
Las sesiones de apelación por el caso de la supuesta financiación ilícita desde Libia a la campaña presidencial de Nicolas Sarkozy tendrán lugar entre el 16 de marzo y el 3 de junio de 2026, de acuerdo con la información divulgada por la Corte de Apelaciones de París. El calendario fue comunicado pocos días después de que el exmandatario francés abandonara la prisión, tras aproximadamente tres semanas privado de libertad bajo custodia, y quedara sujeto a medidas de control judicial mientras se aguarda el proceso de apelación. El procedimiento está centrado en las acusaciones de asociación de malhechores relacionadas con la presunta recepción de fondos provenientes del gobierno libio de Muamar Gadafi durante la campaña electoral de Sarkozy en 2007.
Según publicó la Corte de Apelaciones de París, el expresidente enfrentará nuevamente el escrutinio judicial, luego de ser sentenciado a cinco años de prisión por el mencionado delito. El tribunal especificó en su comunicado que la denominada causa "de la financiación libia" será sometida a examen durante las fechas mencionadas, periodo en el cual se desarrollará el juicio de apelación. El medio detalló que la liberación de Sarkozy, ocurrida el lunes posterior a la aceptación por parte del tribunal de la petición presentada por la Fiscalía, permite que permanezca en libertad vigilada hasta que se resuelva el recurso interpuesto contra su condena.
De acuerdo con la información ofrecida por la Corte de Apelaciones y citada por diversos medios, Sarkozy salió de la cárcel donde permanecía desde el 21 de octubre, luego de que el tribunal diera curso favorable a la solicitud de liberación presentada por el Ministerio Público. La excarcelación del exmandatario estuvo sujeta a medidas de control judicial, una situación que implica diversas restricciones mientras se define el curso de la causa en segunda instancia.
Durante la sesión en la que se resolvió su situación procesal, el exjefe de Estado francés insistió en su inocencia y rechazó haber solicitado o recibido fondos ilegales del antiguo gobierno libio. "Nunca admitiré haber reclamado financiación a Gadafi", declaró Sarkozy, en palabras recogidas y traducidas por la prensa, tras agregar que su permanencia en prisión resultó "una terrible experiencia". A esta afirmación se suma la postura asumida por el antiguo dirigente conservador desde el inicio del proceso en su contra, sosteniendo que es objeto de una persecución política y calificando su condena como parte de un "escándalo judicial" que, a su juicio, habría "humillado" a Francia.
El medio consignó además que Sarkozy se transformó en el primer expresidente en la historia reciente de Francia en ingresar a una prisión. Desde el primer momento, el líder conservador rehusó aceptar cualquier responsabilidad penal y mantuvo su defensa basada en la negación de las imputaciones y en la denuncia de presuntos abusos judiciales contra su persona. Su ingreso en la cárcel había sido interpretado tanto por sus allegados como por sus opositores como un hecho inédito en la política francesa, mientras que la investigación sobre la supuesta financiación irregular de su campaña constituye uno de los expedientes de corrupción más resonantes vinculados a la élite gobernante en las últimas décadas.
El proceso que involucra a Sarkozy tiene su origen en las investigaciones sobre la utilización de fondos provenientes de Libia en el contexto de la campaña electoral que lo llevó al poder en 2007. Según la información publicada por la Corte de Apelaciones de París y reproducida por diversos medios internacionales, el caso se centró en determinar la existencia de una red de pagos y transferencias supuestamente instrumentadas bajo la autoridad de Muamar Gadafi. Las investigaciones judiciales llevaron a la apertura del juicio y, finalmente, a la condena por asociación de malhechores, ante la que la defensa del exmandatario interpuso un recurso que ahora será revisado en las sesiones programadas para la primavera de 2026.
Los abogados de Sarkozy reiteraron su posición de que el exmandatario nunca tuvo conocimiento ni participación en ninguna maniobra de financiación irregular y enfatizaron que la sentencia condenatoria constituye, según su criterio, una vulneración a las garantías fundamentales del proceso. La Fiscalía, por su parte, sostuvo la validez de los elementos probatorios aportados durante la instrucción, que permitieron fundamentar la acusación por asociación de malhechores luego de años de indagatorias y recolección de evidencias.
El desarrollo de este caso ha influido en el debate público y político en Francia, pues pone a prueba no solo la imagen de uno de los principales actores de la política del país en las últimas décadas, sino también la eficacia y la independencia de las instituciones judiciales frente a casos de alta sensibilidad institucional. Según la información difundida por la Corte de Apelaciones de París, las audiencias de apelación del llamado "caso de la financiación libia" marcarán un nuevo capítulo en uno de los procesos penales de mayor relevancia vinculados a la figura de Sarkozy y su etapa al frente de la presidencia de Francia.
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