La Fiscalía General de la Nación indicó que Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’, actuaría como intermediario entre quienes planificaron el asesinato y los integrantes del grupo armado que ejecutó el ataque en el oeste de Bogotá el 7 de junio. Este magnicidio, en el que perdió la vida el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, ya suma nueve personas detenidas. Según detalló el organismo en un comunicado reseñado por el diario El Tiempo, la investigación permitió identificar y ubicar al detenido en el departamento de Meta.
La detención se produjo este lunes, según informó la Fiscalía General de la Nación, durante un operativo llevado a cabo por agentes de la Policía Nacional en la vereda Brisas del Guejar, ubicada en el municipio de Puerto Lleras, Meta. De acuerdo con lo consignado por El Tiempo, al momento de la captura, Pérez Marroquín tenía en su poder cinco teléfonos móviles, una pistola y un arma larga.
Las autoridades presentarán cargos en su contra que incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir, utilización de menores de edad en la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego. La Fiscalía explicó que estos cargos reflejan las diversas acciones y roles atribuidos a Pérez Marroquín en el marco del homicidio de Uribe Turbay, así como en otros hechos relacionados que investiga el ente acusador.
El perfil de Pérez Marroquín incorpora antecedentes vinculados con casos de alto impacto en la historia reciente del país. El Tiempo explicó que en 1994 fue condenado por el asesinato de varios sicarios relacionados con el magnicidio del entonces candidato presidencial Luis Carlos Galán. Galán resultaba favorito en las elecciones presidenciales de 1990 tras haberse enfrentado a las redes del crimen organizado, contexto que marcó las investigaciones y procesos posteriores en los que estuvo implicado Pérez Marroquín.
La captura de ‘El Viejo’ se suma a las detenciones de otras ocho personas por su presunta participación en la planificación y ejecución del asesinato de Uribe Turbay. Según reportó la Fiscalía General, la coordinación entre distintos órganos judiciales y policiales ha permitido avanzar en la desarticulación del entramado detrás del crimen, que involucra a varios actores y distintas instancias logísticas.
El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, quien encabezaba la precandidatura presidencial y ocupaba una curul en el Senado, conmocionó al país y reactivó los debates sobre seguridad ciudadana y violencia política en Colombia. La Fiscalía detalló que la investigación permanece abierta y que las diligencias continúan para esclarecer la totalidad de los hechos, identificar a la totalidad de los determinadores e impedir la reincidencia de estas estructuras criminales.
El operativo desarrollado en Brisas del Guejar responde, de acuerdo con la información publicada por El Tiempo, a un despliegue de inteligencia orientado a combatir el accionar de organizaciones delincuenciales en la región del Meta, así como sus vínculos con grupos armados que operan en distintas zonas del país. Los objetos hallados al momento de la captura serán incluidos en el proceso como elementos materiales probatorios para fortalecer el expediente judicial contra Pérez Marroquín.
La Fiscalía reiteró que la imputación por uso de menores refiere a la presunta instrumentalización de jóvenes para actividades relacionadas con el crimen que se investiga. Esta circunstancia constituye un agravante dentro del proceso penal y es objeto de atención particular por parte de las autoridades judiciales.
El crimen de Uribe Turbay, ejecutado por sicarios, representó un golpe para la carrera política de un dirigente que, según recoge El Tiempo, mantenía una agenda de exposición pública en distintas regiones del país y actividades regulares en Bogotá al momento de su asesinato. El proceso judicial y las recientes capturas buscan esclarecer la autoría intelectual y material del hecho, así como los móviles detrás del ataque.
La Fiscalía General de la Nación insistió en que este nuevo avance corresponde a una fase clave del proceso investigativo, que mantiene activa la búsqueda de otros posibles implicados y la revisión de posibles conexiones con casos previos de violencia contra líderes políticos en Colombia. El órgano acusador dejó constancia, en sus declaraciones publicadas por El Tiempo, de su decisión de seguir profundizando en la identificación de la red detrás del atentado, subrayando la relevancia de desmantelar los dispositivos logísticos y operativos que hicieron posible el crimen.
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