La AN envía a juicio a un empresario español por presunto espionaje a Assange y la Fiscalía pide 13 años de cárcel

El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha decidido enviar a juicio al gerente y administrador de la empresa española UC Global, David Morales, que prestaba los servicios de seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres por presuntamente espiar al fundador de Wikileaks y activista Julian Assange, que estuvo asilado durante años en la sede diplomática. Por esos supuestos hechos, la Fiscalía reclama que sea condenado a 13 años y 6 meses de prisión, más multa.

A través de un auto de apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda sentarle en el banquillo junto al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, tenencia ilícita de armas, organización criminal y blanqueo de capitales.

Además, la Fiscalía reclama que el propio Assange, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comparezcan como testigos en el juicio.

También solicita la testifical de los exministros de Exteriores de Ecuador Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa, así como de la actriz Pamela Anderson, que fue pareja del fundador de Wikileaks, según su escrito de acusación, al que también ha tenido acceso esta agencia de noticias.

Pedraz fija una responsabilidad civil de 30.000 euros para cubrir "los perjuicios ocasionados", advirtiendo a los acusados de que, si no los afianzan en los próximo diez días, "se procederá al embargo de sus bienes en cuantía suficiente". Y les da el mismo plazo para que presenten sus escritos de defensa.

GRABACIONES DE REUNIONES Y PARA "LOS AMIGOS DE EEUU"

En el auto previo por el que proponía juzgarles, el magistrado recordaba que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.

Pedraz señalaba que la empresa, con Morales como gerente y "máxima autoridad", fue contratada por Ecuador como consecuencia de la "sensible situación" que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

El juez detallaba que los servicios prestados consistieron en "garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente", así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones "confidenciales" que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades como el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).

Pedraz indicaba que, durante el proceso de instalación de las cámaras, David Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera acceder en tiempo real a controlar todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.

A su entender, Morales "pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'".

El juez instructor considera acreditado en la investigación que Morales "efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos", canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.

ASSANGE SOLICITA 20 AÑOS DE PRISIÓN

El activista y fundador de Wikileaks solicita 20 años y medio de cárcel, más multa, para Morales, ya que durante los años en los que permaneció "refugiado" en la Embajada ecuatoriana, "sus derechos se vieron gravemente vulnerados por las actividades delictivas que fueron sistemáticamente desarrolladas por la empresa española encargada del servicio de seguridad perimetral en la sede diplomática".

"UC GLOBAL llevó a cabo una serie de acciones de marcado carácter ilícito, llegando a implantar un auténtico operativo de espionaje que transgredió seriamente los derechos de mi patrocinado, de sus visitantes abogados, médicos, periodistas y demás allegados , y de los diplomáticos ecuatorianos", señaló en su escrito de acusación.

Por su parte, el expresidente ecuatoriano solicita 13 años para el empresario, denunciando que mientras él y su familia estuvieron bajo la seguridad de UC Global, "sus derechos se vieron gravemente vulnerados por las actividades delictivas que fueron sistemáticamente desarrolladas por la empresa española".

Correa indicó en su escrito de acusación que la empresa "llevó a cabo una serie de acciones de marcado carácter ilícito, llegando a implantar un auténtico operativo de espionaje", entre ellas grabaciones de conversaciones telefónicas o virus para controlar sus dispositivos.