El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha revelado este lunes que los presupuestos públicos incluirán una partida para impulsar la creación de empresas público-privadas que gestionen la puesta en alquiler de viviendas a partir de inmuebles públicos en respuesta a la falta de vivienda en el país.
"Vamos a poner a disposición de las clases medias inmuebles públicos que están vacíos a día de hoy a través de empresas público público-privadas", ha explicado Montenegro en su comparecencia ante la Asamblea de la República. "Vamos a agilizar la contratación pública en los proyectos con fondos europeos", ha apuntado.
"La vivienda es una prioridad absoluta para este gobierno", ha recalcado el primer ministro luso, que ha resaltado que tras la instauración de su gobierno, el año pasado "resolvimos los bloqueos urgentes a la inversión en el parque público de vivienda, acabamos con la subfinanciación, duplicamos la inversión y garantizamos la financiación". En total, estas medidas suponen la "inversión de más de 9.000 millones de euros sólo en vivienda pública".
El plan del Gobierno incluye una serie de medidas "ambiciosas" para impulsar la construcción de viviendas tales como la reducción del IVA a la construcción de viviendas que no sean de lujo, la reducción del tipo impositivo en el impuesto sobre la renta para arrendadores en contratos de alquiler de hasta 2.300 euros y una reducción de entre el 25 y el 10 por ciento y un aumento del máximo de deducciones para inquilinos que paguen hasta 900 euros en 2026 y hasta 1.000 euros en 2027.
Además, Montenegro ha anunciado un incremento del 5,7 por ciento del salario mínimo a partir de enero, con lo que la Remuneración Mínima Mensual Garantizada se situará en los 920 euros.
El salario mínimo actual en Portugal es de 870 euros brutos y Montenegro ha declarado que esta nueva medida "es un paso más hacia la meta de los 1.100 euros de salario mínimo nacional que tenemos para cuando finalice esta legislatura".
Por otra parte, Montenegro ha confirmado la finalización de los descuentos en combustible debido a decisiones tomadas a nivel de la Unión Europea.
"Desde el Gobierno estamos estudiando formas para que no repercuta en el trabajador (...). Esta imposición europea tiene más impacto porque estamos por debajo de la media en carga fiscal", ha explicado.
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