
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer de 40 años dedicada a la falsificación documental y las estafas masivas mediante la venta fraudulenta de seguros a ciudadanos residentes en la isla.
La investigación se inició a mediados de septiembre, tras tener conocimiento los agentes de diversas denuncias que alertaban sobre posibles fraudes relacionados con la contratación irregular de pólizas de seguros a multitud de personas repartidas por toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La presunta autora simulaba la contratación de pólizas o contratos inexistentes, elaborando para ello documentos falsos o utilizando documentos auténticos manipulados para dar apariencia de legalidad con el objetivo de obtener un beneficio económico ilícito.
Las pólizas emitidas parecían válidas y cubrían diversos tipos de riesgos como salud, vida o automóvil.
Sin embargo, tras una exhaustiva investigación realizada por los agentes y las comprobaciones efectuadas con las compañías aseguradoras, se ha pudo constatar que dichos productos eran ficticios o inexistentes, llegando incluso a detectarse casos en los que las pólizas eran dadas de alta y de baja de forma simultánea o pocos días después de su emisión, en fechas anteriores a las abonadas por los clientes.
La detenida, que habría trabajado anteriormente para empresas de seguros, contaba con una amplia cartera de clientes y aprovechándose de la confianza depositada en ella, llegaba a cobrar directamente los pagos de las pólizas fraudulentas a través de Bizum a su teléfono particular o mediante transferencia bancaria a su cuenta personal.
La operación culminó con la detención de la presunta autora y la entrada y registro en su domicilio, incautándose tanto dispositivos informáticos como terminales de telefonía móvil, todos ellos de interés para la investigación, señala la Policía Nacional en una nota.
La investigación continúa en la actualidad y los agentes siguen analizando los movimientos de dinero realizados a través de Bizum, así como las declaraciones y denuncias interpuestas.
Hasta el momento, se han identificado unas 50 víctimas y se estima un perjuicio económico de más de 20.000 euros, aunque se cree que los números aumenten dada la cantidad de denuncias y documentación por analizar, obtenida en el registro de su vivienda.
Además, se ha procedido al bloqueo y embargo preventivo de diez cuentas bancarias de la detenida, para su análisis y aseguramiento del resarcimiento a las víctimas.
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