García tacha de "incompetentes" a las CCAA que insisten en no poder enviar datos de cribado por carecer del 'software'

“Que nos manden los datos brutos, si quieren”. Con esta afirmación, la ministra de Sanidad, Mónica García, instó a las consejerías autonómicas encabezadas por el Partido Popular a proporcionar información completa sobre los programas de cribado oncológico, según consignó el medio. García subrayó que, tras la inversión estatal en digitalización, considera injustificable que algunas regiones mantengan que la falta de software o sistemas adecuados les impide remitir los datos requeridos por el Ministerio de Sanidad. La controversia surge en un momento en que el Gobierno central reclama mayor colaboración y transparencia en el suministro de datos clave sobre programas de detección precoz de cáncer, sobre todo tras los sucesos recientes en Andalucía.

El medio detalló que la ministra realizó estas declaraciones al término de la jornada ‘Retos de la Esclerosis Múltiple, Enfermedad de Huntington y Alzheimer’ en la sede del Ministerio, donde calificó de “incompetentes” a las autoridades sanitarias autonómicas que insisten en no poder cumplir los requerimientos del Ministerio bajo el argumento de carencias informáticas. García sostuvo que la excusa ofrecida resulta insostenible y la atribuyó a dos causas posibles: la inexistencia de los datos o la existencia de resultados desfavorables que las autoridades autonómicas preferirían mantener fuera del escrutinio público. La ministra resaltó que pedir información sobre cribados es una exigencia básica de transparencia y afirmó que “no hay otro motivo” para la reticencia, rechazando la justificación tecnológica, a la que calificó como falsa.

De acuerdo con lo manifestado por García y reportado por la fuente, las comunidades autónomas, especialmente aquellas gestionadas por el Partido Popular, deben proporcionar indicadores de los programas de cribado poblacional, como el índice de envío de cartas invitando a la participación, la tasa de respuesta a dichas invitaciones y el índice de positividad resultante de los distintos cribados realizados. Estos indicadores, según enfatizó la titular de Sanidad, forman parte de una sistemática ya rutinaria y ampliamente conocida entre las administraciones sanitarias implicadas.

El medio especificó que la tensión política se intensificó después de que los consejeros de Sanidad del Partido Popular abandonaran el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), celebrado el viernes anterior, alegando que el Ejecutivo hacía un uso partidista y sectario del órgano. El abandono se produjo poco después del inicio de la polémica en torno a los cribados de cáncer de mama en Andalucía, situación que motivó a García a anunciar públicamente el inicio de las gestiones para emprender acciones legales orientadas a obligar a las consejerías populares a remitir la información solicitada.

“La información no puede ser rehén de ningún gobierno”, puntualizó la ministra, advirtiendo que las comunidades bajo gestión popular conocerán próximamente las iniciativas legales concretas que Sanidad planea activar, dado que los datos sanitarios no pertenecen a los gobiernos autonómicos, sino que son de interés público y deben quedar a disposición de las instancias competentes. A raíz de lo ocurrido en Andalucía, García insistió en la necesidad de que los ciudadanos reciban certidumbres respecto al correcto funcionamiento y al cumplimiento de los programas de cribado en sus respectivas regiones.

En declaraciones citadas por el medio, la ministra abordó además la variabilidad en la implementación y eficacia de estos programas a lo largo del territorio nacional. García señaló que existe “mucha heterogeneidad” en la forma en la que las diferentes comunidades ejecutan las pruebas, y que ese panorama dispar se traduce en niveles muy dispares de participación ciudadana. Alertó especialmente sobre el caso de algunas regiones donde el índice de respuesta no supera el 30 por ciento, dejando fuera de los cribados al 70 por ciento de la población objetivo. García subrayó que no podría proporcionar cifras oficiales sobre la situación global hasta disponer de todos los datos requeridos por el Ministerio.

El medio remarcó que la crisis generada por la negativa de envío de datos y los desacuerdos entre el Gobierno central y las autoridades regionales ha reavivado el debate sobre la gestión de la información sanitaria. La ministra insistió en que la actitud de las consejerías que no colaboran perjudica la confianza de la ciudadanía en el sistema y que la transparencia en la gestión de los programas de cribado representa una demanda legítima. Según recogió el medio, García reiteró que “los ciudadanos, después del escándalo de la negligencia en Andalucía, necesitan certezas”, defendiendo la necesidad de que los gobernantes actúen con responsabilidad y claridad ante la población.

Además, la controversia llega en el contexto de una inversión significativa en digitalización, impulsada por el Gobierno central. La ministra enfatizó la paradoja de que, pese a ese esfuerzo económico, las comunidades encabezadas por el Partido Popular aleguen carencias tecnológicas para justificar la imposibilidad de facilitar los datos. “Con toda la inversión que ha hecho el Gobierno de España en digitalización, no son capaces de mandar un Excel”, declaró García, de acuerdo a lo difundido por el medio.

Las declaraciones de la ministra se manifiestan como respuesta a la negativa persistente de las autoridades autonómicas del Partido Popular a entregar información que el Ministerio de Sanidad considera esencial para evaluar la cobertura y la eficacia de los cribados oncológicos. En su intervención, García restó validez a los argumentos que responsabilizan al software de los retrasos e insistió en que los indicadores solicitados se utilizan de forma habitual en el sector sanitario.

El contexto inmediato a la controversia lo marca la salida de los consejeros de sanidad populares del CISNS, acto que evidenció el nivel de desencuentro político y administrativo entre el Gobierno central y varias regiones. El Ministerio ha asegurado que su intención es seguir buscando todas las vías legales posibles para garantizar la transparencia y el acceso a la información, según destacó la ministra en sus declaraciones.

Finalmente, el medio describe cómo la ministra de Sanidad sitúa en el centro del debate la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana mediante la claridad en la gestión de los programas de cribado, la uniformidad en la recopilación de datos y la obligación de rendir cuentas ante la sociedad. García convocó a las comunidades autónomas a cumplir sus responsabilidades y aseguró que la ciudadanía estará puntual y ampliamente informada de cualquier avance en el proceso de reclamación de datos sanitarios.