IU pide al Gobierno presión para que se respeten los DDHH en Marruecos y tacha de "dictadura" la monarquía de Mohamed VI

Izquierda Unida exige explicaciones al Ejecutivo español sobre su actuación ante represión, arrestos masivos y vulneraciones de derechos fundamentales en Marruecos, advirtiendo sobre el uso político de la migración y reclamando respaldo para presos políticos rifeños y el pueblo saharaui

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Los diputados Toni Valero y Enrique Santiago, integrantes del grupo Izquierda Unida en el Congreso, pidieron al Gobierno español que esclarezca las acciones adoptadas para defender los derechos humanos en Marruecos, y al mismo tiempo exigieron una postura más activa frente a las restricciones de derechos fundamentales y la represión en ese país. Según informó el medio que difundió la iniciativa, los parlamentarios dirigieron una batería de preguntas al Ministerio de Asuntos Exteriores, encabezado por José Manuel Albares, para conocer en detalle las medidas oficiales impulsadas por el Ejecutivo en relación con la situación en el país magrebí.

De acuerdo con el análisis publicado, ambos diputados alertaron sobre el endurecimiento de las restricciones al derecho de manifestación en Marruecos y señalaron que durante agosto se han registrado “detenciones sistemáticas en el marco de las protestas en defensa del derecho a la sanidad pública, las libertades básicas y el fin de la corrupción”. Plantearon que en las últimas semanas cientos de personas resultaron arrestadas por ejercer su derecho a manifestarse de forma pacífica. En este contexto, calificaron el régimen del monarca Mohamed VI como “dictadura monárquica”, en contraposición a la imagen democrática oficial, y reprocharon el uso recurrente de la población marroquí como instrumento de presión política a España, lo que se traduce en crisis migratorias que afectan especialmente a las fronteras de Ceuta y Melilla.

IU manifestó que, mientras la extrema derecha caracteriza a quienes intentan llegar a territorio español como “invasores”, esas personas representan seres humanos que buscan condiciones de vida dignas en su propio país, derechos que, según detaló la formación y reportó el citado medio, se ven vulnerados de manera constante. El argumento se sustentó en los contrastes sociales, señalando que el monarca mantiene un elevado nivel de riqueza, mientras amplios sectores del pueblo marroquí experimentan situaciones de extrema pobreza.

El medio también consignó que los diputados interrogaron al Gobierno sobre si trasladó a Rabat su preocupación por la situación de los menores en Marruecos, con énfasis en quienes se encuentran sin hogar o aquellos que arriesgan la vida al intentar cruzar la frontera. En este sentido, solicitaron conocer acciones relacionadas con la protección de la infancia y la prevención de riesgos para jóvenes migrantes.

Según expone la información recopilada, Valero y Santiago emitieron una advertencia sobre la situación de los “presos de conciencia rifeños”, entre los que destacaron el caso de Nasser Zefzafi, condenado a 20 años de cárcel en 2018 por sus actividades en defensa del acceso a sanidad pública adecuada y de los derechos de expresión, asociación, reunión y manifestación, tanto para el pueblo rifeño como para toda la ciudadanía marroquí.

El reportaje incluye además reclamos de IU respecto al “ataque permanente” del Estado marroquí contra el pueblo saharaui, que la formación atribuye a la ocupación del Sáhara Occidental, territorio que consideran le pertenece al pueblo saharaui y cuyo control, aseguran, Marruecos mantiene de forma ilegal. La agrupación solicitó al Ejecutivo medidas de respaldo tanto para la protección de los derechos en la región del Rif como para la liberación de los “presos de conciencia”, haciendo énfasis en el caso de Zefzafi y en otros prisioneros relacionados con demandas de derechos.

En las preguntas remitidas al Ministerio, los diputados instaron a que el Gobierno se posicione con claridad. Según la misma fuente, plantearon que el Ejecutivo tiene la opción de “reforzar la dictadura de Mohamed VI, legitimando la ocupación ilegal sobre el Sáhara Occidental”, o bien “optar por la defensa de los Derechos Humanos y del derecho a la autodeterminación de los pueblos”, dejando de omitir, dijeron, la realidad que viven tanto la población marroquí como la saharaui bajo las actuales circunstancias.