
España fue el mayor exportador de gas fósil de Nigeria en 2023, por lo que se convirtió en el "principal responsable de los graves impactos sociales y ambientales que esta industria extractiva causa en territorio africano". Así lo revela un nuevo informe presentado este martes por la red Gas No Es Solución, de la que forma parte Ecologistas en Acción, en colaboración con Connected Advocacy.
"El gas fósil consumido en el Estado español ha tenido devastadoras consecuencias en su cadena de valor, destrozando el territorio del Delta del Níger. Debemos hacer que las compañías responsables paguen por ello, siguiendo el principio de 'quién contamina, paga", ha denunciado la portavoz de Ecologistas en Acción Sofía Fernández.
Según explica, Nigeria dispone de uno de los sistemas gasistas más grandes de África y proyecta nuevas infraestructuras como los gasoductos Trans-Sahara, Nigeria-Libia, Nigeria-Marruecos (para abastecer a 13 países hasta llegar a España) y el Gasoducto del Golfo de Guinea.
De acuerdo con el texto, una parte "importante" del gas extraído en el país se dedica a la exportación "mientras que el 30% de la población nigeriana carece de acceso a la electricidad". Además, la actividad "aumenta las desigualdades ya presentes, como las de género", en comunidades como las del delta del Níger, que afrontan "desde hace décadas" problemas de contaminación atmosférica y del agua, deterioro agrícola y pérdida de medios de vida tradicionales.
En este sentido, apunta a prácticas como la quema de gas en antorcha, que representa un riesgo "significativo" para la salud de la población local. Al margen de ello, la investigación pone en foco en las nuevas infraestructuras gasísticas proyectadas, que "restan recursos al desarrollo nacional y pueden llegar a contribuir a una espiral de deuda" en un país que ya de por sí dedica "más del 37% de su presupuesto estatal al pago de la deuda externa".
A su vez, los ecologistas recogen críticas al papel de compañías extranjeras como Santander, Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni, Total y Equinor, a las que atribuye la obtención de beneficios en detrimento de las comunidades locales. Según las organizaciones responsables del informe, este "modelo extractivista impuesto al Sur Global" responde a un patrón histórico de explotación de recursos en el Sur Global, "que incluye violaciones de derechos humanos y la falta de cumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI)".
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