
El reclamo para que las autoridades israelíes permitan la apertura de una investigación estatal sobre los ataques perpetrados por Hamás en octubre de 2023 apareció con fuerza en las manifestaciones realizadas en diversas ciudades del país. Una parte significativa de los asistentes pidió la creación de una comisión que examine los errores cometidos por los responsables de seguridad y los líderes políticos que posibilitaron la agresión, mientras las autoridades continúan rechazando esta opción, según detalló el medio Times of Israel. La presión pública surge paralelamente al llamado de familiares y manifestantes para incrementar las medidas gubernamentales dirigidas a conseguir la devolución inmediata de los rehenes muertos y vivos retenidos por Hamás, así como la repatriación de los restos que todavía continúan en Gaza tras los sucesos del 7 de octubre.
De acuerdo con Times of Israel, decenas de miles de personas participaron la noche del sábado en concentraciones en Tel Aviv, Haifa y Jerusalén, coordinadas por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos. El punto de mayor concurrencia fue la Plaza de los Rehenes, en el centro de Tel Aviv, donde se pronunciaron representantes de los familiares de cautivos, tanto fallecidos como sobrevivientes. El sentimiento principal entre los participantes es que la presión sobre el Ejecutivo debe incrementarse, ante lo que consideran una respuesta insuficiente por parte del Gobierno encabezado por Benjamin Netanyahu para lograr el regreso de sus seres queridos.
Durante el acto principal, Anat Angrest, madre de un soldado recientemente liberado, expresó ante la multitud: “No descansaremos hasta que todos estén de vuelta, hasta el último rehén”. Las palabras de Angrest concentraron la demanda central de los familiares, que exigen al Ejecutivo no limitar los recursos y la intensidad de las medidas contra Hamás, con el propósito de recuperar tanto a los prisioneros vivos como los cadáveres de quienes han perdido la vida durante el periodo de cautiverio, informó Times of Israel.
Alon Nimrodi, padre de uno de los rehenes fallecidos, intervino para denunciar que Hamás continúa reteniendo restos humanos a pesar de los compromisos alcanzados en las negociaciones recientes. Nimrodi apeló directamente al Gobierno israelí para que adopte una posición más inflexible en las negociaciones y los esfuerzos para el regreso de todos los secuestrados. La insistencia de muchas familias se ha reflejado, según publicó el medio, en el llamado a aplicar “todas las sanciones posibles” al grupo islámico, con la intención de elevar la presión hasta conseguir resultados concretos.
Varios manifestantes admitieron que, si bien el acuerdo para el alto el fuego con Hamás no satisface todas las demandas, representa la última alternativa para lograr la devolución de los restos de los rehenes y evitar una prolongación indefinida del conflicto. Estas posiciones muestran la variedad de opiniones dentro del movimiento, aunque todos coinciden en la necesidad de adoptar nuevas medidas que faciliten tanto el retorno de los cautivos como el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
En relación con el intercambio de prisioneros y cadáveres, Times of Israel reportó que hasta el momento Hamás ha entregado los restos de quince rehenes fallecidos y que se ha producido la liberación de veinte personas secuestradas que permanecían con vida. Las autoridades israelíes, sin embargo, señalan que todavía resta repatriar los cuerpos de trece ciudadanos más, mientras el saldo del ataque del 7 de octubre alcanzó aproximadamente mil doscientos muertos y cerca de doscientos cincuenta personas capturadas, datos confirmados por el propio Gobierno israelí.
También informó Times of Israel que, como parte de los acuerdos de cese del fuego, Israel puso en libertad a alrededor de dos mil palestinos que estaban en prisión y entregó cerca de doscientos cuerpos, mientras persisten las acusaciones cruzadas de incumplimiento del alto el fuego, especialmente por el mantenimiento del cierre del paso de Rafá en la frontera con Egipto. Este control fronterizo ha complicado la llegada de ayuda humanitaria, agudizando el conflicto entre las partes.
El rechazo del Gobierno israelí a constituir una comisión de investigación independiente sobre el 7 de octubre ha sido objeto de críticas internas. Netanyahu argumentó públicamente que una eventual comisión estaría condicionada por el sistema judicial, con el que su administración mantiene discrepancias sostenidas. No obstante, grupos opositores y familiares de las víctimas acusan al gabinete actual de evitar asumir responsabilidades políticas y militares relacionadas con la brecha de seguridad que facilitó el ataque.
Durante las marchas, los convocantes insistieron en la creación de un órgano independiente que esclarezca las decisiones tomadas antes y durante el 7 de octubre. La falta de respuestas oficiales ha alimentado el descontento y ha dado lugar a movilizaciones periódicas en varias ciudades, tal como recogió Times of Israel.
Las peticiones expresadas en las protestas abarcan tanto medidas inmediatas de presión a Hamás como demandas estructurales que impliquen una revisión profunda de las actuaciones estatales previas y posteriores a los ataques. El Foro de Familias, motor principal de las convocatorias, viene organizando las manifestaciones desde hace varias semanas y apunta, desde diversos frentes, tanto al cese de la guerra en Gaza como a la búsqueda de responsabilidad política en los niveles más altos del Gobierno.
El ambiente de las concentraciones ha estado marcado por la evocación de los nombres de rehenes aún en poder de Hamás o cuyos restos permanecen en territorio palestino, junto a mensajes escritos y orales que reclaman acciones más drásticas por parte de las autoridades. La reivindicación de sanciones adicionales y la impugnación de la postura oficial frente a la investigación de los hechos constituyen el eje de las movilizaciones recientes, según documentó Times of Israel. El debate respecto a los acuerdos con Hamás y su eficacia, así como el destino de los prisioneros palestinos entregados y el futuro del conflicto en Gaza, forman parte también de los temas abordados en cada concentración pública.
Mientras la cifra de muertos y secuestrados originada en el ataque de octubre continúa siendo una herida abierta para la sociedad israelí, el escenario político y social evidencia una polarización creciente entre quienes priorizan el regreso de los rehenes y aquellos que exigen, además, una investigación independiente sobre el actuar del Estado durante una de las jornadas más graves en su historia reciente.
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