CCOO exige un convenio propio y protocolo contra acoso para empleadas del hogar tras la evaluación de riesgos laborales

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha reclamado este viernes la creación de un convenio específico para las trabajadoras del hogar y la implementación de un protocolo de actuación contra la violencia y el acoso, tras la entrada en vigor a partir de este viernes de la obligación de evaluar los riesgos de estas empleadas.

Así, desde este viernes es obligatorio que las personas que cuentan con personal doméstico hayan realizado la evaluación de riesgos laborales e informen sobre ello a sus trabajadores.

Para ello, el Ministerio de Trabajo y Economía Social lanzó hace seis meses la web 'Prevención10.es', un servicio público gratuito de asesoramiento en prevención de riesgos laborales que permite gestionar los riesgos laborales a las empresas de hasta 25 trabajadores.

Para CCOO, "supuso un avance en el proceso de mejora de la salud y de las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el ámbito del hogar familiar y en el reconocimiento como país del valor del trabajo doméstico".

No obstante, destaca que "aún quedan pendientes aspectos muy importantes como la elaboración y puesta en marcha del protocolo de actuación contra la violencia y acoso, la regulación específica de la realización de los reconocimientos médicos en el Sistema Nacional de Salud, y las actividades de formación en materia preventiva, aspectos todos muy relevantes en un colectivo tan desprotegido como las personas empleadas del hogar".

También reclama un convenio propio para este sector, "caracterizado por los abusos en las jornadas, con horarios no registrados y extenuantes". Del mismo modo, apuesta por la revisión de la figura de las trabajadoras internas.

"Desde CCOO, junto con las trabajadoras del sector, seguiremos con especial interés la aplicación efectiva de todos los derechos que la norma reconoce a estas personas trabajadoras", recalca.

Asimismo, el sindicato se compromete a impulsar actuaciones para garantizar el cumplimiento efectivo de todas las medidas que el real decreto contempla "trabajando para abordar una realidad cada vez más extendida en este sector, que es la utilización de plataformas digitales y las consecuencias que éstas suponen en términos de precarización de las condiciones".