatus de civiles al ser involucrados en actividades de combate, eso no supone autorización para ataques indiscriminados, recordando que el Derecho Internacional Humanitario establece límites claros incluso en contextos de confrontación.
El medio consignó que, además del informe de la Defensoría, Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, reconoció la presencia de menores entre los fallecidos. Ante las críticas surgidas, el funcionario defendió la legalidad de la operación, argumentando que todas las maniobras se fundamentaron en una amenaza inminente contra veinte soldados y que los bombardeos militares siempre representan el último recurso en el abanico de opciones tácticas. Para Sánchez, el reclutamiento de menores por parte de los grupos armados ilegales constituye un crimen de guerra y remarcó que "quien se involucra pierde toda protección", en referencia a la condición de combatientes de quienes participan en el conflicto armado.
En la comunicación oficial publicada este sábado y citada por el medio, la Defensoría del Pueblo puntualizó que la responsabilidad última de las muertes recae en los grupos armados que reclutan forzosamente a menores. En este caso, las disidencias comandadas por alias 'Iván Mordisco' se señalizan como las responsables directas de sumarlos a las filas de combate y exponerlos a graves riesgos. El texto institucional califica lo ocurrido como muestra del despliegue inhumano de la guerra, cuyas consecuencias recaen de manera preponderante sobre la población infantil desprotegida.
El organismo igualmente denunció un deterioro de los principios de humanidad, proporcionalidad, necesidad y dignidad en el contexto actual colombiano. Según recoge el medio, la Defensoría reiteró que su misión radica en rechazar estos hechos para fomentar el restablecimiento de la paz, más que en legitimar cualquier acto de guerra. Además, recalcó que el hallazgo de menores en campamentos de grupos armados no autoriza automáticamente su vulneración, incluso si han tenido alguna participación activa dentro del conflicto.
El medio detalló que la propia Defensora conminó a reflexionar sobre el impacto humanitario de estas operaciones y las obligaciones internacionales para proteger a la niñez frente al conflicto armado. La Defensoría lamentó especialmente que la desprotección de la infancia y la continuación de prácticas como el reclutamiento forzado sigan alimentando episodios de violencia extrema en regiones como Guaviare. El pronunciamiento institucional aborda la necesidad de priorizar mecanismos de protección a menores y condenar todas las formas de vinculación de niños a las dinámicas del conflicto.
A raíz del operativo y de la visibilización pública de estos hechos, el debate nacional se ha intensificado acerca de las estrategias empleadas por las fuerzas estatales para combatir a las disidencias, así como sobre las exigencias del Derecho Internacional Humanitario en situaciones de combate donde existen niños incorporados por la fuerza. Diversos sectores sociales han solicitado una revisión exhaustiva de los procedimientos y mayor vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos en cada intervención militar.
La cobertura de la fuente insistió en que los reclamos se dirigen tanto contra los grupos armados responsables de someter a menores, como hacia las instituciones, a quienes se exige reforzar su rol preventivo y de resguardo frente a la infancia en entornos afectados por la violencia. La Defensoría volvió a recordar que estos hechos no significan únicamente un desafío legal, sino una tragedia humanitaria con consecuencias permanentes para familias y comunidades enteras en zonas históricamente vulnerables del país.
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