
Vecinos de Penha permanecieron durante la jornada del miércoles reuniendo decenas de cuerpos en la Plaza Sao Lucas, epicentro de los hechos en la zona norte de Río de Janeiro, donde la Defensoría Pública de la ciudad confirmó al menos 132 fallecidos tras la intervención policial desplegada el martes en los barrios de Penha y Alemao. Según informó el medio G1, los cadáveres —muchos de los cuales fueron desvestidos por los propios residentes para facilitar el reconocimiento por parte de familiares— permanecieron alineados en una de las plazas más reconocidas del estado fluminense, reflejando el impacto social del operativo considerado por autoridades y analistas como el más letal registrado en la historia del estado.
De acuerdo con la información proporcionada por la Defensoría Pública y citada por varios medios locales, la incursión policial estuvo dirigida contra el Comando Vermelho, uno de los grupos delictivos de mayor influencia en Brasil, que controla más de la mitad de los territorios dominados por la delincuencia en la región metropolitana de la capital fluminense. Según publicó G1, cerca de 2.500 agentes participaron en el despliegue, lo que supuso una movilización sin precedentes en los barrios afectados. El objetivo de la operación era detener a integrantes de la organización, incluyendo a varios de sus principales líderes.
El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, calificó públicamente el operativo como “histórico”, mientras los primeros balances oficiales incrementaban el número de muertos conforme avanzaban las horas y se localizaban nuevos cadáveres. Castro informó inicialmente sobre 58 personas fallecidas y reportó también la muerte de cuatro policías, números que evolucionaron tras el hallazgo posterior de cuerpos y una vez que ingresaron en instituciones médicas oficiales. El medio G1 indicó que, hasta el cierre del miércoles, los habitantes habían acumulado al menos 72 cuerpos en la vía pública, cifra que fue consolidada luego por la Defensoría Pública como parte del total de 132 personas muertas.
Esta operación supera en letalidad a la masacre ocurrida en la cárcel de Carandiru, en São Paulo en 1992, donde perdieron la vida 111 reclusos, un episodio catalogado como símbolo de la violencia policial en el país. Tal como reportó el medio G1, distintas organizaciones sociales y vecinos denunciaron la magnitud de la operación, destacando las imágenes de los cuerpos expuestos en fila en las calles de Penha. El activista Raull Santiago expresó al mismo medio: “En 36 de favela, después de varias operaciones, nunca he visto nada parecido. Es algo nuevo, de una brutalidad y violencia de un nivel desconocido”.
El operativo se saldó también con más de 80 arrestos, incluido el de Thiago do Nascimento Mendes, alias ‘Belao do Qutungo’, señalado como uno de los cabecillas del Comando Vermelho. Según consignó G1, los agentes confiscaron alrededor de treinta fusiles de guerra y múltiples armas de calibres menores, mientras que se documentaron numerosos heridos, tanto entre los objetivos del operativo como entre personas ajenas a los hechos. Además, la policía comunicó que algunos agentes fueron recibidos con bombas lanzadas por drones, información recogida por medios locales.
La presencia del Comando Vermelho en Penha y Alemao sigue representando un desafío para las fuerzas de seguridad del estado. Según la información recabada por G1, la organización mantiene actividades en una veintena de estados brasileños y domina áreas estratégicas en Río de Janeiro, lo que motivó el despliegue masivo de agentes. Los barrios intervenidos presentan un contexto crónico de violencia, vinculado al control territorial por parte de grupos armados y la tensión persistente con las autoridades.
La Defensoría Pública y diferentes colectivos sociales han cuestionado no solo la escala del operativo sino también el impacto sobre la población civil, dada la cantidad de víctimas que no figuraban entre los objetivos policiales. Especialistas citados por G1 señalaron que la alta letalidad de la operación pone de manifiesto los problemas estructurales de seguridad en el estado y el riesgo que enfrentan barrios como Penha y Alemao en medio de conflictos armados de estas características.
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