
Los tres acusados de importar cocaína de Colombia impregnada en carbón se han declarado inocentes de los hechos, por los que fueron detenidos en 2021 en Medina del Campo (Valladolid) en el interior de una nave en la que se incautaron 862 kilos de esta droga, que podría haber alcanzado un valor de entre 11 millones (vendida por kilos) y 65 millones (por dosis).
Al inicio del juicio, que se celebra en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial, los tres acusados, Julio Ángel P.A, el ertzaina Gabriel M.G. y Abdelkrim M. se han declarado inocentes, aunque por el momento no han prestado declaración.
Quienes si lo han hecho ha sido un numeroso grupo de policías que intervinieron en los seguimientos a los acusados y en la intervención que supuso su detención en 2021, con lo que se consideró desmantelada una supuesta red de distribución de cocaína en el País Vasco con una investigación que se inició a raíz de una euroorden pedida por Portugal, donde desembarcaron dos contenedores con más de 1.300 sacos supuestamente de carbón vegetal, en el que se impregnó la cocaína.
El banquillo lo ocupan Julio Ángel P.A, el ertzaina Gabriel M.G. y Abdelkrim M. para quienes la Fiscalía de Valladolid solicita condenas de diez años de cárcel y el pago de multas por importe de 33.263.703 euros.
Los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo la investigación han descrito los movimientos de dos de los acusados entre Portugal y España cuando llegaron los dos camiones cargados y lo que consideran labores de "contravigilancia" alrededor de la nave en la que se aparcaron para su descarga.
GRAN CANTIDAD DE SACOS
Además, ha descrito los métodos utilizados para descubrir la droga, con los primeros resultados que obtuvieron agentes portugueses con un narcotest específico del que en ese momento no disponía la Policía Nacional, que posteriormente custodió las muestras para la realización de los análisis pertinentes que también confirmaron la presencia de sustancia entre el carbón que llegó a España en "una locura de sacos" que se descubrieron en el interior de los vehículos.
Según los policías, la nave en la que se encontraron los camiones no iba a ser el lugar donde se iba a hacer el proceso de extracción de la cocaína, dado que suele desprender un olor fuerte, es precisa gran cantidad de agua y además suelen utilizarse muchos productos químicos, por lo que se suelen buscar lugares apartados o cercanos a granjas agrícolas que permitan disimular el olor.
Asimismo, han declarado en el juicio varios testigos que indicaron que alguno de los acusados se dirigió a ellos para contratar la descarga del camión, cambiar unas estanterías de una nave que anteriormente tuvieron alquilada a la que sirvió para guardar los camiones, el responsable de la agencia inmobiliaria a través de la que la alquileron u otro testigo que ha asegurado que contactaron para buscar almacenamiento de productos hortofrutícolas, aunque "sin mucho interés" y ni siquiera ver las instalaciones o preguntar precio.
Sin embargo, en su mayoría desconocían si la persona que contactaba con ellos era alguno de los acusados, al contrario que un testigo que sí llegó a hacer gestiones para establecer un domicilio fiscal en Medina del Campo.
Este testigo, que por entonces se dedicaba a la política, era amigo de uno de los encausados, Gabriel M.G, desde que intentaron establecer un puerto seco en Alaejos (Valladolid). Este acusado se dirigió a él, junto con su "socio" Julio Ángel P, y estuvo con ellos la jornada previa a su detención.
Esta persona ha relatado que los acusados le explicaron que habían cambiado de nave porque la otra "se les quedaba pequeña", les ayudó a buscar una ferretería y les llevó a una empresa de fabricación de hielo para ver si había posibilidades de contratar cámaras de frío en las que estaba interesado Julio Ángel P. para algún negocio relacionado con el pescado que tenía. Según su testimonio, que comió con ellos en un hotel de la Villa, éste último era el propietario de los camiones.
PRUEBAS Y DECLARACIONES
Tras los testimonios de este lunes, el martes está previsto el desarrollo de las diferentes pruebas y periciales y, a continuación, la declaración de los tres acusados.
La operación que ha dado lugar a este juicio, dadas a conocer en junio de 2021 por el entonces delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, junto con el también entonces jefe superior de la Policía Nacional en la Comunidad, Juan José Campesino, y responsables de Policía Judicial de ambos países, comenzaron a principio del año 2020 sobre una sociedad mercantil del sector inmobiliario.
A través de ella, se realizaban diversas importaciones sospechosas vía marítima, difiriendo notablemente su objeto social con el contenido de los mismos. Esta circunstancia hizo sospechar tanto a las autoridades españolas como a las portuguesas. Ese análisis previo permitió detectar un complejo entramado de empresas que mantenían vínculos entre sí, casi todas ellas con escasa actividad y de sectores tan diferentes como la administración de fincas o la importación de comida congelada.
Llamó la atención el uso de numerosos testaferros, que tenía como finalidad encubrir al verdadero artífice de ese entramado empresarial, el citado vecino de Bilbao, Julio Ángel P.A, nacido en 1969 y conocido policialmente tras pasar once meses detenido en Bolivia por su supuesta relación con el tráfico de drogas.
En ese punto de la investigación, los agentes comenzaron a desarrollar un estrecho control sobre esta persona y sobre el que consideraron su hombre de confianza, un ciudadano argelino, Abdelkrim M.
De la misma manera, se inició una motorización de la actividad mercantil de dichas empresas, observando que movían, en su conjunto, un relevante volumen de importación, especialmente a través de un puerto portugués, operando en ocasiones con mercancías que poco o nada tenían que ver con su objeto social. Estas informaciones fueron controladas por las autoridades portuguesas quienes localizaron e inspeccionaron dos contenedores de carbón vegetal importados por una de las empresas, dando ambos positivos en cocaína.
MÉTODO INÉDITO DE CAMUFLAJE
La operación policial fue puesta como ejemplo de la necesaria colaboración entre las policías de distintas países en el espacio Schengen, al tiempo que se subrayó la relevancia de la misma por la cantidad de cocaína ocupada, la mayor en la historia de dicha jefatura, y también por el método utilizado para ocultar la droga, totalmente inédito hasta la fecha en España.
Y es que el 'modus operandi' consistía en camuflar la sustancia estupefaciente como si fuera carbón vegetal a través de un complejo proceso químico en origen, realizado por los cárteles mexicanos y colombianos que presuntamente abastecían al principal detenido, según considera la Fiscalía.
La droga llegaba sin poder ser prácticamente detectada al tener una forma y color muy similar al carbón vegetal. Además, el olor característico de la cocaína era eliminado, por lo que no podía ser tampoco detectada por los perros especializados en narcóticos.
El sistema utilizado garantizaba el éxito al ocultar los sacos contaminados con la sustancia estupefaciente dentro de una importación de un volumen mucho mayor. Es decir, de los 1.364 sacos que se transportaban, solamente 30 de ellos, un 2,2 por ciento, contenían droga, lo cual hacía su detección aún más difícil.
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