Amnistía advierte de "complicidad" de la UE en abusos de las autoridades tunecinas contra migrantes

Amnistía Internacional ha instado este miércoles a la Unión Europea (UE) a suspender "de inmediato" su cooperación fronteriza con Túnez, país al que ha acusado de cometer violaciones "generalizadas" de Derechos Humanos contra las personas migrantes y refugiadas, considerando que, de lo contrario, Bruselas sería "cómplice" con las actuaciones del país norteafricano.

"La UE debe suspender de inmediato cualquier asistencia en materia de migración y control fronterizo encaminada a contener a personas en Túnez, y dejar de financiar a las fuerzas de seguridad y otras entidades responsables de violaciones de Derechos Humanos contra personas refugiadas y migrantes. La cooperación de la UE con Túnez debe (...) garantizar que existen en el país medidas de protección y procedimientos de asilo adecuados (...) para evitar la complicidad en las violaciones", ha señalado su directora para Oriente Próximo y norte de África, Heba Morayef.

La ONG ha denunciado que más de dos años después de su firma, el memorando de entendimiento entre Túnez y la UE siga vigente "pese a los alarmantes y bien documentados informes de violaciones" de Derechos Humanos, y ha criticado que los representantes de Bruselas "promocionen como un éxito" una política que "prioriza el control migratorio a costa del Derecho Internacional".

"El silencio de la UE y de sus Estados miembros sobre estos terribles abusos es especialmente alarmante. Cada día que la UE persiste en apoyar temerariamente el peligroso ataque por Túnez a los derechos de las personas migrantes y refugiadas y de quienes las defienden, al mismo tiempo que no revisa significativamente su cooperación en materia de migración, los dirigentes europeos corren el riesgo de convertirse en cómplices", ha agregado Morayef.

La ONG ha hecho estas declaraciones tras documentar en su último informe --titulado "Nadie te oye cuando gritas: giro peligroso en la política migratoria de Túnez"-- detenciones de "sesgo racista", interceptaciones "temerarias" en el mar, la expulsión de "decenas de miles" de refugiados y migrantes a las vecinas Argelia y Libia; además de malos tratos e incluso "tortura" contra estas poblaciones por parte de las autoridades tunecinas.

El documento recoge los testimonios de 120 migrantes y refugiados, entre ellos ocho menores de entre 16 y 17 años, de una veintena de países, que "revelan un sistema de migración y asilo concebido para excluir y castigar en lugar de para proteger", según ha considerado AI tras una investigación emprendida entre febrero de 2023 y junio de 2025 y que incluye datos de Naciones Unidas, medios de comunicación, sociedad civil así como de las autoridades locales tunecinas.

La ONG ha registrado que al menos 60 de estas personas, entre ellas tres menores de edad, habían sido detenidas arbitrariamente, y en este sentido ha registrado 14 casos de violación o violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad tunecinas, normalmente en el contexto de cacheos y registros. Al hilo, ha incidido en que las personas "negras fueron objeto de perfilado racial sistémico y víctimas de sucesivas oleadas de violencia racista a manos de agentes de seguridad desencadenadas por la apología pública del odio racial del presidente Kais Saied".

El grupo incluye asimismo los testimonios de 25 personas que "denunciaron el comportamiento peligroso, imprudente y violento de la guardia costera tunecina" al ser interceptadas en el mar las embarcaciones en las que viajaban. En particular, han mencionado "embestidas peligrosas, maniobras a gran velocidad que amenazaron con volcar las embarcaciones, golpes con porras a personas y embarcaciones, lanzamiento de gas lacrimógeno a corta distancia, y la negación de una evaluación individualizada de las necesidades de protección tras el desembarco".

"En los últimos tres años, las autoridades tunecinas vienen desmantelando de forma creciente las protecciones para las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes", ha señalado la organización al tiempo que ha pedido por ello al Ejecutivo que revierta la situación y permita a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) tramitar las solicitudes de asilo, una función que dejó de desempeñar por orden del Ejecutivo tunecino en junio de 2024.

Por otra parte, la ONG ha recordado que la expulsión de más de 11.500 personas entre junio de 2023 y mayo de 2025, siendo la mayoría de ellas abandonadas en zonas "remotas y desérticas" de las fronteras de Túnez con Libia y Argelia. "Las dejan sin comida ni agua, y normalmente después de confiscarles el teléfono, los documentos de identidad y el dinero, con lo que ponen en grave peligro su vida y su seguridad", ha lamentado.

La ONG ha denunciado además las medidas "represivas" de las autoridades contra al menos seis de estas organizaciones que proporcionaban un apoyo "fundamental" a estas poblaciones, lamentando las "consecuencias humanitarias terribles y un enorme vacío en la protección" de estas, y ha puesto como ejemplo la detención "arbitraria" de al menos ocho trabajadores de ONG y dos funcionarios locales desde mayo de 2024.