
Más Madrid e IU han reclamado al Gobierno que detalle los mecanismos de verificación para velar que no hay vulneración de los derechos humanos en dos Centros de Atención Temporal de Migrantes en Mauritania, que se han rehabilitado en el país africano en el marco de la colaboración entre ambos países.
Esta misma semana ERC, Bildu y el BNG quieren que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explique al Congreso para informar sobre la creación de estos dos nuevos centros, que califican de "cárceles" de migrantes mientras que Podemos ha reclamado al Ejecutivo que actúe para clausurarlos, dado que se han abierto con financiación española.
Ante esta polémica las diputadas de Más Madrid Tesh Sidi y Alda Recas han registrado una serie de preguntas parlamentarias en las que puden explicaciones al Ejecutivo por la controversia de la apertura de estos centros, en el marco del Proyecto Operativo Conjunto (POC Mauritania), con colaboración de España y la Unión Europea.
Concretamente, las dos parlamentarias aluden a que estos dos instalaciones, ubicadas en Nouakchott y Nouadhibou, están inspiradas en los centros de acogida temporal de Canarias y el reacondicionamiento ha estado gestionado por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), entidad dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y financiado por el Fondo Fiduciario de Emergencia para África.
Sidi y Recas explican que el proyecto se enmarca en las políticas de cooperación migratoria de la Unión Europea y tiene como finalidad el fortalecimiento de las capacidades policiales y judiciales de Mauritania para combatir la migración irregular y el tráfico ilícito de personas.
No obstante y con anterioridad a la apertura de estos centros, aluden a que la organización 'Human Rights Watch' en agosto de 2025 un informe en el que documenta "graves violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades mauritanas en el contexto de la gestión migratoria, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, condiciones inhumanas de detención y expulsiones colectivas hacia zonas fronterizas inseguras".
"El informe describe un patrón sistemático de abusos y carencia de garantías en la actuación de las fuerzas de seguridad mauritanas y advierte que la externalización del control migratorio --mediante apoyo técnico y financiero de la UE y de España-- puede crear un riesgo real de complicidad indirecta en dichas prácticas si no se establecen mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas", exponen ambas diputadas de Más Madrid.
Con este contexto, preguntan al Ejecutivo qué mecanismos de supervisión va a establecer el Gobierno, a través de la FIAP u otros organismos, para garantizar que la gestión de los centros de atención temporal en Mauritania "se ajustan plenamente a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, protección de menores y asilo". Aparte, exponen si se van a hacer público el funcionamiento de estos centros y permitir su acceso a organismos independientes.
"¿De qué forma se verifica que la cooperación técnica y financiera española no contribuye directa ni indirectamente a vulneraciones de derechos fundamentales cometidas por las autoridades mauritanas, tal y como advierte el informe de Human Rights Watch de agosto de 2025?", ahondan en sus iniciativas.
Mientrasl el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, alerta de que según las informaciones publicadas en estos centros "se privarían de libertad también a menores de edad, incluidos bebés en edad lactante, un extremo que la legislación española prohíbe".
"La FIAP no detalla si en estos centros van a existir mecanismos o protocolos para evitar que las autoridades mauritanas sometan a tratos inhumanos crueles o degradantes a las personas recluidas", agrega Santiago quien alerta de que se estaría en un caso de "externalización de fronteras" con un país, Mauritania, que "practica frecuentemente redadas para detener a migrantes" con "detenciones arbitrarias" por perfil racial.
Por tanto, pide explicaciones al Gobierno sobre la partida presupuestaria destinada y la confirmación de la apertura de estos centros, además de aclarar su propósito.
"¿Participan Policías o funcionarios españoles participan en redadas de migrantes en Mauritania o traslados de migrantes a fronteras de Mauritania con otros países?", requiere el diputado de IU al Gobierno.
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