Un tribunal de Túnez condena en rebeldía a 25 de prisión a un exdiputado del partido Al Karama

Maher Zid, exdiputado tunecino y periodista, manifestó que las sentencias que pesan en su contra suman 100 años de prisión, de los cuales 55 estarían sujetos a cumplimiento inmediato, mientras permanece en paradero desconocido. En declaraciones difundidas en Facebook, Zid señaló que estos procesos judiciales reflejan la ofensiva de lo que llamó tribunales del “golpe de Estado” y apuntó como responsable directo al presidente Kais Saied. El caso de Zid se inscribe así en la controversia generada por la gestión del actual gobierno tunecino y la reacción de la oposición frente al endurecimiento de las medidas represivas. Según consignó Europa Press, un tribunal de Túnez condenó en rebeldía a Zid a 25 años de prisión, acusándolo de varios delitos contra el Estado originados en contenidos divulgados en redes sociales.

Europa Press recogió que la Fiscalía tunecina apuntó a Zid como autor de delitos relacionados con la seguridad estatal, fundamentando la acusación en mensajes y publicaciones difundidas en plataformas digitales. Las sentencias dictadas contra Zid no son las únicas en su expediente: según detalló Mosaique, ya arrastraba condenas previas por comentarios considerados ofensivos hacia Beji Caid Essebsi, quien lideró el país entre 2014 y 2019. La acumulación de fallos en su contra colocó su situación legal como una de las más significativas en el escenario político actual de Túnez.

La postura de Zid, según reportó Mosaique, se dirige más allá de sus circunstancias personales y enfatiza la denuncia de persecuciones políticas bajo el mandato de Saied. El exdiputado cifra sus expectativas en una transformación política que garantice mayores niveles de prosperidad y dignidad para la ciudadanía tunecina. Para el entorno del exparlamentario y amplios sectores opositores, el proceso judicial en marcha se interpreta como una pieza más en una estrategia orientada a debilitar la labor de los disidentes y fortalecer la concentración de poder en manos del Ejecutivo.

El contexto en el que ocurre el caso de Zid está marcado por la crisis institucional originada desde 2021, año en el que Kais Saied disolvió el Gobierno y suspendió las funciones parlamentarias, conforme detalló Europa Press. El Parlamento, hasta entonces controlado por Ennahda, partido de base islamista, perdió sus competencias tras tal decisión del Ejecutivo. Posteriormente, Saied avanzó hacia la disolución total de la cámara legislativa y adoptó plenos poderes, medidas ampliamente criticadas por opositores y organizaciones internacionales, que las interpretan como un autogolpe.

Frente a este escenario, el Frente de Salvación Nacional (FSN), organización integrada por varios partidos y entidades, dentro de los que figuran exmiembros de Ennahda, exige desde hace tiempo la dimisión de Saied. Europa Press documentó que esas reivindicaciones se intensificaron luego de los comicios legislativos celebrados en 2022, los cuales registraron una participación inferior al diez por ciento. Para los detractores del Ejecutivo, esa baja afluencia a las urnas denota una desaprobación social hacia la deriva autocrática que asocian con la actual gestión presidencial.

El caso de Maher Zid no se produce de forma aislada, sino como parte de una serie de investigaciones y condenas judiciales que afectan a figuras críticas con el gobierno tunecino, incluidas personas vinculadas a movimientos opositores y activistas cívicos. Tal como reportó Europa Press, agrupaciones políticas y organizaciones de derechos humanos sostienen que esa dinámica judicial busca minar la oposición organizada y apuntala la consolidación del poder presidencial de Kais Saied.

Además, las expresiones de Zid tanto en redes sociales como en pronunciamientos digitales buscan visibilizar, según Mosaique, las carencias de garantías en el sistema judicial tunecino y la supuesta utilización de los tribunales para fines políticos bajo la administración actual. El debate que suscita este tipo de procesos mantiene en primer plano la discusión sobre la continuidad y calidad de la democracia en Túnez, después de más de cuatro años de cambios institucionales promovidos por el gobierno presidido por Saied. Las movilizaciones recientes del Frente de Salvación Nacional y los reclamos por la restitución de las funciones democráticas del Parlamento reflejan la persistencia de la controversia en torno a la concentración de poder y el futuro del pluralismo político en el país africano.

La agencia Europa Press subrayó que la repercusión pública del caso Zid incrementa las tensiones en el panorama político tunecino, donde sectores afines al antiguo bloque parlamentario y formaciones islamistas insisten en la anulación de las resoluciones judiciales y en la restauración del equilibrio institucional previo a las medidas adoptadas en 2021. El ámbito político del país continúa marcado por la confrontación entre el Ejecutivo y los representantes de la oposición, en una dinámica que, para diversos actores nacionales y observadores internacionales, redefine el alcance de los derechos civiles y políticos de la sociedad tunecina.

Según Mosaique, el eco de las denuncias de Zid y las acciones iniciadas por el FSN han asegurado que la discusión sobre el proceso judicial y político de Túnez siga vigente en la agenda pública, especialmente ante los reclamos de una parte de la sociedad por la restitución de los procedimientos democráticos y la reconsideración del papel de las autoridades judiciales bajo el marco actual promovido por el gobierno de Saied.